La gente tiende a creer que en aquellos países en que explotan grandes escándalos de corrupción es porque hay más corrupción que en otros, donde no se discuten.  Nada más falso.

Ahora mismo se están destapando, discutiendo y persiguiendo grandes casos de corrupción en Brasil, en España y en China. Es casi seguro que eso haga creer a mucha gente que ello obedece a que en esos países hay más corrupción ahora. Posiblemente debamos incluir en la lista también a nuestro país, a la luz del sometimiento judicial al Sr. Feliz Bautista y otros pendientes.

Eso no significa que en esos países y en esos contextos haya más corrupción que en otras partes, sino que alguna circunstancia la hace más visible. Mayor alboroto y discusión pública, sometimiento judicial, encarcelamientos y hasta fusilamientos por actos corruptos, no constituyen indicios de más corrupción y puede ser todo lo contrario. La corrupción suele ser un fenómeno subterráneo, no salir a la luz pública y mientras en mayor secreto se mantenga más impunidad habrá, con lo que más prosperará el fenómeno.

Hay sociedades en que la corrupción está tan generalizada que cada día se vive una sucesión de acciones corruptas, pequeñas y grandes, sin que escandalicen a la gente o salgan en los medios de comunicación. En estos casos, no suelen presentarse los escándalos, sin que ello signifique menos corrupción. Hay otras en que, al contrario, el simple hecho de un funcionario o legislador usar un vehículo oficial para asistir a una reunión de partido se ha convertido en motivo de gran alboroto que ha llegado a mover la acción judicial. En las primeras hay más corrupción pero menos escándalos.

Dilucidar públicamente y llevar a la justicia actos de corrupción opera en favor de reducirla. Para que ello tenga lugar, ha de aparecer alguna circunstancia que los haga visibles: una decisión del propio Gobierno de hacer frente al problema o sencillamente dar un escarmiento; un poder judicial más independiente, que ha decidido investigar el problema hasta las últimas consecuencias; una fuerte oposición política o una sociedad civil más activa, o la investigación y denuncia de una prensa libre e independiente. No tiene que ser una sola causa, puede ser una confluencia de factores. Ninguna de ellas  es negativa, sino lo contrario: mientras más escándalos haya menos corrupción habrá después.

En China han caído más de 80 mil funcionarios gubernamentales y de empresas estatales, incluidos varios peces gordos y mandos militares. A algunos hasta los han fusilado. Allí la campaña anticorrupción parece haber sido iniciativa del nuevo Presidente, Xi Jinping, no se sabe movido por cuales propósitos. Quizás porque entiende que el nuevo estatus de China en el mundo y su progreso futuro son incompatibles con un ambiente de corrupción tan generalizada, que sus sueños de grandeza tienen que acercarlo a los patrones habituales de los países más civilizados, o que, como dice “pone en peligro la mera supervivencia del sistema”; o sencillamente porque es una forma de reafirmar su poder personal.  Pero es positivo.

En España todo el movimiento reciente que ha envuelto a altos cargos del gobierno en financiamiento ilegal de su partido, que ha llevado a la cárcel a muchos alcaldes envueltos en contrataciones y negocios sucios, y que amenaza con meter en prisión hasta a la hermana y el cuñado del propio Rey, parece obedecer a un pueblo que se ha hartado de que le echen encima los costos de la crisis, a una sociedad civil que lo encarna y unos jueces que están actuando con mayor independencia que antes y han decidido actuar más allá de hasta dónde llegan los fiscales.

En Brasil, toda la red corrupta puesta de manifiesto en el manejo de Petrobras, la más grande  empresa de América Latina, parece haber brotado gracias a la oposición política e impulsados por fiscales y jueces que actúan con independencia; pero no olvidemos que la misma presidenta vigente fue la que canceló y metió a la cárcel a varios de sus ministros y altos funcionarios al descubrirlos en acciones corruptas y, ahora, hasta la propia oposición reconoce la certeza de que ella no es ahora más rica que cuando fue electa.

En la República Dominicana hay que ver con simpatía, sin importar las posibles motivaciones, el hostigamiento popular a que en algunos ambientes ha sido sometido el anterior presidente, la decisión del Procurador General de la República de investigar minuciosamente algunas redes de corrupción vigentes durante su gobierno y la presión popular en ciertos municipios para que sean destituidos alcaldes corruptos. Aquí lo que debilita cualquier esfuerzo es la dependencia judicial, el gradual debilitamiento de la sociedad civil, la domesticación de la oposición política y la cada día menor independencia de los medios de comunicación, la mayoría de los cuales fueron literalmente comprados por el anterior gobierno o son sencillamente instrumentos de poderosos grupos económicos.