Sería preferible agregarle: y también en las universidades,  en el Congreso, en la Policía, en los hospitales, en las Altas Cortes, en el Ministerio de Trabajo y en una larga lista de instituciones públicas y privadas.

La vieja frase latina atribuida a Séneca (siglo I antes y después de Cristo): “Non scholae sed vitae discimus” –“No aprendemos para la escuela sino para vida”– bien pudiera justificar el hecho de que a la escuela se le pidan otras muchas “educaciones” que realmente son propias de otras instancias e instituciones.

Y si ha de asumirlas porque nadie lo hace, que la asuman también todos los ciudadanos para erradicar la condenable impresión  de que “se trata de asuntos de niños” o el “comencemos por la escuela”.

Es así como se le pide a la escuela que eduque para respetar  las leyes de tránsito que los adultos no respetan; que enseñe la Constitución que es vulnerada por parte de los gobernantes y  gobernados y de manera reiterada y descarada por aquellos que la modifican para su beneficio personal.

De igual manera se le pide que asuma la Educación Ambiental  para enseñar a cuidar y  respetar el medio ambiente, el mismo medio ambiente que es irrespetado, contaminado y saqueado por empresas e instituciones públicas y privadas, olvidando que el hombre es la parte esencial del medio ambiente y que debe garantizársele un lugar digno en él.

Lamentablemente se ha olvidado pedirle  a la escuela “que enseñe a combatir la corrupción”. Esto resultaría muy esperanzador porque quizá podamos  contar con nuevas generaciones de ciudadanas y ciudadanos honestos, íntegros y respetuosos de lo público y de lo privado, no sin antes aclararles a ellos que  las presentes generaciones  no han querido o no han podido hacerlo.

Esto último calza bien con lo que respondiera el pensador francés Víctor Hugo cuando en cierta ocasión le preguntaron: “Maestro, ¿qué podemos hacer para combatir la corrupción? Su respuesta  fue “construyan escuelas”. En el caso dominicano debe evitarse  interpretar su mandato literalmente.

A finales del año pasado, mediante el Decreto 310-16,  el Gobierno dispuso   la enseñanza obligatoria de la Constitución en la educación primaria y secundaria,  con el propósito  de “construir una cultura constitucional acorde a la cláusula de Estado Social y Democrático de Derecho”. Sin embargo, esta no es tarea exclusiva de la escuela. También educa y des-educa el respeto o  las violaciones a ese mismo Estado Social y Democrático de Derecho.

Aunque la idea es buena, llevarla a la práctica de manera adecuada y efectiva resulta un tanto complicado. Veamos algunas de las dificultades: ¿Debe integrarse al currículo –ya en curso- como un eje transversal de algunas asignaturas o como una asignatura particular? ¿Requieren los profesores un conocimiento profundo de la Constitución y las Leyes emanadas de la misma? ¿Se enfatizará lo concerniente a la violación de la Constitución? ¿Cómo se evaluará el aprendizaje de esta amplia temática? ¿Debe asignársele calificación al aprendizaje de la misma? ¿Su contenido será enseñando progresivamente por cursos y niveles? Hay más preguntas.

Ya en el país ya hay bastantes  “quemados” y  “analfabetos letrados” en materia de Constitución. Ojalá que la enseñanza de la misma se haga con el debido “tino pedagógico”  y se asuma con  la debida responsabilidad para no despertar una “fobia Constitucional” como otras tantas que genera la enseñanza tradicional, muchas veces represiva y poco democrática.

Y necesariamente habrá que darle estricto seguimiento a la aplicación de la “medida obligatoria” para evitar que se convierta en una “caricatura cívica” o en simple letra muerta.

La Constitución es ley de leyes. Es ley de todos y para todos. Es ley que garantiza  el  vivir dignamente en una patria de todos. Es una concepción de la justicia, de la  libertad,  de la igualdad y de la democracia, de los derechos y deberes de todos. ¡De todos!

Todos debemos  estar “alfabetizados en Constitución” y no sólo los que van a la escuela. No olvidemos, sin embargo, que enseñar la Constitución en  aquellas escuelas abandonadas  y deterioradas  es “representar”  una Constitución empobrecida y atropellada  y con grandes  deudas pendientes con  muchos dominicanos, y que más que inspirar fe en la patria y en la democracia, más bien despierta indignación frente al olvido de aquellos que actúan como si la Constitución los exonerara de sus deberes bien pagados.