Cuando una sociedad se encuentra en la línea de borde de experimentar cambios trascendentales en el contexto político, económico, y social, el impacto de dichos cambios o transformaciones suele estar supeditado a la complejidad de su composición intrínseca y de su modus vivendi en sentido general, al entendido que algunos colectivos sociales pueden verse afectados por decisiones inmediatas cuyo impacto no suele ser fácilmente medible o apreciable en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo.
Situando este pensamiento en el esquema contextual de la Republica Dominicana en tiempos de transición gubernamental, el traspaso de mando conllevaría a que las nuevas autoridades deban, por ética, estrategia o plan, desmontar y extirpar uno de los aparatos clientelares más robustos jamás articulados entorno a la manipulación de voluntades electorales con fines de explotación política yt económica que llegó a utilizar todos los recursos existentes del Estado Dominicano por más de veinte años a modo de una gran corporación organizada, estructurada y enfocada en la perpetuación indefinida del partido oficialista ya saliente, en el poder.
Este procedimiento “quirúrgico” que debe ser practicado al país podría ser complejo e intrincado, pero, sobre todo, muy necesario. Extirpar la corporación partidaria actual tendrá un impacto inmediato en el gasto público, en las nóminas de organismos del Estado, compras , contrataciones y obras que durante años han sido controlados por esa elite política y no precisamente en favor del pueblo, sino para enriquecimiento ilícito a través de procesos turbios, sobrevaluaciones en compras, compras fantasmas, adjudicación ilícita de contratos, contrataciones fraudulentas y otros mecanismos de expropiación y robo vulgar sistémico e institucionalizado al erario y al al país.
Aunque por razones meramente diplomáticas o por tacto el nuevo gobierno no debe enfocar todas sus energías en una cacería de brujas despiadada sobre aquellos funcionarios y personajes abyectos que han incurrido en dolo, lo que preocupa y debe ocupar importancia en este sentido es que haya una aplicación estricta y resoluta de la ley y la justicia con todo su peso sobre todo aquel que no pueda justificar su opulencia o riquezas y sobre los casos de corrupción dolosa que han experimentado instituciones como la OMSA, INAIPI, CEA, OISOE, Punta Catalina, Caso ODEBRETCH, INAPA, CORDE entre otros. Siendo el caso de la OMSA, por los escollos en su proceso y por la sangre del expediente, un muy posible crimen de Estado que debe ser investigado y procesado hasta las últimas consecuencias.
Podemos decir sin temor a equivocarnos, que el país espera con mucha atención y ansias, el inicio de estos procesos judiciales sobre estos casos tan denunciados y sonados que embarran de indignación la conciencia colectiva de un país que a pesar de tener tantas carencias, ha sido abusado y timado en su buena fe.
El presidente electo tiene la obligación de responderle al pueblo dominicano sobre las consecuencias que acarrearan las actuaciones de todos los ministros salientes y sus instituciones, así como de las denuncias sobre funcionarios y altos oficiales militares involucrados en escándalos de expropiación de terrenos y enriquecimiento no justificado. El silencio o “Laissez-faire” sobre estos casos nos dirá muy rápidamente si el cambio trae consigo el cese de la impunidad y el castigo a la corrupción que tanto le ha quitado al pueblo dominicano, dejando a la patria solo vestida con harapos y conservando tan solo un ápice de su dignidad como nación.
La respuesta en las urnas el pasado 5 de julio fue la expresión de dolor visceral de un basta ya que debe ser traducido en condenas ejemplares que sirvan de recordatorio a los futuros funcionarios de que deben cuidar con su honra el patrimonio y la confianza que es depositado en sus manos para bienestar del pueblo.
Indudablemente el partido oficialista se durmió en los laureles y en la embriaguez de poder pensando quizás que nunca podría ser derrotado; esa embriaguez soberbia que da el triunfalismo, basado en los postulados de que las mismas fórmulas de aplaste electoral serian eficaces y efectivas para desmontar a una oposición que lucía dividida y con una proyección fragmentada, al menos en tres ejes, del voto fuerte.
Esperamos que de la misma forma y gallardía con las que abultaron nóminas, adjudicaron contratos fraudulentos e incurrieron en actos de corrupción e impunidad, estén también preparados para enfrentar todo el peso de la ley y la responsabilidad sobre sus actos contra el país y el pueblo. Algunos funcionarios salientes manera de chanza y en sus tertulias en finos restaurantes, llegaron a decir entre carcajadas, finos cigarros y exquisitos vinos que “era mejor estar arriba con presión, que abajo con depresión. Esperemos que su depresión no sea un extremo caso clínico que los libre de la factura final por sus acciones.
Los buenos dominicanos sentimos que nuestro país yace ahora en buenas manos, las cuales buscaran que la justicia sea aplicada en beneficio de todos los dominicanos.