El 16 de febrero de 2020, la sociedad dominicana se dispuso a participar de forma corresponsable en las elecciones municipales de 2020, para llevarlas a cabo con la mayor organización y equilibrio posible. El proceso vivido hasta llegar a la consumación de estas elecciones estuvo matizado por conflictos de diversos tipos y dimensiones. Hasta las vísperas, se denunciaban delitos electorales y la puesta en circulación de dineros para comprar el voto como una mercancía cualquiera. Esta experiencia antiética ha aportado lecciones que sin duda han de mejorar la cultura política de los líderes y partidos políticos; así como el funcionamiento de la Junta Central Electoral; pues hubo acciones de esta Junta que contribuyeron al fortalecimiento de la sospecha sobre este organismo; aunque es importante reconocer que tuvo que trabajar con leyes incompletas y ambiguas; y, al mismo tiempo, con miedo a enfrentar algunas acciones del Poder Ejecutivo. Ayer, a medida que iba avanzando el día, se presentaban dificultades en distintos colegios electorales. Antes de las 12:00 del día, la Junta Central Electoral anunciaba la suspensión de las elecciones en todo el país. Este hecho es la síntesis de un proceso carcomido por la falta de transparencia y de consistencia en lo que respecta a organización y gestión del proceso general.
La suspensión de las elecciones tiene un costo alto para la economía del país. Para la calidad de la democracia y para la institucionalidad. Hoy vivimos con dolor y desafío el desastre de las elecciones municipales 2020. Este fracaso no solo afecta a la Junta Central Electoral; también afecta a los partidos políticos y al gobierno dominicano, que hace muy poco para que este país se institucionalice y de un salto cualitativo en la construcción de procesos que posibiliten una democracia robusta e instituciones que garanticen el respeto y la aplicación de las leyes que han de regular la vida de la sociedad dominicana. La suspensión de las elecciones marca un retroceso significativo en lo político, en lo económico y en lo organizativo. Esta detención de las elecciones municipales requiere una investigación de los factores que condujeron a este hecho; de igual manera, requiere que se establezcan consecuencias, pues ni el gobierno, ni los partidos políticos ni institución alguna pueden provocar situaciones que acentúen la pobreza del pueblo dominicano y el distanciamiento de la civilización y del desarrollo de la democracia en la República Dominicana. Estas elecciones han de constituir una oportunidad para que las personas se pregunten qué significa el poder municipal; cuál es su alcance; qué implicaciones tiene en la vida de las personas y del país; qué pueden aportar para pasar de las ideas a una acción sostenida que fortalezca la conciencia y el compromiso ciudadanos. Las preguntas han de suponer, a su vez, una ocasión para la reflexión y el convencimiento de que el poder municipal requiere afirmación y seguimiento sistemático para que llegue a ser un sistema que garantice el bienestar de las comunidades; no sólo en tiempos de campaña electoral, sino en la vida ordinaria. Se ha de avanzar hacia un poder-servicio, un poder distribuido para posibilitar una vida más segura y estable de las personas; una democracia menos desgarrada. Trabajando en esta dirección, se desarticulan las prácticas clientelistas y enajenantes para doblegar la voluntad de las personas con una formación débil y con muchas necesidades. Esto es tarea y reto a la vez, por la educación ciudadana que requiere y por la firmeza institucional que demanda. Por ello la paralización de las elecciones municipales no impide el establecimiento de mecanismos para que la ciudadanía adquiera una formación más cualificada que le permita una comprensión reflexiva y crítica del rol del alcalde y de los regidores.
Es evidente la necesidad que tiene la sociedad de clarificar la función real que ha de desempeñar el alcalde, para que esta se aleje de la instrumentalización política con la que generalmente se desempeña el cargo. Asimismo, estas frustradas elecciones no deben quitarle valor a los municipios ni a los distritos municipales; que, como espacios territoriales y poblacionales, han de alcanzar mayor reconocimiento y dignificación. Estos núcleos sociales y vitales requieren, también, más y mejor democracia. La calidad de la democracia ha de quedar reforzada para que podamos hablar de avance en municipios y distritos; y, sobre todo, para que podamos augurar un presente-futuro más humano y justo en sus entornos.
La calidad de la democracia ha de tener indicadores claros; no puede asumirse como idea buena sin impacto alguno en la vida de las personas y de la colectividad; en las decisiones políticas; en el ejercicio del poder y, más aún, en el desarrollo socioeconómico y ético de las comunidades. Ordinariamente no se le concede importancia a esta última dimensión. Sin embargo, en un país signado local e internacionalmente por la corrupción y la impunidad, urge darle centralidad a este valor en la vida cotidiana, en la familia y en las organizaciones e instituciones de la comunidad. Se debe asumir el poder municipal con un horizonte transformador de actitudes, voluntades y práctica. La formación y atención de esta tríada ha de ser una constante para lograr un poder municipal capaz de construir y sostener procesos democráticos, inclusivos y estables. Para ello, las comunidades han de crear mecanismos que garanticen el seguimiento crítico y propositivo a las políticas municipales y al funcionamiento de los representantes municipales; han de instituir instancias corresponsables que velen por el comportamiento ético de instituciones y personas. De igual modo, han de promover una formación ciudadana situada y comprometida con el desarrollo pleno de las personas y de las comunidades. La calidad de la democracia exige decisión, esfuerzo y acción sostenida para hacerla posible en el tiempo. La suspensión de las elecciones municipales nos invita a redoblar la vigilancia a la Junta Central Electoral, al gobierno dominicano, a los partidos políticos y a nuestro propio comportamiento para superar vicios y manías que dañan el sistema democrático. Pedro Poveda recomienda empezar haciendo.