Las elecciones se celebran cada cuatro años en la República Dominicana; ese mismo tiempo dura la preparación, pues al finalizar la elección del Presidente y de los representantes de las Cámaras, empieza la campaña siguiente. En esta nación no se conoce el descanso electoral. Estamos embriagados de consignas; y promesas colgadas del aire, amenazas matizadas con todos los colores, puros y combinados. El período preelecciones se caracteriza, también, por calificaciones y descalificaciones entre los candidatos y entre los afiliados de partidos políticos contrarios, así como por la exaltación de los que lideran las organizaciones partidarias y movimientos. Muchos candidatos aprenden, por primera vez, a ponerse en contacto, superficialmente, con gente sencilla de sectores excluidos. Aprovechan la campaña para ilusionar a las personas; y crean una imagen superpuesta, que tiene como mecanismo el abrazo abierto y la sonrisa sin costuras, pero fugaz. Esta imagen cambia con prisa desbocada, desde que los candidatos ganan las elecciones. Una vez elegidos, olvidan los Buenos Días y los gestos de acogida que utilizaron como arandelas. Podemos observar que este período tiene escenarios de diversos niveles para presentar y acoger a los que participan de elecciones naturales y los llamados tránsfugas; correr de un partido a otro se asume como fenómeno normal, aunque la Ley imponga controles.

Asimismo, nos despertamos y pasamos el día opinando y debatiendo sobre la Junta Central Electoral.  Esta, a su vez, se ha vuelto experta en toma de decisiones que ahondan la crisis de credibilidad y activan la animosidad de los partidos, que la consideran parcializada, y de los ciudadanos que ya están hartos de opacidad en un organismo que se debe caracterizar por la transparencia y la firmeza de criterios. La Junta Central Electoral (JCE) actual se ha ganado, en gran proporción, el cuestionamiento de ciudadanos y organizaciones que no pactan con la falta de claridad. Esta institución debe ser un faro de luz brillante que posibilite la visibilidad en todos los escenarios y procesos que impulsa. Las decisiones que no cuentan con la luminosidad necesaria generan reacciones desestabilizadoras del proceso electoral; y suscitan la desconfianza en el presidente de la Junta y en los miembros que la componen. Urge una ruptura real con todo aquello que expande la oscuridad en la manera de funcionar y de orientar las elecciones de 2020.

Reconozco que los ciudadanos hemos de liberarnos del recelo sistemático y hemos de trabajar sin cansarnos por una educación ciudadana comprometida con la verdad y con el funcionamiento institucionalizado. Ninguna institución ni persona ha de funcionar para complacer intereses particulares; lo que ha de primar son las necesidades de la sociedad, los requerimientos del proyecto de nación al que aspiramos. Pero no basta con establecer rupturas; esta ha de concretarse en prácticas y hechos que cambien la mentalidad, modifiquen estructuralmente la visión y la manera de actuar en la gestión del país, en la gestión de las instituciones y en el comportamiento de la ciudadanía en general. Para superar el velo que se percibe en el proceso de las elecciones 2020, todos hemos de colaborar. Ninguna persona debe quedarse rezagada en la búsqueda de procedimientos y cauces que posibiliten un proceso eleccionario confiable y coherente con las disposiciones de la Constitución y de las leyes electorales vigentes. Estamos conscientes de que la legislación electoral adolece de contradicciones y de vacíos que crean dificultades; pero, aun así, se han de seguir las directrices de las leyes para que se fortalezca la institucionalidad. De igual modo, habrá menos confusión en la organización de las elecciones próximas, si las decisiones de la JCE son de calidad y  garantizan equidad integral. Esta institución ha de establecer ruptura con toda acción que obstruya el conocimiento diáfano de sus intencionalidades y de sus disposiciones.

En este contexto es necesaria una actitud dialógica continua de los representantes de los partidos y de los miembros de la Junta. Ambos sectores han de erradicar la suspicacia; y abrirse a la construcción compartida y al aprendizaje cooperativo. Establecer ruptura con lo que no permite constatar la limpidez de la organización de las elecciones 2020 supone el desarrollo de esfuerzos orientados a fortalecer la democracia institucional y social. Implica, además, una veeduría social permanente, que funcione no solo para demandar sino también para aportar significativamente a la cualificación del proceso electoral. El desafío está en construir confianza básica y actuar sin doblez en la JCE, en los partidos políticos y en la ciudadanía en general. En esta tarea la Academia no puede eludir responsabilidad; debe identificar cuál debe ser su compromiso y asumirlo sin pusilanimidad. No hay espacio ni tiempo para solo hablar. Con este planteamiento no reduzco el valor y el significado de la palabra; lo que sostengo es que esta y la acción son interdependientes. Desde esta perspectiva es necesario abrirse a una acción específica desde la Academia, que aterrice y fortalezca la palabra. Así, la contribución será más efectiva y las elecciones de 2020 podrían ser menos traumáticas.