El país cuenta con unas 54 universidades e instituciones de educación superior que conforman una población de más del medio millón de votantes. El voto del sector universitario puede resultar decisivo en las elecciones de mayo de este año. Muchos irán detrás de él considerándolo una presa fácil. Pero la capacidad reflexiva, rigurosa y crítica de la comunidad universitaria convierte en especial su conquista.
El “voto universitario” debe ser un “voto reflexionado, crítico y ético”. Son estas características esencialmente diferenciadoras las que lo alejarán del partido en el poder. Y es que la población universitaria formada bajo los principios académicos, científicos y éticos de instituciones lúcidas, inteligentes y responsables, debe guardar distancia de un partido y de un gobierno que se desempeñan entre lo grotesco y lo demente.
Para los que pretendan invocar una “falsa apoliticidad” de la universidad, sirva lo referido en el Art. 2, literal C, de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: “Los establecimientos de Educación Superior, el personal y los estudiantes universitarios deberán reforzar sus funciones críticas y progresistas mediante un análisis constante de las tendencias sociales, económicas, culturales y políticas, desempeñando de esa manera funciones de centro de previsión, alerta y prevención”. Nada más categórico para definir la responsabilidad de la universidad dominicana de cara a la cercana situación electoral que afectará a toda la sociedad dominicana.
A la luz de la citada Declaración, asumida por todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, estos mismos actores universitarios tendrán “el poder de opinar sobre los problemas éticos, culturales y sociales con total autonomía y plena responsabilidad por estar provistos de una especie de autoridad intelectual que la sociedad necesita para ayudarla a reflexionar, comprender y actuar”. En estos momentos la reflexión política desde la universidad se torna indispensable.
La universidad dominicana no puede excluir la formación política y el análisis político de su “fuero académico”. Debe asumirlos como partes fundamentales de su agenda. No hay opción para la no-política. Por tanto, deberá fomentar necesariamente entre los profesores y estudiantes los valores en que descansa la ciudadanía democrática, desarrollando perspectivas críticas a fin de fomentar el debate amplio sobre las situaciones apremiantes de su entorno. No hacerlo equivale a asumir un silencio cómplice.
Desde esta perspectiva, urge que las universidades del país sometan a debate la situación política actual. Deberán poner la mirada en el protagonismo político turbio, la miopía política, económica y social del gobierno de turno. En el clientelismo indecoroso, el despilfarro, el dispendio oficialista, los salarios privilegiados de funcionarios, en la falta de justeza del salario mínimo, el endeudamiento público, la indiferencia frente a la depredación medioambiental, las ineficientes políticas públicas de salud, vivienda, empleo, de la mujer, de la juventud, de cultura y de combate a la pobreza extrema.
Y no menos irritantes resultan también: el “cáncer gubernamental de la corrupción”, la sobrecarga mediática errónea y manipuladora, el uso de los recursos públicos para la campaña política del partido en el poder; el desastre del “sistema judicial” (que no se comporta como poder independiente). Y otras muchas “inconductas políticas” de este gobierno que contaminan y enrarecen el ambiente político nacional.
De manera especial, la universidad pública deberá promover y encarar el “diagnóstico” y el debate. Su opinión reviste capital importancia, no sólo porque tiene la mayor población estudiantil y docente, sino por su influencia decisiva en el desarrollo del país porque contribuye a su democratización promoviendo el ascenso social de los menos favorecidos y porque le cabe también el mérito de haber formado con calidad la mayor cantidad de profesionales del país.
Que junto a todas, levante su voz nuestra universidad pública. Tan cercana al pueblo. Tan agredida por el actual gobierno. A la cual no sólo se le niega un presupuesto adecuado para otorgar un salario decente a sus profesores e investigadores, mejorar las condiciones de formación de los estudiantes y desarrollar nuevos proyectos, sino que además ha sido sometida a un injerencismo desbordado por parte de la Ministra de Educación Superior, quien asumiendo funciones supraestatales ha pretendido arrebatarle a esta universidad derechos bien ganados en materia de evaluación para la obtención de licencia para el ejercicio profesional.
Las universidades e instituciones de educación superior del país habrán también de medir la cantidad y calidad de la democracia “servida” por este gobierno. La situación de democracia dominicana actual bien pudiera describirse con lo que expresa José Saramago en su conferencia Universidad y Democracia: “Lo que llamaría democracia se asemeja, tristemente, al paño solemne que cubre el ataúd donde ya se está pudriendo el cadáver. Hay que reinventar la democracia antes de que sea demasiado tarde. Y que la universidad nos ayude. Ella puede”.
En tanto verdaderos referentes científicos, culturales, económicos, políticos, sociales y éticos, las universidades e instituciones de educación superior dominicanas habrán de hacer suyo el compromiso de sanear, mejorar y fortalecer la democracia dominicana que hoy está secuestrada y corrompida. Por esto, reiteramos que no ha de extrañar que el voto de sus comunidades académicas resulte alejado del partido en el poder, que busca perpetuarse mediante un reeleccionismo torpe y asqueante.