La inexistencia de un régimen de consecuencias determina que diversas instituciones del Estado e incluso de la sociedad civil se den leyes y reglas, las cuales violan sin que se establezcan las debidas sanciones. Peor aún, iniciamos un montón de debates y sin concluirlos pasamos a otros encandilados por algunos hechos o ideas sin la más mínima reflexión sobre las razones últimas que las produjeron y ni de sus eventuales consecuencias. La elección del defensor del pueblo, entre otros hechos, constituye un ejemplo.
Después de una década de discusión y puja para que se eligiera una persona para ocupar el puesto de la figura Defensor del Pueblo, finalmente los congresistas hacen la escogencia de la persona que ocupará ese puesto. La forma y contenido de esa escogencia no pudo ser más decepcionante, no pudo ser más demostrativa del nivel de degeneración de la práctica política en este país, del odioso sistema de cuotas a actuales o potenciales aliados, sean grupos o singulares personajes.
Se supone que el Defensor del Pueblo es una persona de incuestionable independencia de los poderes institucionales y fácticos para tener la suficiente legitimidad para defender al pueblo de los excesos o abusos de poder de esas instituciones e instancias de poder político. Se supone que el defensor del pueblo es una instancia o formal investidura de poder de la sociedad civil para lograr que la sociedad sea bien gobernada, que sea una instancia de contrapoder que presione a los gobernantes para que estos respeten la institucionalidad democrática.
Algunas declaraciones de quien ha sido elegida defensora del pueblo y de quien reclama que debió ser él el elegido, evidencia que ninguno de los dos tienen la más mínima idea del significado de la figura Defensor del Pueblo, ellos creen que esta significa filantropismo. Lo mismo no se podría decir de los congresistas que la eligieron, porque muchos de ellos sí saben y sabían el significado de esa figura, por eso hicieron conscientemente esa elección y de carambola, satisficieron un actual y potencial aliado político del partido oficial y del jefe del gobierno. Una decisión politiquera cuya responsabilidad cae directamente sobre los jefes de las facciones que hicieron tan decepcionante escogencia.
En tal sentido, la esencia del problema no es una mala selección, sino que si los congresistas aprueban contratos lesivos al interés nacional sin leerlos, aprueban una constitución que impide el libre acceso a mares y ríos y que impone valores religiosos absolutos a toda la población; si dan alegres concesiones mineras a inversionistas de toda laya, los responsables son sus jefes.
En general, por la acción de unos y complicidad de otros, los jefes de las facciones partidarias apostaron a que el tiempo desnaturalizara el significado de la figura Defensor del Pueblo en la conciencia colectiva y lo lograron. La misma apuesta hacen algunos para mutilar la Ley de Partidos, eliminando la figura del voto preferencial y la celebración simultánea de las convenciones partidarias.
Con un Congreso secuestrado en manos de una mafia política no hay ninguna posibilidad de cambios esencialmente democráticos en este país, como tampoco con gobiernos locales integrados por funcionarios elegidos en procesos eleccionarios internos esencialmente antidemocráticos. Por esa razón este sistema político requiere de una profunda reforma y para ello se necesita una voluntad política unitaria, amplia y sin exclusiones.
Quienes hayan comprendido la profundidad de la capacidad de hacer daño de quienes tienen la investidura legal pero esencialmente ilegítima, para hablar en nombre del pueblo, están compelidos a transitar el camino de la unidad. Es tiempo de comenzar, es tiempo de superar un Congreso y unos gobiernos presas de una nefasta lógica de poder de un puñado de jefes de facciones partidarias.