Como parte de la vigilancia intensificada el gobierno de China anunció este mes que todos los que compren tarjetas SIM para teléfonos móviles, primero deben producir una impresión de reconocimiento facial, cuyo objetivo esencial es vigilar, controlar y coaccionar a disidentes políticos dentro de sus mil-400 millones de habitantes.
El nuevo sistema de control político y social antidemocrático también pretende obligar a las empresas estadounidenses y occidentales a ajustarse a las políticas comunistas del régimen chino si quieren realizar sus operaciones limitadas y vigiladas en ese país.
Las tecnologías de reconocimiento facial son ampliamente utilizadas por el régimen comunista chino que despliega millones de cámaras de vigilancia, interconectadas a supercomputadoras que contienen bases de datos masivas, a lo largo de calles, edificios, estaciones de trenes, aulas y líneas de metro en varias ciudades importantes de China.
Con el surgimiento de la tecnología 5G de próxima generación, la que introduce a Estados Unidos a través de teléfonos inteligentes promovidos por una empresa británica, solo se espera que aumente el alcance de las redes de vigilancia electrónica a los ciudadanos chinos.
La tecnología de reconocimiento de rostro y de voz identifica y monitorea a las personas con el objetivo de controlar conductas y comportamientos que oscilan desde la actividad política de disidentes hasta el “jaywalking”, al parecer como parte de un sistema de monitoreo de crédito financiero conocido como proyecto piloto conocido como Sistema de Crédito Social, o SCS, el que entraría en vigencia en 2020 pero ahora lo posponen para el 2021.
El objetivo del llamado puntaje de crédito social se cimienta en el control de casi todas las facetas de la vida humana, el cual permitiría que los confiables y leales deambulen por todas partes bajo el cielo, mientras que a los “desacreditados o desleales” se les dificulta dar un solo paso.
El proyecto, que avanza por fases en los últimos años, tiene algunas fallas, entre ellas atribuir delitos a un rostro captado en una foto de publicidad de un autobús que violó un semáforo en rojo, o permitir al minorista en línea Alibaba incluir el crédito social disponible de ciudadanos en áreas rurales.
Quienes fallan o no cumplen dentro del sistema de vigilancia estatal se les denomina “laolai”, que en traducción libre significa canalla o sinvergüenza porque se niegan a ser identificados. Y es que en un estado totalitario se espera y se obliga a todos a ser una pequeña pieza y útil engranaje de la sociedad, lo que ha ocurrido en la historia humana y se repite ahora en China.
El sistema de espionaje chino SCS también monitorea y censura las redes sociales, y de allí navega en cascada en asuntos ciudadanos tan privados como todas las cuentas bancarias, pagos realizados, diálogo en los “chats”, cuentas de boletos de tren o aéreos, números telefónicos, todos conectados a una cuenta única de vigilancia estatal.
El portal digital chino, creditchina.gov.cn describe el sistema de crédito social sólo como “una parte importante del sistema de economía de mercado socialista y de gobernabilidad social. Fuera de China, la variante internacional es conocida como sistema de crédito corporativo, para forzar a las empresas
extranjeras a alinearse a la política oficial de Pekín en asuntos como Taiwán, Hong Kong, el Tíbet o la minoría Uigur.
Sólo el pasado año, el Centro de Información Nacional de Crédito precisó que al menos 23 millones de personas fueron “desacreditadas” y prohibidas de viajar por tierra y aire, mientras otros 17.5 millones tienen impedidos comprar boletos aéreos, seguidos por 5.5 millones que no tienen acceso a boletos para viajar en trenes de alta a velocidad, todos debido a su “pobre crédito social”. Todo un programa clave de administración, elemento esencial de la ideología para dar forma y control a la sociedad.
Ello es parte del precio que se paga bajo regímenes totalitarios que utilizan la tecnología como punta de lanza contra las libertades democráticas e individuales. Las preguntas que muchos se hacen ahora dentro y fuera del país, es ¿qué buscan los chinos comunistas en la República Dominicana? Y ¿hasta qué punto el gobierno nacional puede ceder a sus tentadoras ofertas?