La reciente imagen televisada de un auxiliar del Sistema 9-1-1, protegido con un equipo especial, llevando suministros a una dama recién llegada de Italia y residente de Villa Riva, con un alegado diagnóstico positivo de COVID-19, lleva a reflexionar sobre los riesgos que los obreros de la salud pública enfrentan a la hora de surgir situaciones fuera de control como la que amenaza ahora en medio de la histeria colectiva que recorre gran parte del planeta.

Los gobiernos, totalitarios o democráticos, asumen respuestas diferentes a la hora de surgir una amenaza potencial de pandemia, lo cual ha sido revertido a un costo enorme como ocurrió cuando las amenazas del ébola en África, y los virus del MERS y el SARS. Mientras los primeros omiten toda información, alimentando la cadena de desinformación; los segundos orientan, instruyen y protegen de forma preventiva a la población con la única arma efectiva: la información real disponible.

No obstante, quienes arriesgan sus vidas para salvar otras, no están exentos de perder la propia. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la grave y creciente interrupción del suministro mundial de equipos de protección personal (EPP) —causada por el aumento en la demanda y por las compras, el acaparamiento y el uso indebido de esos productos como consecuencia del pánico— está poniendo vidas en peligro ante el nuevo coronavirus y otras enfermedades infecciosas.

Hasta la fecha, la OMS ha enviado casi medio millón de equipos de protección personal a 47 países, pero los suministros se están agotando rápidamente

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Los trabajadores de la atención sanitaria dependen del equipo de protección personal para protegerse a sí mismos y a sus pacientes y evitar infectarse o infectar a otras personas. A pesar de ello, la escasez de suministro (faltan guantes, mascarillas médicas, respiradores, gafas de seguridad, protectores faciales, batas y delantales) hace que profesionales médicos, de enfermería y otros trabajadores de primera línea estén peligrosamente mal equipados para atender a los pacientes de COVID-19.

“Sin cadenas de suministro seguras, el riesgo para los trabajadores sanitarios en todo el mundo es real. La industria y los gobiernos deben actuar con rapidez para estimular el suministro, reducir las restricciones a la exportación y poner en marcha medidas con las que detener la especulación y el acaparamiento. No podemos detener la COVID-19 sin proteger primero a los trabajadores sanitarios”, dijo el Director General de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Los precios de esos productos han aumentado desde el inicio de la epidemia de COVID-19. El costo de las mascarillas quirúrgicas se ha multiplicado por seis; el de los respiradores N95, por tres, y el de las batas, por dos. Actualmente la entrega de suministros puede llevar meses y la manipulación del mercado es generalizada: las existencias se venden con frecuencia al mejor postor.

Hasta la fecha, la OMS ha enviado casi medio millón de equipos de protección personal a 47 países, pero los suministros se están agotando rápidamente. Según los modelos realizados, se calcula que se necesitan 89 millones de mascarillas médicas al mes para responder a la COVID-19. En el caso de los guantes de examen, esa cifra asciende a 76 millones, mientras que la demanda internacional de gafas de seguridad se sitúa en 1,6 millones al mes.

En una orientación reciente de la OMS se hace un llamamiento para utilizar los EPP de forma racional y apropiada en los entornos sanitarios, y para gestionar de modo eficaz su cadena de suministro.

Por lo tanto, los gobiernos tienen la obligación y el deber de proteger la salud de los miles de héroes anónimos que en este momento se juegan la vida para salvar las de desconocidos en más de un centenar de naciones ante la emergencia desatada por la mutación de una cepa de un virus de la familia de los coronavirus, de origen dudoso en China. El riesgo paralelo de dicha amenaza no se resuelve con histeria y sí con acciones preventivas y efectivas, en lo que llega la vacuna que todos esperan