El proceso de formulación del presupuesto para el próximo año puso en evidencia las dificultades con que tienen que lidiar los gobiernos en medio de tantas limitaciones y rigideces fiscales. El proceso de discusión que tiene lugar ahora viene a recordarnos cuántos problemas tiene el país pendientes, cuántas necesidades insatisfechas que ameritarían la asignación de mayores recursos presupuestarios. Y también cuán difícil resulta satisfacer expectativas, equilibrar las cuentas fiscales y aminorar el crecimiento de la deuda pública.
¿Que se puede hacer más con los recursos disponibles? No tengo la menor duda; ¡muchísimo más! ¿Que el servicio de la deuda, el déficit cuasifiscal, el subsidio eléctrico y otros compromisos que nunca debieron ser asumidos le imponen al Gobierno una terrible limitación? Evidente. Pero ¿indica ello que al Estado le bastaría usar bien los recursos que tiene para que pueda afrontar su verdadera razón de ser? Lo dudo.
La deuda acumulada y los montos que se siguen acumulando ya preocupan a todo el mundo; y los déficit sociales y de infraestructura seguirán presionando seriamente las finanzas públicas en los años futuros. La sostenibilidad fiscal del país no es algo que concierne sólo a los gobiernos; es como el que se monta en un avión: no puede serle indiferente que se caiga porque el avión sea ajeno.
La República Dominicana necesita una serie de pactos sociales de largo aliento: en materia de fiscalidad, sostenibilidad del medio ambiente, gobernanza de los recursos naturales, desarrollo productivo y el mercado de trabajo.
Ahora bien, en materia fiscal, el éxito de cualquier cambio va a depender cada vez más de la posibilidad de establecer relaciones virtuosas de reciprocidad del Estado con la ciudadanía, que incluye una transformación de la gestión pública que apunte a la rendición de cuentas y mejorar la calidad del uso de los recursos fiscales.
Así como no veo cercana la posibilidad de concertación de un verdadero pacto social en materia fiscal, de la misma manera estoy convencido de que sin él no vamos para ningún lado. La moral fiscal de la ciudadanía es clave para el desarrollo económico, la justicia social y la democracia política.
No lo veo cercano en el horizonte de nuestro país, debido a la historia de desconfianza recíproca que podría dar lugar a una negociación de la cual resulten acuerdos que, en el mismo momento en que se firman, ya los firmantes están maquinando cómo al día siguiente estarán eludiendo los compromisos. De esto hay demasiadas experiencias en este país.
Pero tampoco veo posibilidad de que la República Dominicana avance hacia nuevos estadios de desarrollo sin lograr medios que permitan aumentar de forma progresiva los recursos públicos, al tiempo que lograr mejoras del gasto público en términos de racionalidad, eficacia y eficiencia. Y muy particularmente, en términos de transparencia y rendición d cuentas.
El ambiente de desconfianza se ha venido configurando a partir de una serie de errores comunes en que incurren los agentes: Los gobernantes, al dar por sentado que pueden manejar el dinero de los contribuyentes como si fuera propio, sin procurar consensos ni rendir cuentas de su destino y uso. Que pueden pedir a los contribuyentes pagar más impuestos al tiempo de repartir barrilitos, comisiones, concesiones graciosas, sueldos y sobresueldos escandalosos, prácticas clientelares de gestión, etc.
Y los contribuyentes por otro lado al partir de la premisa de que al negarles más recursos al Estado están contribuyendo a que disminuya la corrupción o el despilfarro. Es habitual razonar que si de cada cien pesos que maneja el fisco, gasta, vamos a decir, unos 60 en proveer bienes públicos cuya pertinencia nadie osaría cuestionar, como educación, salud, seguridad social, infraestructura, justicia y seguridad a la ciudadanía, y que los otros 40 se malgastan como efecto del clientelismo, las ineficiencias y la corrupción, entonces la solución es pagarle al fisco solo los primeros 60 pesos bajo el entendido de que de esa manera desaparecerá el malgasto como por arte de magia. Craso error, porque la historia nos muestra que lo que primero se disminuye es la provisión de bienes y servicios públicos.
Dicho criterio se suele usar como razonamiento para justificar cualquier medio para evitar pagar impuestos, requerir al fisco exenciones, gracias fiscales, oponerse a cualquier reforma por muy racional que sea, y hasta para justificar la evasión. Así no vamos para ningún lado.