Parafraseando al poeta español Miguel Hernández, el Partido Revolucionario Moderno llegó al poder con tres heridas: la pandemia de la COVID-19, el más alto promedio de empleados en la administración pública por habitante de la región y suceder al gobierno más corrupto de nuestra historia política, cuyo daño en términos social, político y cultural es imposible establecer. Esta pandemia ha trastocado el completo discurrir de la vida del mundo entero y, particularmente, de países con gobiernos que han surgido en medio de ese flagelo. A eso se suma la demanda de empleo de cientos de miles de militantes o inscritos del PRM, y reducir razonablemente la hipertrófica nómina heredada del pasado gobiernos, constituyen problemas para hacer más fluido el sistema .
La cuestión es que, esa abultada nómina tiene su origen en una cultura política de cuya construcción ese partido no puede sustraerse. Ello así, porque las nóminas de los gobiernos dominicanos, irracionalmente altas e inmanejables, tienen su origen en la existencia de un Estado que se constituye como principal fuente de empleo formal, que no sólo tiene el monopolio del uso de la fuerza, sino que asigna los recursos a su discreción. También, en unos partidos que construyen su cuerpo electoral sustentado básicamente en la inicua costumbre de crear una desmesurada matrícula de inscritos y militantes, que se auto perciben con derechos adquiridos para ser parte de la nómina del eventual gobierno su partido.
De ese modo, una mala práctica política se convierte en un problema social, en una cultura que lastra toda posibilidad de crear una administración pública con un mínimo de racionalidad. Una vez en el poder, los partidos crean una serie de dependencias, cargos, encargados, sub encargados, comisiones etc., que heredan y multiplican los nuevos gobiernos, por lo cual, como dice Raffaele Simone, los partidos se han convertido en los principales titulares del “patronato de cargos”, una tara que se entroniza y desarrolla en los sistemas políticos, no importa su signo. Pero, dicho esto, el PRM está obligado a dar solución a un tema práctico/conceptual que le genera graves fisuras internas y desencuentros entre importantes dirigentes y funcionarios.
El gran dilema es si resolverlo de manera coyuntural para evitar presiones de todo signo, o en una perspectiva tendente a establecer un nunca jamás a esa nefasta cultura de engrosar artificiosamente la matrícula partidaria sin importar los onerosos costes políticos, económico y sociales que esto genera en la sociedad. El PRM no puede obviar la realidad de la nómina heredada que, además de política, es de naturaleza sociológica; pero tiene que resolverlo sin lloriqueos y con sentido de responsabilidad. Otro nudo que ese partido tiene que desatar es el de unos legisladores que de sus curules han hecho su coto privado, que mantienen sus privilegios y tienen una agenda que no coincide con la del gobierno. Más que eso, lo desafían, y hasta lo ridiculizan.
Otro problema, la pandemia ha reducido significativamente el tiempo hábil para la realización de todo tipo de actividades de la vida social y económica, y particularmente del gobierno para enfrentar sus urgencias y eso se agrava por las señales de dispersión que da y de inexplicables yerros, lo cual crea confusión y resta eficacia. Ante tales circunstancias, para que sean sostenibles las expectativas de racionalidad e institucionalidad en el manejo temas cruciales del sistema político, en lo que respecta al tema del empleo y la reducción de la nómina pública, el gobierno tiene que enfrentarlo desde una perspectiva no sólo coyuntural, sino esencialmente institucional/permanente. Con una expresión diferente de hacer política, como prometió en su programa de campaña.
En ese contexto de expectativas y demandas, el gobierno está llegando a su primer año de ejercicio en medio de diversos signos de que se aboca a un proceso de cambios o recomposición de significativo calado. Se espera que este, más que cambio de figuras, sea de mayor limitación a las expresiones de grupos corporativos en la dirección de determinadas dependencias claves del gobierno y la colocación de gente comprometida con el contenido social y de cambio del programa de campaña electoral. También, de reforzamiento del carácter independiente de un Ministerio Público, el cual da muestra de estar decidido a llevar a los a los tribunales a los depredares de los dineros públicos, sin importar nombres y/o filiaciones. Como debe ser.
¿Cómo hacerlo llegando hasta las últimas consecuencias, hasta despachos cuyos incumbentes podrían estar vinculados a las acciones de determinados apresados?. Esa es la cuestión. El tiempo, cada día más breve debido a la pandemia, lo dirá.