En medio de cierta inquietud que arropa a nuestro país frente al descalabro reciente de la cosa pública y a situaciones que pensábamos superadas desde hace lustros, es importante hacer un alto y tomar en cuenta ciertos logros que puede exhibir la República Dominicana.
El respeto a los derechos humanos está felizmente en la palestra. Fue puesto en primer plano por el llamado del secretario general de las Naciones Unidas, publicado bajo la forma de artículo, en el periódico Hoy del viernes pasado con el título El discurso del odio, incendio arrasador a la par con la puesta en circulación, el pasado 26 de junio, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de la primera evaluación del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH), República Dominicana 2018/2020, financiado por la Cooperación Española (AECID) y la Unión Europea.
Mientras Antonio Guterres apunta a la “amenazante oleada de intolerancia y de violencia impulsada por el odio que se extiende en el mundo” y anuncia medidas para enfrentarla a nivel de las Naciones Unidas, el Plan Nacional de Derechos Humanos, tan anhelado en nuestro país por las organizaciones de la sociedad civil (OSC), establece el marco de acciones para introducir una perspectiva de derechos humanos transversal en las políticas y decisiones de todos los poderes públicos.
Este documento ha sido desarrollado bajo el manto del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de la Comisión interinstitucional de Derechos Humanos, y es el producto de una ardua labor participativa de tres años en la que participó una multitud de actores públicos junto a las OSC reconocidas por el Estado Dominicano como actores e interlocutores clave en los procesos de construcción democrática y de desarrollo.
Cabe destacar la importancia del paso dado por el gobierno dominicano al impulsar la elaboración de este documento que recoge el sentir, las preocupaciones y las denuncias de los representantes de los grupos más vulnerables de la sociedad dominicana con la meta que las políticas públicas enfoquen sus recursos hacia las personas que los necesitan.
El PNDH surge como una respuesta a la necesidad de sostener un Estado de Derecho capaz de fomentar en sus instituciones y la sociedad civil, normas democráticas dirigidas a garantizar los derechos fundamentales, asumiendo nuestro compromiso como miembros de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas de hacer efectivas las medidas contempladas desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el bloque de constitucionalidad que rije nuestra vida institucional.
Cuando en un país se deja de promover los derechos humanos, éstos comienzan a debilitarse; de modo que la realización y perfeccionamiento del sistema de derechos depende del compromiso cotidiano que el Estado demuestre a través del diseño e implementación de sus políticas públicas, manteniéndose atento a los nuevos desafíos que plantea el desarrollo social, económico y tecnológico.
Hasta ahora la política de Derechos Humanos en nuestro país ha sido muchas veces errática y ha encubierto prácticas ilegales y violaciones de los mismos. Los avances coexisten con amplias barreras en el reconocimiento, participación e interlocución de las OSC que defienden los DDHH de grupos vulnerables o excluidos de la población.
Así, las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, la población LGBIT, o las que denuncian la explotación de niños, niñas y adolescentes, han sido identificadas en informes del Comité Internacional de DDHH (2019), o de Amnistía Internacional (2018), como víctimas de acoso y hostigamiento de parte de las autoridades.
A esto se añaden los estereotipos y la discriminación ejercidos desde la sociedad a los grupos vulnerables, lo que “normaliza” las vulneraciones a los derechos humanos de estos grupos y aumenta su invisibilización.
Hay una gran desigualdad entre las OSC y las autoridades, lo que se expresa en desequilibrios de poder y ausencia de apoyo social tanto para las OSC como para los grupos que defienden.
Niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de calle, explotación o mendicidad; migrantes y descendientes, población LGBIT y/o trabajadoras/es sexuales han sido identificados como los principales sujetos víctimas de violaciones de DDHH, principalmente de derechos civiles y políticos.
El Comité Internacional de Derechos Humanos, a través del Informe Periódico Universal, ha externado al país en diversas ocasiones su preocupación por los informes sobre abuso policial y el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y ausencia de garantías procesales contra grupos vulnerables, así como de violencia y agresiones de las cuales son víctimas los inmigrantes haitianos, junto con el alto número de deportaciones y expulsiones masivas y arbitrarias sin garantías procedimentales, ni alineadas a los estándares internacionales.
Estas recomendaciones han incluido la necesidad de la aprobación de una legislación que prohíba la discriminación y los delitos motivados por prejuicios relativos a la orientación sexual o la identidad de género, debido a las numerosas informaciones sobre reiterados actos de discriminación, violencia y agresiones, por parte de los cuerpos de seguridad, contra la población LGBIT y, en particular, contra las personas transgénero.
La aplicación y evaluación periódica de este plan parece ser un verdadero compromiso de los poderes públicos. Ello debería servir a la rectificación de los casos mencionados y reconocidos de violaciones a los derechos humanos en los 10 programas que asume el plan y que tienen el mérito de reconocer los puntos débiles de nuestro sistema.
El propio Plan prevé como objetivo estratégico el de “concientizar y promover una cultura en Derechos Humanos” en cada una de las materias que aborda. Es una labor de educación y concienciación que debe llegar a todos: sociedad civil (especialmente los grupos más vulnerables) y poderes públicos, para contribuir al cambio de mentalidad fundamental que el país necesita para interiorizar y normalizar la cultura de derechos humanos a la que el Plan se refiere y por la que las organizaciones de la sociedad civil luchan día a día.
Como sociedad civil debemos ser protagonistas del proceso, contribuir a su difusión a nivel nacional y asumir la obligación cívica del oportuno seguimiento que todos y todas debemos darle, por el alto riesgo de que se repita la mala costumbre política y social de permitir que documentos de este tipo se conviertan en letra muerta.