Es recurrente la afirmación/queja, dentro y fuera del gobierno, de que este carece de una política de comunicación. Son varias las razones que explicarían esa carencia. Entre las principales podrían señalarse: un limitado criterio sobre qué significa el ejercicio de la vocería de un gobierno, la persistencia de la cultura de dispersión en que discurren los gobiernos y, fundamentalmente, la permanencia de las malas experiencias de las relaciones partido-gobierno en nuestra historia política. Esto último se ha expresado como débil incidencia del partido oficial en su gobierno, o cuando se disuelve en el Estado convirtiéndose en partido/Estado, abandonando su función de mediador entre sociedad y gobierno, desvinculándose de la población y debilitándose institucionalmente.
Recordemos algunas experiencias de esas malas relaciones partido-gobierno. Bosch, en su breve gobierno, se propuso “congelar” su partido, limitando casi absolutamente la incidencia de este en su administración, Guzmán intentó lo mismo, algo que Peña Gómez combatió frontalmente; Balaguer nunca creyó en su partido, sólo lo activaba durante los procesos electorales. Durante los 20 años de gobiernos del PLD sucedió lo contrario, a través de su alta dirección, el partido fue integrado al Estado y las consecuencias fueron funestas para ambas instituciones. En definitiva, esos gobiernos adolecieron de ese organizador y dinamizador de la voluntad ciudadana de participar en la vida pública, a veces independientemente del signo ideológico/político del partido.
Y es que, a pesar de la crisis por que atraviesan los partidos en la presente época, si una dirección política en el poder logra que su organización asuma su originaria función mediadora y organizadora de la sociedad civil, su gobierno no sólo será más eficiente y eficaz, sino más democrático. El partido, en este caso, junto a un equipo de comunicación interdisciplinario integrado por gente capaces sería un invaluable instrumento de comunicación/explicación de sus ejecutorias. Es lo que parece le está faltando al gobierno, porque una dirección partidaria básicamente inmersa en labores administrativas del Estado se debilitaría y su función mediadora no se logrará.
Igualmente, mucho menos si las facciones y los poderes fácticos que están y/o medran en el gobierno siguen su puja, tratando de imponer sus leyes e intereses. En el tema de la intención de incluir nuevos impuestos en la próxima Ley de Presupuesto, ha sido clamorosa la referida falta de estrategia comunicativa del gobierno. No se explicó previamente los reales alcances de esa intención para evidenciar la esencia del espíritu de la misma y de ese modo evitar diversas sobre reacciones o equívocos en torno a ese hecho. Un mal manejo, un traspiés que en un gobierno nuevo tienen un enorme costo, sólo probablemente evitable con la existencia de una dirección política que actúe como colectivo en estrecha vinculación con la población a través de sus organismos correspondientes.
En esencia, el traspiés no es solamente del PRM-gobierno sino, por acción u omisión, del espectro de partidos que juntos a aquel formó la coalición de la nueva mayoría gobernante. Es esta coalición la que debe asumir su rol de mediación y asunción efectiva de la dirección política del proceso. Sólo, el Presidente no puede cambiar este país, ni mucho menos la persistencia de la cultura de la dispersión, con altos funcionarios haciendo acciones individuales o dando declaraciones sobre temas que deberían tratarse como política del gobierno todo. La mediación política es básica para poder enfrentar de manera exitosa los graves desafíos que plantea un nuevo gobierno en un contexto de pandemia nunca antes conocido, en un mundo esencialmente globalizado económicamente y en la forma de intervenir en la política, con demandas y protestas de difícil manejo.
Ante la expansión de las protestas por el malhadado anuncio de nuevos impuestos, el gobierno ha reaccionado positivamente con el anuncio de ruptura de las relaciones contractuales con la Odebrecht, tendiendo un puente para diálogo sobre las medidas impositivas anunciadas, planteándolo en el marco de una reforma tributaria global, entre otras. Ahora falta que se exprese la voluntad de disminuir los grandes salarios y privilegios de altos funcionarios y que el PRM, de manera oficial exprese una voluntad de ponerle fin a los irritantes privilegios de los congresistas, conocidos como barrilitos y cofrecitos. Son iniciativas que no deben quedar como intenciones puntuales, sino enmarcadas en un plan de política general.
Para que tal objetivo sea exitoso, insisto, resulta imprescindible que la coalición electoral del pasado proceso comicial se convierta en una real coalición de gobierno. Para eso, volver a la política, volver a darle a los partidos la función que todavía pueden jugar. A pesar de todo