El paralelismo institucional es una de las grandes taras de la burocracia dominicana y que ha estado prácticamente presente en toda nuestra historia republicana como una aparente opción para la ineficacia administrativa estatal.
Este fenómeno en su concepción más simple, puede ser definido como la creación de dos o varias instituciones afines a una ya creada en el tren administrativo estatal para crear diferentes puestos y competencias en una misma área de acción burocrática. Esto ya ha sido analizado sociológicamente por estudiosos de la burocracia estatal tanto en América Latina y Europa.
Hay cierto consenso de que el paralelismo institucional lo que hace es crear confusión de competencias y un enorme dispendio y dispersión de recursos por parte del Estado. En otras palabras la creación de nuevas estructuras burocráticas paralelas en vez de hacer más eficiente el trabajo del gobierno en un área, produce el efecto contrario: más recursos humanos, más gastos y salarios cuando puede trabajarse con mucho menos.
Aquí en el país por ejemplo, vemos paralelismo institucional en el área de transporte y tránsito terrestre. Por ejemplo, existe una institución que se llama Oficina Nacional de Transporte Terrestre (OTTT), Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), Fondo de Desarrollo de Transporte (FONDET), Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y el Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART).
Todas estas instituciones tienen el perfil parecido. Algunas con funciones prácticamente disímiles en cuanto al papel que juegan hoy día como la AMET que según su decreto de creación (el decreto 393-97), promulgado por el Poder Ejecutivo en fecha 10 de septiembre del año 1997 es para “regular todo lo relativo a las demandas y oferta del transporte urbano con el fin de reducir su costo social económico y ecológico”.
Todas estas instituciones pueden prácticamente ser reunidas en un Ministerio de Transporte como ya se ha dicho anteriormente. Sin embargo, para los fines de burocracia estatal es conveniente ya que crea puestos de trabajo y en muchas ocasiones se pueden cumplir compromisos políticos; pero para el ciudadano común es confuso y para obtener permisos o autorizaciones se le hace muy costoso.
Asimismo, ocurre con las instituciones estatales dedicadas a programas de asistencia social y desarrollo que son más de una veintena con funciones idénticas y paradójicas a las cuales nos referiremos en una próxima entrega. Entre estas instituciones figuran la Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial, Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, Comunidad Digna, Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, Fondo de Promoción de la Comunidad.
Una tarea importante para el Ministerio de Administración Pública es hacer precisamente un análisis de instituciones paralelistas estatales y darle sentido. Esto reduciría en gran parte el costo burocrático de un Estado como el dominicano y cuya eficiencia en ocasiones deja mucho que desear.