Algunas de las últimas resoluciones de la Junta Monetaria parecen de lo más heterodoxo, a juzgar por lo que habíamos visto desde hace mucho tiempo. Al final de enero sube las tasas de interés para todos los sectores, incrementando el encaje legal; dos meses después la baja selectivamente para el sector vivienda, siempre que la banca esté dispuesta a usar una parte del dinero que le ha congelado para financiar viviendas de bajos costos en la Ciudad Juan Bosch, y unos días después adopta otra resolución en que baja la tasa de referencia de política monetaria.
Esto último era lo esperable en función del esquema de metas de inflación, dado que la inflación está por debajo de la meta desde hace más de doce meses.
Ahora bien, mi interés es comentar sobre el sentido de, primero incrementar el encaje legal y después liberar una parte con tal que el crédito se dirija a un sector en particular. Y todavía más, a que ese crédito sea canalizado a las tasas de interés, el plazo y las condiciones que definen las autoridades. Esto nos lleva a recordar la época en que el dirigismo estatal cumplía una importante función en los mercados financieros y la asignación del crédito. Y quizás a revaluar un poco los frutos de la ortodoxia.
Desde temprano en los años ochenta se comenzó a plantear la conveniencia de liberar los mercados financieros y convertir las instituciones en los llamados supermercados financieros o multibancos, en que la gente tuviera la oportunidad de encontrar una especie de plataformas con todos los tipos de servicios de carácter financiero, y que la autoridad se limitara, además de cuidar por la estabilidad monetaria, a velar por una serie de normas de conducta por parte de los banqueros. Tal política se pone en vigencia en los años noventas. A partir de entonces, sería el libre mercado el que definiría el destino y las condiciones del financiamiento.
Antiguamente, y todavía se sigue haciendo en mayor o menor medida en diversos países, el Estado jugaba un rol estelar en la asignación del crédito en la economía. Tenía por su propia cuenta bancos especializados para la agricultura, la industria, la vivienda o las exportaciones, pero además manejaba fondos especializados (como FIDE e INFRATUR en la República Dominicana).
Y aún para los bancos privados, lo dirigía en base a leyes especiales que incentivaban bancos hipotecarios, de desarrollo y asociaciones de ahorros y préstamos para la vivienda. Y todavía para los bancos comerciales privados, condicionaba el crédito por medio de un encaje legal inicialmente alto, pero que se bajaba selectivamente, y de adelantos y redescuentos del Banco Central.
Posiblemente no todo salió bien con los cambios, y sea momento de repensar algunas cosas. No todo el mundo salió ganando. Seguramente los cambios de política condujeron a un fortalecimiento de la supervisión bancaria, también a que el país disponga ahora de un sistema financiero más eficiente y confiable, pero al mismo tiempo presenta carencias importantes.
Hace un tiempo, como parte de un estudio en que estuve involucrado, preparé el gráfico siguiente, el cual quiero ahora compartir con los lectores. En 1976 el 61.4% de todo el crédito del sistema bancario (incluyendo la banca estatal) se destinaba a los sectores productivos, y en 2012 sólo el 17.9 %. El gran ganador fue el crédito comercial y de consumo.
En general, parece ser parte de una tendencia bastante generalizada en América Latina que los bancos tienden a ser entidades ciertamente más modernas, resistentes y sofisticadas, pero que también tienden a prestar menos y cobrar más y financiar preponderantemente el consumo en vez de la producción.
El asunto no es solo eso, pues los sectores productivos reciben una porción más baja de un pastel que también es más pequeño. La razón es que en la República Dominicana, más que en muchos países, el crédito al sector privado disminuye como porcentaje del PIB y la porción que va a los sectores productivos casi se extingue, lo que va en sentido contrario a lo que es normal con el desarrollo, que el crédito se democratiza y va ganando terreno como por ciento del producto.
La razón es que gran parte de la intermediación financiera ha devenido en mecanismo de manejo de tesorería, y se ha alejado el crédito para las actividades productivas. Esa evolución se debe, parcialmente, a que los recursos captados por la banca se han estado canalizando al financiamiento del déficit público, básicamente el cuasi-fiscal que se genera por la deuda en que incurrió el Banco Central al operar el salvamento de todos los depositantes en los bancos quebrados, y por el uso posterior de este instrumento para revaluar la moneda.
Una de las grandes carencias que presenta la banca dominicana es la ausencia de una banca de desarrollo, que se oriente a financiar inversiones a largo plazo. Ni tampoco a los sectores de elevado riesgo o que requieren mayor apoyo estatal. Al actual Gobierno le toca intentar renovar, con nuevos mecanismos para financiar lo que interese fomentar. Comenzó con el crédito agrícola y las pequeñas empresas. Se espera un próximo paso con la creación del Banco de Fomento a las Exportaciones. Pero valdría la pena rememorar algunas experiencias del pasado. Pese a su poca ortodoxia, este nuevo encaje selectivo puede indicarnos el camino.