A continuación ofrecemos un extracto del informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela que será presentado in extenso por la Alta Comisionada Michelle Bachelet, dos veces ex presidenta de Chile, a quien imposible acusar de estar al servicio del imperialismo norteamericano ni de ningún interés espurio para influir en el relato de la realidad que pudo palpar personalmente en su reciente viaje al país bolivariano.
Durante su visita donde llevó a cabo una laboriosa agenda de trabajo de campo, la señora Bachelet recibió el testimonio de violaciones a los derechos humanos en el último decenio pero especialmente del 2016 a la fecha, en el curso de 558 entrevistas sostenidas con víctimas y testigos.
En el informe se insta al régimen de Nicolás Maduro a tomar medidas para “detener y remediar las graves vulneraciones de los derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales”, advirtiendo que de lo contrario continuará registrándose el éxodo sin precedentes de la población que ya supera los cuatro millones de personas.
También se pide a la liberación de todos los presos por ejercer sus derechos fundamentales y se acusa al Ministerio Público por haber incumplido su obligación de investigar y enjuiciar a los responsables. La mayoría de esas detenciones se han efectuado en forma arbitraria cuando los ciudadanos estaban ejerciendo esos derechos esenciales. En algunos casos han sido secuestrados por varios días sin saberse su paradero.
El informe agrega que muchos de los detenidos fueron sometidos a tortura, así como a tratos crueles o degradantes. Tales la aplicación de corriente eléctrica, que en nuestro caso recrea el triste recuerdo de la tenebrosa “40”, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencia sexual, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.
Las Fuerzas Armadas Especiales (FAES) son señaladas como responsables de llevar a cabo numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad. Y los organismos de inteligencia y represión de efectuar detenciones arbitrarias, aplicar maltratos y torturas a opositores al régimen y a sus familiares. También hace mención al desempeño de los llamados colectivos armados, forma eufemística de identificar a los grupos paramilitares al servicio del régimen.
En otra parte del exhaustivo y revelador informe se acusa al régimen de Maduro de emplear una estrategia orientada a “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”.
Otro aspecto importante de la investigación pone al descubierto la crítica situación de desabastecimiento de comida a que está sometido el pueblo venezolano, señalando que las mujeres, principales encargadas del hogar o jefas de familia, tienen que hacer filas de hasta diez horas diarias para obtener comida. Algunas se han visto obligadas a intercambiar favores sexuales por alimentos. Le imputa al régimen de Maduro no haber utilizado todos los recursos disponibles para garantizar el derecho a la alimentación, ni haber buscado sin éxito asistencia internacional para ello.
No obvia tampoco la crisis sanitaria con el resurgimiento de enfermedades antes controladas o erradicadas como la difteria y el sarampión. También se reporta un aumento de la tasa de embarazados no deseados y del riesgo de contraer el virus del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. El faltante de medicamentos va desde un sesenta hasta un cien por ciento en no pocos casos.
Se señala, además, que el gobierno mantiene total reserva sobre los datos de salud que se niega a dar a luz y que son esenciales para la puesta en práctica de una estrategia de prevención y contención.
Como muestra de la imparcialidad del informe, este destaca que la situación general de crisis que se viene arrastrando desde mucho antes se ha agravado con la aplicación de las sanciones impuestas al régimen de Maduro, lo cual en modo alguno excluye la responsabilidad primaria y principal de éste en el origen de la misma y su obstinada resistencia a propiciar una salida negociada e incruenta a la misma.
Queda por ver de qué argumentos se valdrán ahora el Canciller de Maduro y su embajador en la ONU tanto como los de México, Nicaragua y Bolivia así como algunas de sus escasas bocinas locales para tratar de desmentir la contundencia de este informe, fruto de la visita de Michelle Bachelet a Venezuela, en su condición de Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU.