Juliana Deguis Pierre, nacida en los Jovillos, Yamasá, Provincia Monte Plata, se ha convertido en el rostro público de la lucha que libran grupos y sectores de dominicanos y dominicanos de ascendencia haitiana que buscan que El Estado Dominicano, a través de la Junta Central Electoral, les reconozca su nacionalidad dominicana y les dé sus documentos de identidad o les renueve los que ya han poseído.
Juliana Deguis cuenta con un certificado de declaración de nacimiento expedido por el Oficial del Estado Civil de Yamasá, el 4 de octubre de 1993. Sin embargo, cuando intentó sacar su cédula de identidad y electoral, ésta le fue negada por la oficialía del Estado Civil. Acudió, entonces, al tribunal correspondiente para solicitar su cédula; la respuesta fue la Sentencia núm. 473/2012 dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, en fecha diez de julio de dos mil doce, negando su solicitud. Cuando su caso fue llevado al Tribunal Constitucional, y se puso un Recurso de Amparo a su nombre, la respuesta fue la Sentencia 168-13 del 24 de septiembre del 2013, que utilizando su caso, extendió la desnacionalización a todas y todos las y los dominicanos y dominicanas, hijos e hijas de madres y padres haitianos indocumentados, nacidos en territorio nacional desde el 1929.
Juliana es una mujer empobrecida, madre soltera, que trabaja en una “casa de familia“, en donde le pagan el salario mínimo; la mayor parte del cual se le va en pasajes, quedándole muy poco dinero para su sustento, el de su cuatro hijos e hijas y el de su madre y padre ancianos. Juliana necesitaba su cédula para poder declarar y educar a sus cuatro hijos e hijas. Finalmente, esta persistente mujer luchadora, después de mucho esfuerzo –por parte de ella y con la ayuda de muchas manos y organizaciones solidarias- obtuvo, recientemente su cédula de identidad.
Otros casos que han tenido resonancia internacional ha sido el de las dominicanas Dilcia Yean y Violeta Bosico, quienes fueron despojadas de sus documentos de identidad y cuyo caso fue dirimido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien en una sentencia del 8 de septiembre del 2005, ordenó al Estado Dominicano a devolverle su documentación y a pagarle una justa indemnización. La Corte señaló que las niñas –hoy jóvenes- nacieron en territorio dominicano (En 1985 y en 1997 respectivamente) y, que, por tanto, según la ley vigente hasta el 2010, les correspondía la nacionalidad, dado que sus madres y padres ni eran diplomáticos ni estaban en el país de tránsito, sino que fueron traídos desde Haití con un contrato entre el Estado Dominicano y el Estado Haitiano para trabajar en el corte de la caña.
Los casos de Juliana Deguis Pierre, de Dilcia Yean y de Violeta Bosico, se parecen a los de muchas personas dominicanas de origen haitiano, que han tenido que luchar por años para que el mismo Estado que, contrató, explotó y se benefició del trabajo de sus padres y madres, reconoza a sus hijos e hijas el derecho fundamental a ser reconocidos y reconocidas como ciudadanas y ciudadanos dominicanos, con pleno ejercicio de su ciudadanía.
La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional intentó legalizar las acciones excluyentes que de alguna manera había sido una práctica común en el ámbito dominicano, aun antes del 2007, cuando la Junta Central Electoral emitió la ordenanza 02-2007, que en la práctica sirvió para justificar el despojo de los documentos a dominicanos y dominicanas de origen haitiano, pues de alguna manera comenzó a aplicar previamente lo que luego legislaría la Constitución del 2010, que niega la nacionalidad dominicana a los hijos e hijas de extranjeros indocumentados.
Varias personas de la familia Castillo Sellman y del mal llamado Partido Nacional Progresista –al que públicamente se ha sumado Miguel Vargas, caudillo del PRD- sirven como voceras de estos grupos llamados neo-nacionalistas, que parecen representar los intereses económico-partidarios de un grupo más amplio de funcionarios gubernamentales y de empresarios, sobre todo del área de la construcción y de la agricultura, que se benefician de un trabajo humano realizado en condiciones muy deplorables. Para mantener ese estado de cosa, ese grupo cuenta con la complicidad de algunos organismos del Estado, como la Junta Central Electoral, la Dirección de Migración y el Tribunal Constitucional, tal como parece confirmarlo la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13.
Uno se podría preguntar si la situación de las y los dominicanos de ascendencia haitiana, nacidos en territorio dominicano antes del 2010, podrá mejorar a partir de la aplicación de la ley 169-14 y si se podrá resolver el problema de su “genocidio civil”. Sobre esto hay muchas dudas, pues parece evidente que hay sectores interesados que han decidido mantener en el anonimato tanto a las y los hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano, como a las y los inmigrantes indocumentados; y ese es sector con mucho poder que seguirá dificultando la aplicación de la ley 169-14 y del respectivo Reglamento. Así lo confirman las dificultades que siguen teniendo, en la práctica cotidiana, estas personas para obtener sus documentos o para que les renueven los que ya poseían.
Varias organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos coinciden en que la causa principal para mantener esta situación de exclusión hay que buscarla en la decisión económico-política de algunos sectores del poder económico y empresarial, enquistados en el Estado Dominicano, que no están en disposición de renunciar a sus históricos privilegios, a una práctica opresora de décadas, que les permite aprovecharse de la mano de obra barata y enriquecerse con la explotación de un trabajo humano esclavizante. Esto viene avalado por el hecho de que es ese Estado Dominicano es el que tiene mayores niveles de responsabilidad en el mantenimiento del actual estado de cosa, pues sigue siendo el mayor empleador de las y los dominicanos de origen haitiano y de las y los inmigrantes haitianos indocumentados.
A los sectores conscientes, a la prensa comprometida con los mejores intereses de la Patria, a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, no nos queda otro camino que seguir luchando y apoyar el justo reclamo del grupo Reconoci.do y de las personas e instituciones que luchan por la defensa de los derechos de las y los dominicanos de origen haitiano. Es necesario seguir denunciando –en los escenarios nacionales e internacionales- la complicidad del Estado Dominicano, quien sigue intentando–a través de la Junta Central Electoral y de la Dirección de Migración, y de algunos tribunales, entre otros organismos del Estado- aplicar retroactivamente el artículo constitucional vigente no. 18 que niega la ciudadanía a los “hijos e hijas de extranjeros que residan ilegalmente en el país”. Al mismo tiempo que se intenta desconocer la validez del artículo 14 de la Constitución vigente hasta el 2010, que declaraba como dominicanos y dominicanas a todas las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de diplomáticos o las personas que están en tránsito.
No debemos seguir contemplando como espectadoras y espectadores pasivos este drama humano del despojo, en la práctica, de la nacionalidad y de los derechos elementales de hermanas y hermanos nuestros; lo cual equivale a un “genocidio civil. Pues es evidente que en la realidad dominicana, personas éticamente cuestionadas y poderosos grupos económicos, con la complicidad de algunos partidos políticos, continúan haciendo teatro con el sufrimiento humano y la exclusión injusta. Por esta razón, el autor de estas líneas considera que ésta sigue siendo una escena desafiante, en el teatro de la tragicomedia dominicana.