El resultado práctico, concreto, es que en dos años cumplidos el Gobierno de Medina no ha logrado instalar nuevas plantas eléctricas y las dos plantas de carbón licitadas el año pasado no tienen todavía financiamiento asegurado. De los 2040 millones de dólares requeridos solo se cuenta con los 200 incluidos en el presupuesto nacional.
Sin embargo, no obstante a las incertidumbres sobre el cierre financiero del proyecto, ya se iniciaron los trabajos de construcción en Punta Catalina y se han firmado contratos con firmas y empresas suplidores de servicios y bienes diversos.
Esta dificultad para obtener financiamiento tendrá sus consecuencias, y esperemos que no ocurra con este proyecto lo que ha sucedido con otros similares en algunos países: que los retrasos han dado espacio a la subida de precios de materiales y componentes de las plantas y, al final, las mismas salen muchísimo más caras que lo originalmente planteado. De seguir las cosas como van, esos 2040 millones podrían subir varios cientos más si se prolonga el retraso, porque aparte la inflación en los precios de los metales y equipos eléctricos habría que añadirle los costos financieros derivados de pagos de intereses que se prolongan y el comportamiento de la cotización internacional del dólar.
Ese estancamiento del proyecto de Punta Catalina es una peligrosa amenaza para las finanzas públicas y para la economía dominicana, necesitada de electricidad abundante y a bajo costo.
Por el lado del gas natural no hay nada concreto tampoco, por lo menos de manera oficial.
Además, en lugar de una nueva terminal de gas natural en San Pedro de Macorís, como han propuesto algunos sectores, lo que le convendría al sistema es la construcción de un gasoducto desde AES – Boca Chica hasta Macorís para abastecer a Cogentrix y a otras plantas cercanas. La CDEEE sabe que con poco esfuerzo la terminal de gas natural de AES tendría la capacidad para abastecer la demanda de otras plantas que sumen cientos de megavatios. Lo que pasa es que AES se niega a facilitar su terminal para suplir gas a plantas con las cuales compite. Esa oposición está privando al país de más de 300 megavatios de electricidad de bajo costo que podrían entrar al sistema en muy corto tiempo, antes de finalizar este Gobierno de Medina. AES tiene derecho a defender sus intereses y a definir su propia estrategia de negocios.
Pero, el Gobierno también tiene serios deberes y compromisos con la población para garantizarle el servicio público de electricidad. Por esa razón, el Gobierno debería empeñarse a fondo para persuadir a AES sobre la urgencia del gasoducto.
! Grandes decisiones, Presidente !