Según se recoge en la prensa, la representante en el país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Valerie Julliand, la no renovación de los contratos de los coordinadores de  la Oficina de Desarrollo Humano, ODH, "se debe al reiterado incumplimiento de las reglas de conducta del organismo al emitir declaraciones públicas que pudieran comprometer la independencia de la organización". Esto plantea el tema de la libertad de trabajo y la libre expresión de las ideas de quienes trabajan o son consultores para instituciones y agencias internacionales de cooperación multilateral.

Es de todo conocido que luego del último informe de la ODH, la directora del PUND fue convocada a Palacio y allí se le expresó el desagrado del Gobierno sobre el enfoque, los contenidos y posiciones de ese Informe. La reacción de la funcionaria fue desmarcarse de esos contenidos y posiciones que en esencia constituía una desautorización a la ODH y a su director Miguel Ceara, iniciándose entre estos dos altos funcionarios unas relaciones lamentablemente tirantes.

Quizás se no se conoce lo suficientemente bien cómo la ODH elabora sus informes. Algunos quieren desconocer que si bien todo el material y presentación de estos lo hacen los investigadores, la validación de este material e incluso hasta su enfoque lo hace un Consejo Consultivo creado para tal fin, compuesto de la manera más plural, política, social e interdisciplinaria que pueda concebirse. De ese Consejo participan altos funcionarios del gobierno de turno (incluyendo ministros), miembros de la clase política, de organizaciones populares, de la sociedad civil, de la prensa escrita y personalidades independientes de reconocida solvencia.

Tampoco se trata de simple trabajo de gabinete, las informaciones se recaban en las diversas dependencias e instancias del Estado y a través de entrevistas a diversos actores relacionados con los temas de los Informes, además en múltiples instituciones. Constituye un ejercicio de investigación y de validación de resultados altamente democrático. Por lo cual, coartarle la libertad a los investigadores y a su coordinador significa coartarle la libertad de expresión a todo aquel que de manera democrática participa en el proceso de elaboración de los Informes.  

Sin embargo, la actitud de los funcionarios del presente gobierno que provocó la inadecuada reacción de la representante del PNUD en el país, en esencia, es la expresión de un mal de fondo que, por momento, subvierte y hasta pervierte el significado de la cooperación internacional y del trabajo de técnicos y consultores nacionales en estas instituciones.  De más en más, los organismos de cooperación internacional asumen y/o se pliegan la lógica de los intereses de los gobiernos de turno en cada país, muy a pesar de las actitudes de dignidad e independencia de algunos directores de programas y agencias de cooperación que realmente marcan diferencias.

Asumir esa lógica va contra la objetividad de las investigaciones y los diagnósticos sobre la realidad nacional en que se debe sustentar la cooperación. Pero, quizás lo más lamentable es que de más en más muchas agencias y organismos internacionales prohíben a los consultores e investigadores contratados por ellos a que expresen opiniones políticas o de cualquier índole de manera pública. Esa exigencia de silencio a las voces que por sus niveles de formación e información son invaluables del país constituye una pérdida para el país y un atentado a la libertad individual y profesional.

Si algo afecta el mundo de hoy, es el distanciamiento de la gente de lo público, de la acción colectiva, sobre todo sus técnicos e intelectuales. Aceptar como de sentido común que los consultores e investigadores de las agencias de cooperación mantengan silencio, que no expresen opiniones críticas contra el estado de situación de las sociedades en que vivimos, constituye una privación de derechos individuales y, de hecho, una limitación de las voces que pueden impulsar la acción colectiva contra los males que estos investigadores, técnicos o consultores identifican con sus prácticas profesional.

En tal sentido, las razones de fondo que motivaron el desmantelamiento de la ODH no sólo es un atentado contra el derecho de su director y otros integrantes a ejercer, como de hecho siempre han ejercido, sus legítimos derechos a opinar y criticar públicamente todo cuanto ellos entienden criticable, sino también una expresión de una absurda concepción del trabajo intelectual. Una expresión de la limitación del derecho al trabajo y el derecho al libre ejercicio de ciudadanía.