La reapertura de las escuelas encabeza las prioridades de los gobiernos de todo el mundo y de sus Ministerios de Educación. Constituye también la preocupación fundamental de alumnos y padres, de los maestros y de otros miembros del personal educativo y de los actores vinculados al sector educativo, debido a la incertidumbre que genera la naturaleza y evolución del COVID-19 y las decisiones que se mantienen en “suspenso”.
El regreso a las aulas requiere de un marco de políticas y de recursos financieros que permita poner en práctica las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento seguro, continuar con el aprendizaje, atender las situaciones de vulnerabilidad y garantizar la protección, el bienestar y la seguridad. Los centros educativos deben asegurar el perfecto estado de las instalaciones de agua, saneamiento y gestión de residuos, las medidas sanitarias y seguir procedimientos de limpieza y desinfección de las aulas y espacios comunes.
En muchos países hay presión para la reapertura de las escuelas porque se considera que su cierre no hace sino profundizar la fractura social. Los alumnos provenientes de familias humildes o con problemas económicos son a quienes más negativamente está afectando el confinamiento, pues habitan en viviendas más pequeñas y muchos no disponen de la tecnología adecuada ni de condiciones objetivas para seguir los cursos desde su casa.
Aquí en el país, a juzgar por los niveles de controversia y rechazo que han despertado en amplios sectores las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación, de febrero a la fecha, tales como la terminación del año escolar antes de tiempo, al “pase automático curso” de todos los estudiantes sin ser evaluados y la reapertura incierta de las escuelas, pareciera que el Ministerio “camina lento” y un tanto “perdido”, mostrando una baja capacidad de respuesta para establecer los principales parámetros e instrumentos educativos, técnicos y logísticos para la adaptación de la población escolar a las circunstancias moldeadas por el COVID-19.
Las escuelas del país están cerradas por el COVID-19. Esta situación genera grandes perturbaciones a los casi 3 millones de estudiantes, 200 mil profesores y técnicos del sector público y del sector privado, así como los padres, tutores y suplidores esperan por un “protocolo”, de alcance nacional y local, que garantice la seguridad sanitaria y la “preparación integral” para el reinicio seguro de las actividades escolares. Urge que los niños dominicanos vuelvan a la escuela. Pero han de hacerlo con todas las garantías para su salud, su seguridad y su protección. ¡Más cualquier otra, debe ser la primera prioridad de la educación dominicana en estos momentos!
El COVID-19 encontró a la escuela dominicana pauperizada, acorralada, “confundida” y, quizá, hasta un poco abandonada a su propia suerte. Con muchas carencias y necesidades desatendidas. Si bien es cierto que encontró cientos de escuelas seguras, vistosas y bien equipadas, también es cierto existen cientos de escuelas a las que el COVID-19 le hará mayores daños.
Escuelas “enfermas” que funcionan en patios, casonas y almacenes y carecen de las condiciones mínimas para el aprendizaje, la enseñanza y la convivencia escolar, a pesar de que el Ministerio de Educación cuenta con elevado presupuesto de unos 200 mil millones de pesos, que equivale el 4% del PIB de la nación. Urge dedicar esfuerzos recursos logísticos y financieros a la “liberación” de la escuela dominicana de las cadenas del COVID-19. Pero urge también sanar a tantas muchas de las taras, incompetencias y perturbaciones generadas por los descuidos e irresponsabilidades de “ayer y de hoy”, y que son el vestigio de una “revolución educativa al revés”.
Para encarar las perturbaciones educativas y sociales y el impacto perturbador del COVID-19 en las escuelas públicas y privadas, así como lograr la apertura exitosa y segura de las escuelas, con garantías para su salud, su seguridad y su protección públicas y privadas, el Ministerio de Educación, conjuntamente con otros sectores de la sociedad deberá plantearse a corto plazo la necesidad de la elaboración de un “Plan de Resiliencia para las Escuelas Públicas y Privadas después del COVID-19” que contenga las estrategias preventivas, técnicas y logísticas para “preparar” a los maestros, a los alumnos, las instalaciones, aulas, laboratorios, los libros de texto baños, comedores, cocina, bibliotecas y sala de TICS, para la reapertura de las escuelas y su “nueva normalización”, con las debidas y rigurosas medidas sanitarias para adecuarse a las nueva realidad de la pandemia y para evitar el contagio, la contaminación, el estrés y otros efectos contaminantes del proceso aprendizaje-enseñanza, la investigación y la convivencia.
El “Plan de Resiliencia para la Nueva Escuela Pública y Privada después del COVID-19”, deberá el resultado del trabajo conjunto del Ministerio de Educación, los maestros, los estudiantes, los padres, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP, las iglesias, las autoridades sanitarias, las alcaldías y las gobernaciones, los empresarios, las universidades regionales y locales, los constructores, los suplidores, los editores de libros de textos, Educación INICIA, Acción Empresarial por la Educa, EDUCA, el Programa de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, y el Programa Mundial de Alimentos, PMA. Más otros que quieran sumarse.
El “Plan de Resiliencia para las Escuelas Públicas y Privadas” deberá ir acompañado del “Programa Aulas Felices”, para potenciar el desarrollo personal y social de los estudiantes y de los profesores; para promover la felicidad de los alumnos, los profesores y las familias. Tendrá dos componentes: La Atención Plena o “mindfulness” y la Educación de las “24 fortalezas personales” (Peterson y Seligman, 2004), agrupadas en torno a 6 virtudes y a otras competencias vinculadas, tales como creatividad, curiosidad, apertura mental, amor por el aprendizaje y perspectiva; valentía, perseverancia, integridad ; amor, amabilidad e inteligencia social; ciudadanía, sentido de la justicia y liderazgo; capacidad de perdonar, modestia, prudencia y autocontrol; y la apreciación de la belleza y la excelencia, gratitud, esperanza, sentido del humor y espiritualidad.
De cara a la construcción de la “nueva educación pública y privada después del COVID-19”, y por tanto, del “Plan de Resiliencia para las Escuelas Públicas y Privadas” y el “Programa Aulas Felices”, el Ministro de Educación puede revestirse de autoritario “cacique” de una tribu morada, con sus propios rituales partidarios y sin mezclarse con otros en su “territorio”. O bien, en el líder resiliente, aglutinador, inclusivo, dialógico, y democrático de la educación dominicana, que ennoblece la oportunidad de hacer posible el derecho de todos los dominicanos a una educación de calidad. Como una oportunidad de ser “ministro” (minister/ “el que sirve”), de “servir” a los dominicanos desde su Ministerio para construir desde la familia y desde la escuela un país libre, transparente, justo y democrático.
Que lo decida el Ministro. Es tiempo de “bajar las hachas” y “levantar las banderas del diálogo y la concordia” para ganarle la batalla al COVID-19, en nombre de la Patria educativa.