Dedicado a Rogelio Delgado Bogaert, Alfonso Moreno Martínez y Fonchy Lockward. Tres grandes demócratas. Tres políticos íntegros.
El COVID-19 representa una seria amenaza para la salud de millones de dominicanos y también para la democracia dominicana. Esta pandemia no sólo exige poner atención a las alarmas sanitarias, sino también a las alarmas políticas, electorales y democráticas. Ambas amenazas deben ser atendidas eficientemente.
Ambas tareas han de asumirse con sentido democrático y no autoritario. Los caminos autoritarios tienen en común el déficit democrático, es decir la imposición y decisiones sin sustento en el parecer de la ciudadanía. La globalización del coronavirus ha puesto al descubierto las carencias democráticas de algunos países alrededor del mundo. ¡Y el nuestro se inscribe entre ellos!
El COVID-19 también ha puesto a la vista de todos la capacidad de respuesta de las estructuras institucionales e infraestructuras sanitarias de una serie de países donde las privatizaciones llevaron a una contaminación significativa del sistema público de salud. Nuestro país no ha sido la excepción, ha sido víctima de las mismas ambiciones de los mercaderes que asaltaron la salud pública y esto debilita el deber democrático de garantizar servicios de salud a todos los ciudadanos.
El COVID-19 encontró a nuestro país con un sistema de salud colapsado, abandonado y disminuido por las fuerzas salvajes de la privatización, que deja sin protección sanitaria a millones de dominicanos y principalmente a los más necesitados.
Otra gran tragedia del Sistema Nacional de Salud es que dispone de un presupuesto insuficiente equivalente a un 2% del PIB, pese a que la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, END, contempla una asignación equivalente al 4% del PIB a partir del 2020. La Conferencia Permanente de Partidos Politicos de América Latina y el Caribe, COPPPAL, que agrupa a más de 60 partidos de 29 países de América Latina, en su reciente asamblea realizada en Panamá, recomienda que se destine de manera inmediata y permanente el 6% del PIB, tanto para afrontar el presente del COVID-19 como el “después” del COVID-19”.
El COVID-19 también encontró al país con un sistema democrático y electoral colapsado, confuso y con visibles rasgos de autoritarismo gerencial. El trauma electoral del 16-F, que condujo a la nebulosa suspensión de las elecciones municipales programadas para el 16 de febrero del 2020, así como el “secretismo” entrampado y anodino que viene adoptando la JCE en la preparación de las próximas elecciones presidenciales y congresuales, ponen de manifiesto el alto nivel de riesgo y letalidad a que está expuesta la democracia dominicana.
El COVID-19 parece haber sido hecho a la medida de los gobiernos y políticos autoritarios que han proliferado en los últimos años. Mientras muchos de ellos no creyeron inicialmente en la gravedad de la pandemia, ahora les podría servir para recortar libertades democráticas, dar papeles y funciones protagónicos a los militares y policías en el manejo y control del COVID-19, así como hacer uso discrecional de presupuestos, préstamos, bonos y donaciones; cerrar la frontera a la migración y exaltar el nacionalismo patológico frente a la cooperación entre países.
El COVID-19 coincide también con la tendencia global a contar con menos democracias. Desde 2006, según el Instituto Freedom House, con sede en Washington D.C., unos 64 países son menos democráticos mientras que sólo 37 gozan de más libertades. Las estadísticas e indicadores nacionales e internacionales colocan al país entre los primeros. El declive autoritario proviene de gobernantes, legisladores y políticos que alegan que se deben limitar ciertas libertades para centralizar las decisiones en el Poder Ejecutivo.
La presencia de efectivos militares y policiales haciendo tareas civiles durante la pandemia genera inquietudes, especialmente en países como el nuestro donde los militares y policías tienen influencia sobre el poder político y viceversa. Según explica Augusto Varas, presidente de la “Fundación Equitas” de Chile, y experto en cuestiones militares: "Una vez que las fuerzas armadas y policiales salen de sus marcos institucionales es muy difícil que retornen a los mismos, ya que su desprofesionalización las ha convertido en otra cosa”.
Los excesos cometidos por los militares y policías de aqui en el control de la movilidad durante la cuarentena, del toque de queda y el uso de mascarillas, acompañados de apresamientos en condiciones de riesgo, demuestran que algunos de ellos proceden al margen de lo previsto en la Constitución de República, en su propia Ley Orgánica y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantizan la seguridad de todos los ciudadanos, todo el tiempo y especialmente en situaciones de crisis, catástrofe y emergencia como el COVID-19, que está produciendo cientos de muertos y miles de infectados y serias afectaciones económicas y sociales.
Ante el miedo, la inseguridad, la incertidumbre y sufrimientos la gran mayoría de los dominicanos requiere que se tomen medidas ejecutivas, rápidas, efectivas y atinadas por parte del gobierno y de las autoridades de salud. Sin embargo, las prioridades del gobierno y de las autoridades parecen no coincidir con las necesidades de las comunidades, los ciudadanos y los gremios médicos, de enfermeras y bioanalistas del país.
Los gobiernos y políticos con tendencias autoritarias argumentan que ante la peligrosidad del COVID-19 conviene tener “mano fuerte” y favorecen un “poder fuerte centralizado”, y limitar los otros poderes, la libertad de circulación y el poder de expresarse ampliamente y libremente en nombre de la defensa de la “salud del pueblo”.
En este escenario, el gobierno del presidente Danilo Medina y la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del COVID-19, se proponen utilizar la “tecnología” para el control del COVID-19. Sin embargo, diversos expertos y organizaciones de derechos humanos alertan que la privacidad de los ciudadanos se podría ver violada, y que la información que hoy se recoge para detener la pandemia, mañana podría ser utilizada para el control político.
Relacionado con este tema, el afamado historiador hebreo Yuval Noah Harari escribió recientemente que la tecnología que se está usando en Corea del Sur, Singapur y Taiwán para seguir la pista de los móviles, reconocimiento facial a través de cámaras, y datos sobre temperatura corporal, podría servir para fines represivos en el futuro. Dijo que enfrentamos el dilema entre “la vigilancia totalitaria y el empoderamiento ciudadano”.
Señala, además, que los actuales gobiernos y políticos populistas atacan, mienten y desacreditan a la ciencia, generando climas de incertidumbre que sirven para promover regímenes autoritarios y poco democráticos. Cuestiones fundamentales para que la salida del COVID-19 no sea la entrada en una crisis de la democracia.
Ojalá que el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad, (drones) e Inteligencia del Ministerio de Defensa (C5i), inaugurado recientemente por el presidente Danilo Medina, y que “recopilará datos de afectados del COVID-19 y velará por la seguridad nacional”, no se convierta en un centro de “seguridades militares y estratégicas” para favorecer el autoritarismo y reducir la democracia en nuestro país, sino todo lo contrario. Sin embargo, más allá de la inquietud, tranquiliza saber que los militares y policías son los verdaderos guardianes de la Constitución, la democracia y estado de derecho. ¡Por encima de todo!