El gobierno de los Estados Unidos gasta cada año 22-mil millones de dólares para financiar las numerosas iniciativas y programas cuyos objetivos consisten en aliviar o frenar los efectos del cambio climático o de efecto invernadero. Ello equivale a 41-mil-856 dólares cada minuto, pagado por los contribuyentes. Dicho costo, visto en perspectiva, constituye el doble de lo que la nación gasta para garantizar la seguridad en las fronteras.
La inversión parece lógica. Se trata de una amenaza potencial que pone en juego la supervivencia de la humanidad en el planeta. Dicha teoría ha sido respaldada por más de un centenar de científicos e investigadores en todo el mundo. Ellos llegaron a esa conclusión avalando datos técnicos y ambientales suministrados por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA y la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica, NOAA.
Sin embargo, en este asunto del cambio climático muchos ciudadanos tienen la corazonada de que algo no encaja en la tesis que sustenta el calentamiento del planeta, lo que ha sido atribuido mayormente a la actividad humana, entre otros factores, y que ha tenido como principal defensor al exvicepresidente Al Gore, entre otros políticos, científicos, corporaciones y empresarios.
Al salir de la Casa Blanca, la fortuna privada del señor Gore era de 2 millones de dólares. Al presente, sus inversiones en “tecnología verde” han aumentado su capital personal a 100 millones de dólares. Fruto de haber invertido gran parte de ello en un puñado de empresas, 14 de las cuales recibieron más de $2-mil-500 millones en préstamos, subvenciones,exenciones fiscales, y mucho más de la administración Obama.
El estudio de Casey pronostica un creciente cataclismo iniciado hace 17 años y en los cuales la atmósfera y los océanos del planeta en vez de calentarse se están enfriando, lo que podría desatar una serie de calamidades ecológicas y geológicas naturales ante las cuales ninguna nación del planeta estaría en condición de enfrentar
En abril de 2007, el climatólogo e investigador John L. Casey, retirado luego de 35 años de servicios en el gobierno federal, elaboró un informe concluyente de 164 páginas donde plantea con cifras, gráficas, datos técnicos, todos fruto de sus numerosos años de experiencia, su descubrimiento reciente.
El científico asegura que el cambio climático es un esquema de fraude de grandes proporciones para enriquecer a grupos en contubernio de políticos, científicos, la industria verde y organismos internacionales. Sus planteamientos son esbozados en el libro intitulado Dark Winter: How the Sun Is Causing a 30-Year Cold Spell (Oscuridad del invierno: Cómo el Sol es causante de una ola de frío de 30 años), publicado en 2014.
¿Pero quién es este señor que hace semejante y osada denuncia en un año electoral en los Estados Unidos? El cambio climático ha sido un problema desconcertante durante años. Casey fue asesor científico de la Casa Blanca, consejero depolítica nacional, consultor de la sede de la NASA y el ingeniero que investigó las causas del desastre del transbordador espacial Challenger, el 28 de enero de 1986. Además, tenía acceso a una serie de documentos clasificados. En su libro, advierte sobre los cambios ominosos que tienen lugar en el clima terrestre y en el Sol.
El estudio de Casey pronostica un creciente cataclismo iniciado hace 17 años y en los cuales la atmósfera y los océanos del planeta en vez de calentarse se están enfriando, lo que podría desatar una serie de calamidades ecológicas y geológicas naturales ante las cuales ninguna nación del planeta estaría en condición de enfrentar.
En sentido técnico, el investigador atribuye los cambios climáticos a los efectos de variaciones u oscilaciones de la temperatura de la superficie solar y su influencia en la primavera, verano, otoño e invierno en la Tierra. Sus efectos en la economía podrían disparar el barril de petróleo a 300 dólares, triplicar el costo de los alimentos, desatar la violencia en barrios marginados, la caída de gobiernos, guerras internacionales y el caos.
Los resultados de la investigación de Casey, que analizó los mismos datos científicos del gobierno federal, han sido corroborados por 17 organizaciones independientes e individuales, y la reacción oficial ha sido el silencio, el rechazo, su aislamiento y la negación de su existencia, pese a que ha sido notificado cada año a las más altas instancias del poder Ejecutivo, Legislativo, y gobernadores.