Veinte pesos mensuales son 240 pesos al año; que multiplicados por cada uno de mis dos teléfonos, son 480 pesos; que si los multiplicamos por cinco años, son 2,400 pesos; que llevados a diez años, serían 4,800 pesos. Supongamos que en uno, en cinco o en diez años me vea precisado a hacer una llamada de emergencia (espero eficiencia en la respuesta, lo que no está garantizado)…Bueno, ¿de dónde saca el Gobierno que este impuesto disimulado de “veinte pesitos” es una ganga? En todo caso, ¿no sería más razonable que lo financie con nuestros impuestos y facture por llamada?