El pueblo dominicano hace mucho tiempo que actúa y lucha en pro de un sistema judicial justo y ético. Son diversas las evidencias del deseo y del interés que tiene la sociedad de la República Dominicana de que el poder judicial actúe conforme a los principios y valores que les son propios. Esta sociedad también está interesada en un mayor respeto y apoyo a las acciones y a los procesos que son coherentes con una justicia que no se vende ni se deja instrumentalizar por los demás poderes ni de los partidos oficiales ni de los opositores ni de personas o instituciones que ostentan poder; ni de los que, si no ostentan un poder manifiesto, saben ejercerlo con la sutilidad y la discreción que convence y se impone.
Cabe decir que en esta época tenemos más preocupaciones con la justicia dominicana que satisfacciones y esperanzas. Estas inquietudes se verbalizan, se traducen a imágenes, se muestran en caricaturas, se expresan en canciones, se manifiestan en la Marcha Verde, se visualizan en programas de televisión; se escuchan en la radio; se observan en eventos públicos y en muchas otras expresiones como pulseras, sombreros, pinturas en el cuerpo, etc. De igual manera, se evidencian a través de propuestas concretas de profesionales del campo de la justicia que pueden revertir la debilidad y la vacilación que la caracteriza.
En esta coyuntura histórica en la que la crisis de la justicia dominicana ha llegado a niveles muy altos, hemos observado, también, actitudes y gestos de algunos magistrados que levantan el ánimo y la esperanza de la ciudadanía. Son señales que nos llevan a pensar que no todo está perdido; y que hay ventanas que nos alientan a esperar cambios significativos en un sistema que ya no tiene margen para exhibir más incongruencias, advertidas por los profesionales del campo y por los ciudadanos.
A todos nos urge trabajar para que un sistema tan importante como el judicial actúe conforme a las leyes. El avance en esta dirección amerita funcionarios que tengan internalizado el valor de la justicia -no solo el conocimiento de las leyes-, para lo cual la educación familiar es imprescindible. En la vida cotidiana de la familia ha de notarse, de manera sostenida, la práctica de la justicia en las relaciones entre todos los miembros, así como en las decisiones. La educación en la justicia y desde la justicia no es una tarea fácil en una sociedad marcada por la cultura autoritaria de las invasiones y de las dictaduras en la historia dominicana. Pero es un proceso posible que nos tiene que involucrar con el ánimo de colaborar, de apoyar una causa cuya finalidad es el bienestar y la seguridad colectiva. Para dar pasos relevantes en este tipo de educación es necesario que la justicia ocupe un lugar importante en la organización y en la dinámica de funcionamiento de las familias.
El aprendizaje de las implicaciones de la justicia tiene que formar parte de la vida cotidiana de las familias. Para ello se debe integrar en los temas de diálogo familiar; se debe tener en cuenta en las decisiones familiares; en las orientaciones prácticas que reciben los hijos en el seno de sus familias; en las relaciones que establecen las familias en su comunidad y, especialmente, en los negocios y en las transacciones que movilizan. Si las operaciones de las familias son turbias e injustas, no esperemos que el sistema judicial sea dechado de ética y de justicia.
Asimismo, el aprendizaje de la justicia es una tarea prioritaria en las organizaciones de la sociedad civil. Incontables veces denunciamos una justicia corrupta, objeto de manipulación política, empresarial, religiosa y estatal. Pero las organizaciones de la sociedad civil, en muchas ocasiones, no sólo son cómplices de estos hechos, sino que no tienen una postura definida ante el problema. Más aun, a veces, en el interior de ellas se cometen injusticias. Es tiempo de que las organizaciones de la sociedad civil y de carácter religioso revisen su comportamiento interno respecto de la justicia y adopten los cambios que aseguran una postura comprometida con esta en su seno y en el país. Este modo de funcionar debe reflejarse en sus prácticas institucionales, en sus relaciones y, de modo particular, en las decisiones que están en la base de sus operaciones.
El aprendizaje de la justicia es, también, un compromiso de las instituciones educativas. Estas entidades no pueden eludir esta responsabilidad. Tienen que evaluar hasta qué punto están prestándole atención al problema de la justicia en sus mismas estructuras y en la sociedad. Estas instituciones tienen que fortalecer su articulación con los problemas de su entorno; no para contemplarlos, sino para estudiarlos de modo que posibiliten la comprensión y la intervención transformadora de estos. Además, teniendo en cuenta los avances de las ciencias y de las tecnologías, deberán generar situaciones significativas de aprendizaje, en torno a sentido, valores e impacto de la justicia en el desarrollo humano, social, político, cultural y ecológico de la sociedad. Las instituciones educativas deben mantenerse en estado de alerta frente a la demanda de justicia de la sociedad dominicana. Estas pueden repensar sus prioridades y colocar la educación en la justicia y desde la justicia en un lugar central de su acción educativa y de su vida institucional.
El aprendizaje de la justicia nos compete a todos. Nos toca hablar menos y hacer más por la justicia y desde la justicia.