Hace varios meses que la sociedad dominicana observa con preocupación la cantidad de resultados de investigaciones del Ministerio Público sobre delitos vinculados a la corrupción, al narcotráfico y al lavado de activos. De otra parte, observa cómo la Dirección General de Contrataciones Públicas no descansa un segundo, por la cantidad de infracciones a la Ley de Compras y Contrataciones públicas. La sociedad continúa perpleja al observar, además, la cantidad de militares y civiles que guardan prisión por sus vínculos con los delitos antes mencionados. A ello se añaden los funcionarios destituidos y los que son investigados en estos momentos. La corrupción no es un tema nuevo, no es solo problema de este gobierno. Tiene una historia larga en gobernantes, funcionarios y empresarios. Asimismo, tiene historia en líderes religiosos, militares y ciudadanos comunes. Constatamos que un alto porcentaje de la sociedad dominicana ha aprendido a convivir, a legitimar la corrupción. Se siente bien con esta práctica, por los beneficios que le comporta individualmente.
En el pensamiento y en las decisiones de la persona o institución corrupta, no hay sentido del bien común, de bien público. Lo que prima es una práctica egoísta. Solo se sacia con aquello que le sirve a sí mismo. El arraigo que adquiere la corrupción en el seno de familias y de redes de amigos también sorprende, por la creatividad para fraguar actos delictivos sin pensar sus implicaciones en la misma familia y en la sociedad. Pero, la cultura de la corrupción está siendo afectada de forma significativa por las acciones del Ministerio Público, así como por el seguimiento crítico a las políticas públicas, por algunas organizaciones, por medios de comunicación y por personas de la sociedad. Se ha ampliado la veeduría de los delitos relacionados con la corrupción, con el trabajo de las redes sociales.
El trabajo que realiza la diversidad de actores mencionados requiere el apoyo sistemático de las instituciones educativas del país. La educación anticorrupción tiene que empeñar al Ministerio de Educación, al Ministerio de Educación Superior y a INFOTEP como una sola fuerza. De igual modo, tiene que comprometer a las instituciones de educación superior. Este compromiso supone no prohijar prácticas corruptas de ningún orden. La educación tiene que contribuir para erradicar la adicción a la corrupción en esta sociedad. Las entidades señaladas han de ser ejemplo de instituciones liberadas de la corrupción. Para ello, la política anticorrupción no puede ser solo una tarea del Presidente de la República. Todas las instituciones, especialmente las que hemos nombrado, han de trabajar para que el currículo, las condiciones laborales y la gestión institucional sean referentes comprometidos con una actuación anticorrupción. Las políticas educativas han de incentivar la lucha contra la corrupción social, educativa e institucional. Es necesario prestarle atención a la vida cotidiana de los Ministerios aludidos y de las instituciones de educación superior. Los centros educativos y los distintos grupos promovidos y gestionados por INFOTEP han de ser, también, baluartes contra todo lo que permita y aliente la práctica corrupta. La enseñanza preuniversitaria y universitaria tiene que redefinirse para que aborde, de forma explícita, cómo transformar la cultura de la corrupción para abrirle espacio a la actuación respetuosa de las leyes y de las regulaciones sociales e institucionales. Es necesario avanzar hacia una enseñanza que le preocupe y se ocupe de la formación de un nuevo liderazgo, cuya inteligencia y conocimientos estén al servicio del bienestar colectivo. Tanto en la educación primaria y media como en la universitaria, se ha de optar por aprendizajes para ser más libres. Se requieren aprendizajes que potencien la capacidad para comprometer esa libertad con el bien que va más allá de la esfera personal. Se han de propiciar experiencias de aprendizajes que les permitan la puesta en ejecución de la justicia y de la solidaridad concreta. El proceso de formación en educación anticorrupción es complejo. Constituye una oportunidad para el fortalecimiento de los valores personales y sociales. Además, fortalece el sentido de pertenencia a la nación y a la institución de la que forma parte. Se necesitan aprendizajes para innovar la mentalidad, la cultura y las actitudes ante los bienes públicos y privados.