La República Dominicana es un país hermoso por su gente y por la belleza de la naturaleza que lo rodea. Es un país en el que todavía quedan señales de acogida y de bondad, si nos comparamos con otras realidades culturales. Pero la inseguridad ciudadana, la corrupción institucionalizada y el caos del tránsito con sus consiguientes accidentes mortales, están transformando nuestro territorio, en un espacio casi inhabitable y de alta peligrosidad. Es por ello, que consideramos la educación vial, una tarea impostergable del gobierno y de las instituciones educativas.
Nos estamos acostumbrando a los accidentes, aunque todavía nos conmocionan los titulares de la prensa escrita, de los medios digitales y las imágenes de las redes sociales, que revuelven emociones y sentimientos. Parece que todo esto nos inmuta momentáneamente y luego todo sigue igual en el ámbito del tránsito. Una evidencia de lo que planteamos, se vincula con el reciente accidente acaecido en el tramo carretero Sánchez- Samaná.
Dieciocho personas fallecidas y más de 14 heridas, todos de una misma zona. Salvo los titulares de los periódicos, no percibimos ninguna expresión a nivel nacional, aún fuera simbólica, para solidarizarnos con las comunidades afectadas. En nuestro país hay mucha facilidad para declarar días de duelo y para enviar mensajes de condolencias. En esta ocasión, no se percibió gesto alguno que nos uniera a todos como país, ante un accidente de tal magnitud.
En este contexto, nos afloran interrogantes: ¿Qué han hecho los líderes políticos que se pasearon por esos lugares durante la campaña electoral? ¿Cómo han acompañado a las comunidades afectadas? ¿Qué apoyos concretos han ofrecido? Tenemos que esforzarnos más, para erradicar la cultura de la indiferencia y de la insensibilidad humana. Para ello, una ayuda valiosa es la educación vial integral, de niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas.
Este tipo de educación tiene como cimiento, los valores que incentivan la prevención de los accidentes, el cuidado de la vida humana y de las personas en general. Promueve la instauración de regulaciones que tienen en cuenta componentes humanos, sociales, jurídicos y ecológicos. Además, la educación vial integral, propicia una gestión equilibrada, del impacto de los accidentes en las emociones, la economía y la salud de las familias y comunidades afectadas. Asimismo, propugna por la instauración de una estrategia nacional de seguridad vial, que más que atender a hechos consumados, prevenga los problemas del tránsito. En esta misma dirección, subraya la educación vial sistemática, poniendo énfasis en el conocimiento, respeto y cumplimiento de las leyes, así como en un ejercicio ciudadano corresponsable y ético.
De la misma manera, la educación vial integral, demanda un comportamiento ético de las autoridades, de las instituciones comprometidas con el tránsito y de los ciudadanos. Nuestro país puede exhibir algunos avances en materia legislativa vinculados al tránsito, pero hay una distancia abismal, entre el contenido de la legislación y la ejecución del mismo. Las leyes no se aplican con el rigor y la ética requerida. Por ello, los accidentes y las muertes se han convertido en fenómenos recurrentes e imparables.
Los ciudadanos que valoramos la cultura de la vida y el imperio de la ética, debemos actuar para frenar la cultura del desorden en el tránsito; para desenmascarar a los funcionarios que tienen como escudo una palabra hueca y no intervienen conforme a los dictados de la ley, y de la emergencia nacional en materia de tránsito terrestre. No es posible que sigamos leyendo con tranquilidad, que somos el segundo país del mundo en muerte por accidentes de tráfico (Informe, OMS 2013), ni que la tasa de 41.7% de fallecimientos por cada 100,000 habitantes es la cifra que nos coloca por encima de la media del continente en este aspecto.
Tampoco podemos continuar insensibles, al leer que anualmente el país gasta 2.5% millones del PIB (Osorio, 2014) para cubrir parte de los gastos que generan los accidentes de tránsito. Constatamos, que llegó el tiempo de darle más carácter a la educación vial integral en el Sistema Educativo Dominicano, pues está en juego la vida de las personas, el desarrollo del país, así como la estabilidad y el aprendizaje de los estudiantes cuyas familias han sido impactadas por estos problemas.
En este marco, el trabajo de las autoridades del tránsito en RD, requiere mayor y mejor coordinación sectorial e intersectorial, para que las acciones y proyectos que impulsan sea más eficaz y eficiente. La lógica de la educación vial integral es la prevención. Es por esto que se hace cada vez más necesaria su implementación. Urgen menos eventos, menos comisiones, menos declaraciones sobre este problema. Lo que necesitamos es acción responsable y buenos resultados, de los que han sido designados para resolver en esta materia; también de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Para mejorar la problemática que nos ocupa, propongo que: las instancias responsables de dirigir el tránsito y el transporte del país, analicen su nivel de coordinación sectorial e intersectorial; revisen además, los niveles de formación y actualización en asuntos viales; clarifiquen, la estrategia global con la que enfrentan los problemas del tránsito y los accidentes. Sugerimos también, que las autoridades cumplan y hagan cumplir las leyes que regulan el tránsito. Propicien la formación y un manejo ético, de las regulaciones aplicables a los sujetos interesados en conducir camiones, patanas, autobuses, motores, taxis y otros medios de movilidad.
Sugiero una revisión general de la Ley 241 sobre Tránsito de vehículos, del 28/12/1967 y sus modificaciones, para que su formulación refuerce más, la prevención de accidentes y la educación vial integral. Finalmente, es deseable que la educación vial integral sea un eje transversal al que se le preste atención especial en los desarrollos curriculares actuales, en educación inicial, educación primaria y secundaria.