El proyecto Voces para el Avance de los Derechos de las Mujeres, que desarrolla el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) ha venido trabajando para crear conciencia sobre la necesidad de que se conviertan en leyes dos importantes proyectos que están en manos de los legisladores.
Uno es el proyecto de ley sobre "Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos". Otro es el proyecto "El Derecho de las mujeres a una Vida Libre de Violencia”. (Más en: Voces.intec.edu.do)
Aunque ambas iniciativas están en el Congreso Nacional, no han sido tomadas con la debida importancia que revisten como parte de los esfuerzos que deben de hacer los poderes públicos y sus funcionarios para combatir toda forma de violencia y exclusión.
Estos proyectos vendrían a complementar y a fortalecer las legislaciones existentes sobre las mujeres y sus derechos.
Como un asunto que afecta en más de la mitad de la población, debe de ser tomado en cuenta para verdaderas políticas de Estados, transversales, en todas sus instancias
Por ejemplo, el proyecto de ley de “Prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia” plantea la creación de un sistema integral de atención a la violencia contra la mujer, coordinado por todas las instituciones gubernamentales que trabajan esta problemática, como el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación.
La violencia y la exclusión contra la mujer no sólo deben combatirse reprimiendo al o los agresores, sino que se debe trabajar en la prevención social del problema, y en esta parte son fundamentales el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación, entre otras instancias del Estado dominicano.
Como un asunto que afecta en más de la mitad de la población, debe de ser tomado en cuenta para verdaderas políticas de Estados, transversales, en todas sus instancias.
Las y los especialistas que han trabajado sobre este asunto han determinado y los estudios y mediciones han determinado que los principales problemas que enfrentan las mujeres dominicanas son abuso, acoso, maltrato y violencia.
Las estadísticas, que no reflejan esta realidad con toda su crudeza y su impacto en la sociedad, ofrecen una idea de la dimensión del problema.
Por ejemplo, la Procuraduría General de la República registró que el año 2014 se procesaron 67 mil 130 casos de violencia de género e intrafamiliar. Al compararse con la del año 2013, cuando ocurrieron 53,074 casos, se evidencia un aumento. En cuanto a los asesinatos de mujeres, en 2014 se contabilizaron 178. Pero hay que subrayar que, según estudios de Naciones Unidas, menos del 10 % de los asesinatos de mujeres llegan a sentencia en la región de América Latina y El Caribe. En algunos países solo llega el 1 %.
Sobre el proyecto de ley sobre Salud Sexual y Reproductiva, es importante resaltar que vendría a dejar sentado el marco jurídico para la garantía y el pleno ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
Esto se haría con políticas públicas claramente reguladas, dirigidas a la prevención de las enfermedades y a la atención de la salud relacionada. También contendrá y tipificará las violaciones y sus respectivas sanciones.
Para cualquier persona medianamente informada sobre el tema está claro que República Dominicana necesita avanzar en salud sexual y salud reproductiva para ponerse a la par con los países de la región.
Todavía República Dominicana sufre altos índices de mortalidad materna. Las estadísticas han cambiado poco en los últimos decenios. Un ejemplo que ilustra resta realidad es que persiste la cifra de 159 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, según la última ENDESA (Encuesta Nacional de Salud).
Asimismo, el país tiene la quinta tasa más alta en embarazo en adolescentes, por sólo citar algunos de los problemas que requieren solución con mayor urgencia.
Por estas y otras razones, es necesario que las activistas por los derechos de las mujeres reciban apoyo y estímulo en su lucha porque el Congreso Nacional conozca y apruebe los dos proyectos citados.
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