El Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030 se le presentó a la sociedad dominicana con mucho calor educativo y social. Las instituciones educativas, públicas y privadas, y las personalidades suscriptoras del Pacto Educativo acudieron con actitud esperanzadora a la firma y ratificación de un compromiso nacional. El día 1° de abril de 2014 se selló una alianza estratégica para hacer avanzar la educación dominicana, un avance que ha de tener como marca la calidad y la equidad en todos los ámbitos. El Consejo Económico y Social de la Presidencia de la República Dominicana tiene a su cargo el liderazgo del Pacto Educativo. Estructural y técnicamente, el Pacto casi se acerca a lo perfecto. La diversidad de comisiones, de procedimientos, de acciones y de indicadores no deja lugar para la duda. En esta dirección, es justo señalar, también, que su capacidad de convocatoria es alta; la diversidad en la composición es significativa y sus reuniones resisten cualquier evaluación en lo que respecta a formalidad y circunspección. Todas estas bondades tendrán que tener algún impacto positivo en la ejecución de las tareas y responsabilidades del Pacto Educativo. Mientras eso ocurre, surge la pregunta ¿dónde está el Pacto Educativo?
El interrogante interesado en determinar el lugar donde se encuentra el Pacto Educativo no es banal ni casual. Han pasado cinco años y la sociedad dominicana; y, particularmente, los maestros, las familias y los estudiantes carecen de una información completa, de calidad y a tiempo real. Cualquier persona inquieta puede confirmar esta carencia; basta con preguntarle a los sujetos señalados qué hace y qué prioriza el Pacto Educativo en el momento actual. Hay voces que reiteran en el Pleno del Pacto Educativo la necesidad de ofrecerle información continua y confiable a la sociedad, especialmente a los maestros. Estos son sujetos importantes en el campo de la educación y no han de estar al margen de los procesos que desarrolla el Pacto Educativo. Lo que resulta extraño es observar, en la era de la información y la comunicación, la aplicación de una política de desinformación a sectores y actores claves de la educación dominicana. Obviar esta responsabilidad no le añade ningún mérito al Pacto Educativo; al contrario, lo convierte en un espacio que obstruye el ejercicio y el reconocimiento del derecho a la información.
Una actuación inteligente y respetuosa del derecho a la información requiere que se mantenga informado a los maestros, a las familias y al menos a los estudiantes de Educación Secundaria y de Educación Superior. Pero si el Pacto está interesado en tener en cuenta políticas y culturas de inclusión, puede y debe buscar estrategias para que desde la Educación Primaria se empleen los procedimientos pertinentes para aproximar la vida del Pacto Educativo a la cotidianidad de los actores. En este contexto urge desprivatizar las acciones y la información que se producen en el Pleno del Pacto Educativo. Es necesario que los líderes de este compromiso nacional tomen conciencia de que su función han de ejercerla en diálogo continuo con la sociedad, dando prioridad al sector educativo. De hacerlo así, se refuerza la coherencia; puesto que un sujeto informado tiene más posibilidad de actuar y de tomar decisiones con más efectividad. De igual modo, un sujeto informado tiene más oportunidades para aprender y transformar su propia práctica. La Asociación Dominicana de Profesores ha de revisar su postura para revertir un quinquenio de desinformación de los maestros en lo referente al Pacto Educativo. Esto equivale a decir un quinquenio de atraso y de dependencia. Cuando se margina a un sujeto de la información y de los procesos que les son connaturales, lo estamos confinando a la involución y a la subordinación. Esta situación coexiste con un discurso florido sobre las grandes maravillas que se están haciendo y se harán por los maestros y por las familias. Este tema no forma parte de la agenda de los medios de comunicación ni de los políticos.Y todo esto ocurre porque la cotidianidad educativa queda oculta por la preeminencia de la Junta Central Electoral, del Procurador y de la exquisitez de la reelección. El Pacto Educativo es público; los maestros, las familias y los estudiantes tienen derecho a conocer lo que hace, desde dónde lo hace, cómo lo hace y para qué lo hace.