En la Constitución de 2010, la República Dominicana adoptó la figura del diputado representante de sus ciudadanos residentes en el exterior cuando otorgó el derecho de voto a los dominicanos de ultramar. La ley 136-11, promulgada en junio 2011 por el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, tuvo por objeto regular el voto de los dominicanos residentes fuera de su país, para la elección de los diputados que los representan.
Uno de los considerando de esta ley establece: “Que en los diferentes continentes y regiones del mundo existen millones de dominicanos, los cuales mantienen una activa presencia y contacto personal y emocional con la República Dominicana, obligando al Estado dominicano a facilitar su integración a la vida política y social del país, sobre la base de su participación en las decisiones internas, creando las modalidades de ejercicio democrático de elegir sus representantes, a partir de los estados, ciudades o regiones donde residen”.
Sin embargo, uno puede preguntarse cuáles fueron las verdaderas intenciones que dieron nacimiento a esta figura jurídica. Podría aparecer a la luz de la experiencia y tomando en cuenta que nuestra Asamblea Nacional, de manera general, no se ha caracterizado por su intensa labor legislativa y tampoco por sus iniciativas novedosas,
que esta creación haya obedecido más bien a otras razones.
A la luz de la experiencia, cabe pensar que la innovación no fue propiciada para que los nuevos elegidos de ultramar legislarán efectivamente sobre temas nacionales, y aún menos sobre medidas a favor de la diáspora, ni tampoco que la representaran realmente.
La impresión que ha quedado es que la nueva disposición fue una medida de corte clientelista del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que la instauró y que surgió como una oportunidad para los partidos políticos que vieron en ella la posibilidad de ampliar su presencia territorial sobre los dominicanos en el exterior.
Fue en las elecciones congresuales de 2012 que la diáspora dominicana eligió a sus primeros representantes, con unos 147 mil votos.
A pocos meses de las terceras elecciones que llevarán nuevos diputados representantes de los dominicanos residentes en el extranjero al Congreso Nacional, salió a la luz pública una polémica sobre la necesidad para la República Dominicana de mantener la figura del diputado de ultramar.
Un senador pidió la eliminación de esas representaciones porque, a su juicio, no arrojan los resultados esperados y cuestan mucho dinero al erario público. Los aludidos respondieron de inmediato destacando la labor que dicen realizar desde sus curules desde que tomaron posesión en agosto de 2012.
No se puede negar que, en un país como el nuestro, donde el tránsito a la democracia sigue siendo todavía precario, estos cargos han atraído a algunas personas diestras en sacar provechos y que han entendido las ventajas de representar una población que, según la Comision Económica para América Latina (CEPAL), ingresó para el año 2018 siete mil millones de dólares a la economía nacional.
Sobre este tema ha corrido mucha tinta. Personas obviamente desconocedoras han llegado a afirmar que la República Dominicana había creado esta figura solo para aumentar las botellas pagadas de los fondos gubernamentales y que somos el único país del mundo a tener diputados de ultramar.
Esto último no es cierto. Otros países tienen igualmente diputados para representar sus poblaciones residentes en el exterior, en las asambleas parlamentarios de sus respectivas naciones, como son Colombia y Ecuador en América Latina, y Francia, Italia, Rumania, Macedonia, Portugal y Croacia en Europa.
Sin embargo, es interesante notar que, de veinte países de América Latina, la República Dominicana es el tercero con la superficie territorial más pequeña, y es el sexto en mayor cantidad de legisladores. Este factor surge como resultado de decisiones sobre división territorial y políticas y crea discrepancias proporcionales al comparar el nuestro con otros Estados con más superficie. A esta sobre representación legislativa que nos caracteriza se agregaron siete diputados de ultramar para representar una población en el exterior de una gran heterogenidad y complejidad.
Los migrantes dominicanos de las primeras generaciones mantienen una gran fidelidad a su país de origen y parte de ellos sueñan con regresar a su tierra con la cual mantienen lazos intensos. En los grandes países receptores de migracion dominicana se mezclan los que llegaron hace muchos años, los que siguen llegando, y los hijos e hijas de las primera, segunda y tercera generación.
Con el cambio generacional una parte cada vez más numerosa se considera como dominico-americana o española y tiende a integrarse a la vida de su nueva comunidad gracias a la educación, a fuerza de un trabajo duro y tesonero, borrando poco a poco sus lazos con su país de origen, el país de los padres. Han aprovechado las oportunidades que ofrecen los sistemas educativos de los países receptores, logrando oportunidades de empleo en los más diversos sectores y a pesar de los lazos emocionales no se sienten representados por los políticos dominicanos.
Las preguntas que surgen son las siguientes: ¿Qué les puede ofrecer a las comunidades de dominicanos residentes en el exterior un diputado de ultramar? ¿Qué sabe nuestra gente de esta figura? ¿Está interesado el dominicano promedio que vive en el extranjero en tener una voz en el Congreso Nacional de su país de origen, o quisiera más bien que cualquier otra figura lo ayudara a sortear las mil y una trabas que debe afrontar una persona que ha tenido que emigrar para buscar una mejor suerte dejando atrás su país de origen?