La situación de emergencia marítima suscitada el pasado 17 de agosto a causa de un incendio en el transbordador Caribbean Fantasy, con 512 personas a bordo en las costas próximas a San Juan de Puerto Rico, generó como secuela una situación delicada para las autoridades del Consulado General de la República Dominicana en la capital de la isla y una controversia –por demás innecesaria– entre el cónsul general en funciones, Franklin Grullón, comunicadores, medios de prensa y la diáspora.
Las autoridades consulares alegan que asistieron desde el principio a varias delegaciones deportivas juveniles que fueron evacuadas por la ingente tarea del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, las agencias para situaciones de emergencias del Estado Libre Asociado, el Departamento de Familia de la isla, la Cruz Roja, la Alcaldía de San Juan y otros municipios, entre otras entidades y héroes anónimos.
Como suele ocurrir en situaciones de desastres, una vez diluidas las llamas y desaparecido el humo, la verdad sale a relucir lenta pero segura. Las autoridades consulares insisten en que acudieron de inmediato a prestar ayuda material y de apoyo a los damnificados dominicanos, lo cual no coincide con el testimonio de varios protagonistas ni las imágenes de televisión difundidos durante y después de las primeras 48 a 72 horas críticas de ocurrido el siniestro en el transbordador o ferry.
Es lógico suponer que haya alguna discrepancia entre una versión y la otra, por varias razones que no han sido tomadas en cuenta. En primer lugar, los fotoperiodistas y camarógrafos que acudieron al centro de ayuda improvisado en el muelle de San Juan no registraron la presencia de diplomáticos dominicanos interesados en conocer de primera mano y desde sus inicios la situación de sus representados, algo de lo que pueden dar fe los comunicadores allí presentes.
En segundo lugar, la ausencia del cónsul general dominicano en la isla ante la situación inesperada de emergencia para los pasajeros y tripulantes de ese medio importante de comercio bilateral entre Puerto Rico y la República Dominicana, pudo generar un estado de incertidumbre inicial en la sede consular, en vista del respeto jerárquico,
Lo más probable es que el protocolo diplomático indicara pedir instrucciones a Santo Domingo para enfrentar una situación de emergencia, esta vez complicada por la llegada a la Cancillería del nuevo ministro de Asuntos Exteriores, ingeniero Miguel Vargas, en quien está toda la atención puesta, sumada al futuro incierto de muchos empleados del Servicio Exterior para los próximos cuatro años.
Cabe aclarar que las embajadas, consulados y misiones dominicanas en el exterior no tienen como responsabilidad principal mitigar situaciones de catástrofe. Para ello necesitan disponer de fondos de los que carecen. Su misión fundamental consiste en prestar o proveer servicios de índole más burocrática a ciudadanos y visitantes para fines de viajes turístico y de comercio que implique documentos como visas, pasaportes, actas de nacimiento y otros trámites afines.
De ahí que el cónsul general en funciones, ya que no ha sido ratificado en San Juan de Puerto Rico, Franklin Grullón, cuyo pasaporte diplomático venció el pasado 16 de agosto, pretenda justificar la pobre respuesta del Consulado en San Juan lanzando una cortina de humo contra medios y comunicadores. Ello desdice bastante de lo que debe ser la diplomacia a la luz de la nueva ley 630-16 del MIREX adoptada por la administración Medina en 2012, que deja a atrás más de 50 años de historia y atraso al sustituir la ley 314 del 6 de julio de 1964.
La nueva ley, legado del esfuerzo extraordinario del excanciller y actual ministro de Educación, arquitecto Andrés Navarro, define la política del servicio exterior como una orientada a mejorar las condiciones de vida de los dominicanos en el extranjero, teniendo como epicentro a la gente en los espacios de negociaciones bilaterales o multilaterales, en la promoción del comercio y en la defensa de los derechos humanos, elementos fundamentales de la administración del presidente Danilo Medina y su incuestionable esfuerzo en poner primero a la gente.
La Cancillería de la República Dominicana se ha caracterizado desde Max Enríquez Ureña hasta Miguel Vargas, pasando por Víctor Gómez Bergés, Hugo Tolentino Dipp, Eduardo Latorre y Andrés Navarro, por la constante evolución y esfuerzo para adaptarse al cambio y la sincronía de los tiempos, dejando de ser reactiva a las contingencias internacionales y en su lugar ser proactiva. El mejor ejemplo de esto último lo encarnó en la década de los años 70 la decana del cuerpo consular precisamente en San Juan, Puerto Rico, Quisqueya Damirón viuda de Alba, quien prestó servicios inolvidables a la diáspora dominicana en la isla, cuando eran otras las circunstancias geopolíticas.
Como afirmara en una ocasión pasada el recién embajador designado ante la OEA, Gedeón de los Santos, “”con unas autoridades apáticas, con una Cancillería sin planificación y sin recursos, y con un servicio exterior manejado por el clientelismo político era imposible desarrollar una política exterior competente, acorde con los cambios que se operaban en el país y en el mundo”, al referirse al período de 1992 a 1996. Ya avanzamos en la segunda década del siglo XXI y algunos en el servicio exterior no se acaban de enterar de su misión, pese a ejemplos tan sobresalientes como el del embajador dominicano en los Estados Unidos, José Tomás Pérez.
No obstante, la diplomacia dominicana cuenta con varias generaciones de competentes profesionales que con vocación de servicios ponen en alto la imagen y el perfil de la Nación en las distintas legaciones, los cuales han sido relegados por caprichos, celos, chismes, chanchullos, bochinches, activismo político y la falsa idea de algunos que se perciben a sí mismos como dueños de fincas heredadas y no como servidores públicos pagados por impuestos de los contribuyentes.
Por lo tanto, resulta absurdo e inexplicable que un diplomático asuma posturas que no encajan del todo con su misión definida por la Cancillería, en una abierta expresión de falta de diplomacia, tacto y percepción, contraria al interés de todos. Cada empleado genuino del Gobierno en el exterior tiene el deber no sólo técnico y profesional, sino moral, de asumir la defensa de todo dominicano en situación de necesidad precaria y acudir en su auxilio no solo protocolar.
En conclusión, es necesario que el MIREX se aboque cuanto antes al inicio de una reingeniería administrativa en la cual se incluya la evaluación de jefes de misiones diplomáticas, representantes permanentes ante organismos internacionales y cónsules generales, donde se defina al personal en las sedes, sus decretos de asignación, su acreditación, sus funciones y si cumplen a cabalidad con la responsabilidad asignada y la transparencia requerida para el cargo, así como con su presencia física en horarios y atribuciones requeridas.
Sólo así la diáspora podrá sentirse segura, protegida y servida. Y subrayamos, como afirmaba don Vito Corleone, “esto no es un asunto personal, es puro business…”