Opinión

Dilemas de la pandemia 2: los dobles estándares

Ahora bien, hay personas que temen que si se quita el toque de queda haya descontrol. Sin embargo, elegir entre descontrol o toque de queda es un falso dilema.

Por Ingrid Luciano Sánchez

En el artículo anterior, hablaba de dilemas éticos que hemos vivido en tiempos de pandemia en nuestra cotidianidad, por valores propios que entran en contradicción o cuestiones que priorizamos de forma distinta a nuestras personas más cercanas. Pero decía que todas estas cuestiones se complican aún más, puesto que nuestras decisiones individuales también se ven afectadas por las medidas gubernamentales, que no siempre son congruentes o racionales. En este aspecto me centraré en el presente artículo, especialmente mirando cómo operan los dobles estándares.

Ha estado en el tapete el debate sobre el toque de queda, fruto de los abusos policiales que han sido registrados en diversidad de lugares y condiciones y los cuestionamientos sobre la legalidad de las multas y detenciones. La realidad es que, desde los inicios del Estado de emergencia y el toque de queda, organizaciones y sectores populares vienen denunciando los abusos por parte de cuerpos del orden. Pero, hasta ahora, estos habían ocurrido con la aparente aceptación de ello por parte de una buena porción de la clase media y de los principales partidos políticos del establishmentque han estado de acuerdo con cada nueva extensión del Estado de emergencia.

¿Cómo entran aquí los “dobles estándares”? Algunas opiniones e indignaciones sobre los abusos policiales son selectivas y no siempre responden a valores como la justicia social o el derecho a la dignidad. Por ejemplo, el PLD implantó el toque de queda siendo gobierno -con multas y detenciones- y ahora cuestiona la arbitrariedad de las multas estando en la oposición. Si bien es una práctica común en el mundo de la politiquería, el doble estándar le quita peso a la denuncia. De igual modo, ciertos sectores son capaces de justificar cualquier atropello contra la juventud de los sectores populares y solo se indignan cuando la injusticia le toca a alguien que relacionan con su propia situación económica o social. Ahí es que piensan “esto me podría ocurrir a mí y es un abuso”. Pero cuando les sucede a “los otros”, no les importa y, aún más, buscan la forma de minimizar la situación, a favor de la autoridad. Por tanto, aunque parezca haber un consenso en la crítica a los abusos policiales, hay que reconocer que los intereses y principios que guían a los distintos sectores son diversos y en muchos de ellos son identificables dobles estándares según qué gobierno avale el abuso o según qué clase social lo sufra.

Pero hay otro sentido en el que operan los dobles estándares y está en las propias medidas gubernamentales. En el país en ningún momento hemos tenido una verdadera cuarentena, ni general ni focalizada. Esto ha sido así por las medidas impuestas tanto antes como después del cambio de gobierno. En una economía que se maneja con alto porcentaje de informalidad, fruto del desempleo, no se garantizó la posibilidad de disminuir el ritmo de actividad para gran parte de la población. Aún más, sectores formales no esenciales siguieron funcionando todo el tiempo por las presiones del gran empresariado, que ha contado con planes de rescate económico muy dispares a las pírricas ayudas que ha recibido una parte de la población más vulnerabilizada. Por lo tanto, el toque de queda se ha vivido como un doble estándar, pues mientras que de día la gente tiene la obligación de salir a trabajar, hacinarse en el transporte público o estar horas en un lugar cerrado y con poca ventilación con otras personas, en la noche arriesgan cárcel si quieren salir a caminar o si llegan tarde a su casa debido al denso tráfico. Son típicos ya los chistes de que será que en República Dominicana el virus solo se pega de noche. Y, ni hablar, ahora con el aumento del horario del toque de queda los fines de semana, que implica menos posibilidades de estar al aire libre o hacer diligencias, provocando más amontonamiento de personas en supermercados y otros espacios cerrados y que termina siendo contraproducente para el supuesto objetivo de la medida, que es bajar la tasa de contagios.

Otra gran contradicción es el tema de las detenciones por violación del toque de queda. Si el objetivo es que la gente no se aglomere, ¿cómo ayudan las detenciones de entre 400 y 2500 personas diarias por parte de la policía, según vienen informando en sus cuentas oficiales? ¿Acaso la OMS o los organismos expertos en infectología y epidemiología han recomendado las detenciones masivas? ¿Recomiendan apiñar a la gente o dispararles, para que los mate la policía y no el coronavirus? De ninguna manera. Por tanto, las medidas represivas son contraproducentes; en lugar de prevenir el contagio, han traído mayor estrés, pérdidas de vida y dolor a la población, en una situación ya bastante difícil. Pero lejos de rectificar ante las denuncias de los abusos, las autoridades han anunciado que perseguirán a quienes divulguen en las redes sociales el comportamiento de la policía.

Ahora bien, hay personas que temen que si se quita el toque de queda haya descontrol. Sin embargo, elegir entre descontrol o toque de queda es un falso dilema. Perfectamente se pueden tomar medidas gubernamentales que eviten las aglomeraciones y las fiestas sin toque de queda, tal y como se hace durante el día e, incluso, mejorando los protocolos vigentes a todas horas, especialmente garantizando transporte público con distanciamiento físico, ordenando el teletrabajo en todos los sectores públicos y privados donde sea posible y manteniendo los espacios de expendio de bebidas alcohólicas solo para llevar o a domicilio. Pero, además, hay que evitar los dobles estándares en todo sentido. Ha habido amplio rechazo a la apertura de las iglesias, mientras espacios que generan contacto similar como los teatros y cines permanecen cerrados, así como la absoluta flexibilidad con la que se ha manejado el turismo versus la mano dura para la población local.

Los criterios deben ser científicos y en función de la salud pública, no para beneficiar sectores de poder. Es incoherente que se invierta más en represión que en la realización de pruebas masivas para diagnosticar tempranamente los contagios de covid19.

El comportamiento de la gente puede ser más consciente y prudente si hay coherencia también desde el gobierno y el Estado y si se hace énfasis en la educación y prevención, más allá del “ponte la mascarilla” y “lávate las manos”. Se requiere acceso masivo a las pruebas de detección sin la odisea que implica actualmente, distribuir mascarillas de forma gratuita, garantizar el acceso a agua potable, el derecho a la atención médica pública y de calidad. También difundir informaciones claras y precisas que lleguen a toda la población sobre a cuáles centros médicos se puede acudir ante la enfermedad, cuántas camas hay disponibles en cada uno de ellos y facilitar mucho más la ruta a seguir por la persona una vez sospecha o confirma que tiene covid19, dando seguimiento a los casos para garantizar que las personas infectadas puedan aislarse y evitar la propagación, ofreciendo lugares dignos para ello cuando sea necesario. También la difusión de medidas preventivas de cuidado de la salud y fortalecimiento del sistema inmunológico.

Un mayor énfasis en la educación preventiva y mejorar la salud pública, en vez de la represión, la corrupción y el clientelismo, puede alentar mayor prudencia en las personas y no la combinación de indefensión, rabia, miedo y desconfianza que nos arropa. Se requiere sensatez por parte de la población, pero también debemos exigir lo mismo de las autoridades, que peligrosamente se van acostumbrando a gobernar mediante un estado de excepción permanente. Esta cuestión fue advertida por algunos filósofos a inicios de la pandemia. Ese será el tema de una próxima reflexión.

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