Más que un Estado Social y Democrático de Derecho, lo que asistimos por la praxis social y la ausencia de la normativa institucional es a un estado de privilegios, que se cristaliza de más en más en una democracia etiquetada, sin contenido. Es la puesta en vigencia, con todo desparpajo, no ya de la subcultura de la ilegalidad, de la informalidad, sino de la asunción como cultura, como expresión erigida, de esas dos dimensiones en el ejercicio público.
Existe en la sociedad dominicana, sobre todo en la esfera pública, un abismo entre lo que debe ser y lo que realmente es, una brecha gigantesca entre lo correcto y lo incorrecto. Por eso se acude tanto al cliché: eso hay que llevarlo hasta la última consecuencia. Si existiera el imperio de la ley esa frase no tendría razón de ser, el más mínimo sentido, puesto que la institucionalidad determina los procesos, los procedimientos y las consecuencias que derivan de los mismos, trayendo consigo a todos los actores.
Al auscultar la dinámica del ejercicio público, nos damos cuenta del enorme déficit de la inclusión social, vale decir, de la fuerte debilidad “de las garantías sociales” y al mismo tiempo de la gravidez en la atomización del sistema de partidos, de su descomposición que se refleja como actores primigenios en la relación Estado-Sociedad, en todo el entramado institucional. La desvalida legitimidad de los actores públicos no es más que la expresión de la ausencia de institucionalidad, lo cual superpone a la persona, sin límites en su ejercicio, lo que lo degrada todo. Esta purulencia, putrefacción, es el juego de las relaciones de poder y sus actores.
Crean las estructuras mafiosas para realizar “trabajos” fuera de los canales formales, institucionales. Reclutan personas de la organización en combinación con actores externos. Entran en una dinámica de relaciones de comportamientos desviados. Los monstruos seleccionados, en un primer momento cumplen las instrucciones “formales” del maderaje, armazón creado al respecto. Los engendros convertidos en frankensteins toman cierta autonomía y ahora hacen los trabajos del sistema, de los intereses particulares de los actores en el poder y los suyos propios. Es lo que ha ocurrido en el seno de la Policía Nacional a lo largo del tiempo, lo que se dio en el caso de la SunLand y lo que se da ahora con los jueces suspendidos.
¡Espectáculos y brumas! La cultura del bucanero se impone por lo que no llegaremos a conocer formalmente quienes daban las órdenes superiores en el caso de la Justicia. No llegaremos a saber si era del sector externo o un poder del mismo seno del Poder Judicial. Es lo mismo con el caso de la OISOE, tres presos. Vienen los rumores como consecuencia de que lo institucional no prevalece. A lo más que se llegará en esta informalidad institucionalizada, en esta cultura de la ilegalidad, es a que los jueces se “sacrifiquen”, haciendo galimatías con garantías de los que los auparon en la estructura de que no se irá muy lejos. Eso si, no se atreverán a decir toda la verdad, no pueden involucrar a los protagonistas del tinglado enmarañado.
Cuando la informalidad de la ilegalidad prevalece, los limites están en función de los “pejes” gordos. Cuando las leyes se aplican como parte del imperio de la ley, toca a todos. Las conexiones y contactos que sirven de bypass no se producen. No se produce la igualdad y como dice Latinobarómetro 1995-2015 “La única igualdad que puede ofrecer la democracia es la igualdad ante la ley, el acceso y la igualdad de oportunidades”. La igualdad de una democracia no es otra cosa que la garantía de ausencia de discriminación “legal”. Lo que vemos con la OISOE, con el caso del Darío Contreras, con Félix Bautista, con el caso de San Francisco, es un fiel reflejo del aterrador, espantoso panorama institucional.
Uno de los tres presos del caso OISOE dijo explícitamente el nombre de José Florencio. Todo el que sabe de investigación entiende que lo de OISOE tiene otros entramados más ramificados y que debe haber más personas, incluyendo del Ministerio de Educación. Yocasta Guzmán hizo un estudio del caso Darío Contreras, estableció los delitos punibles que encierra el mismo y cita textualmente la empresa involucrada. La Jueza Awilda Reyes Beltré le dice al presidente de la Suprema que recibió dinero para el caso del regidor de Pedro Brand y en esa oportunidad, el alto funcionario no hizo nada ni dijo nada.
La sociedad dominicana y de manera más extraordinaria, los actores del ejercicio público, denotan, acusan, un abismo, un vacío entre lo que deben hacer, como fuente correcta, normativa y lo que hacen. Ellos más allá de la ceguera tienen el punto ciego ético, que no es más que la poca conducta ética que realizan en sus acciones y decisiones, sin tomar en cuenta el daño que hacen a los demás. Es como “la falta de consciencia” del desconocimiento de su “realidad”. Los puntos ciegos “Nos impiden a todos ver la distancia entre nuestra conducta real y la que desearíamos tener.”
Esos puntos ciegos éticos llevan a esos funcionarios públicos a la hipocresía moral, con sus transgresiones que no logran desdibujar los conflictos de valores y de intereses. La ética conductual de esos desvergonzados no es más que la “doble vara de medir”, entrando de manera permanente en la ética delimitada, que al decir de M. H. Bazerman “… La ética delimitada o restringida, entra en juego cuando las personas toman decisiones que perjudican a otros, y cuando ese perjuicio es incoherente con las creencias y las preferencias conscientes de esos individuos que toman decisión”. En su ética conductual lo que nos dice es que no tienen la más mínima crisis existencial cuando se encuentran frente a un dilema ético.
Una sociedad con un fuerte déficit institucional en la praxis y dada la poca calidad de los actores políticos, lo que seguirá profundizándose es una laguna ética-moral, esta vez anidado en la agenda de la reelección. Deviene, pues, que cada día desaparecen los límites porque el poder se sobrepone en sí mismo, más allá de los “bucles” institucionales para por encima de las creencias, de sus discursos, entrar en el difuminado ético en su ejercicio público. Es así como estropean y estrujan a esa misma sociedad para su propio beneficio.