La historia registrará al 2020 como uno de los años más difíciles para la nación. En el primer semestre nos enfrentamos a unas elecciones, una pandemia y un castrante frenazo económico cuya secuela ha sido una grave crisis social y económica. Serán las elecciones del próximo domingo las que decidirán como nos manejaremos en los últimos meses del año y mas allá. Pero, aunque el desafío de retomar y recomponer el rumbo de desarrollo es grande, las capacidades disponibles permiten otear un mejor futuro.
Según las encuestas serias, el próximo gobierno estará en manos del PRM. Ese partido ha dado muestras de reconocer el descrédito en que cayó la clase política y ha puesto orden en la casa (celebrando una convención ejemplar, construyendo su propio padrón, eligiendo a sus candidatos sin agrias trifulcas, etc.). En consecuencia, es probable que, auxiliado por un equipo de caras nuevas y bien calificadas, pueda enfrentar la delicada coyuntura que ha creado la pandemia. Se espera también que libre a la nación del lastre de corrupción y del anquilosamiento que ha legado el partido del actual gobierno.
En el corto plazo el nuevo gobierno deberá enfocarse en tres frentes principales: la debacle de las finanzas públicas, la reactivación del aparato productivo y la agudización de la pobreza. Para enfrentarlos con éxito no debe limitarse a las fórmulas de las agencias multilaterales ni dejarse encerrar por las ergástulas mentales de algunos economistas indolentes. Lejos de instalar un plan de austeridad que niegue derechos y golpee a las clases carenciadas, la opción sensata es la de elevar significativamente el gasto público, tal y como lo recomienda el FMI. Deberá priorizar el bienestar del 41% de la población que, según el Banco Mundial, clasifica como vulnerable.
Antes de la pandemia no se vislumbraban serios nubarrones en el escenario económico. En los últimos años hemos sido líderes de crecimiento en America Latina y hemos liderado también la captación de inversión extranjera en el área del Caribe y Centroamérica. Habíamos vencido todos los avatares y las señales indican que en el exterior se nos percibe como un destino apetecible tanto para el turismo como para la inversión. Pero para que nuestra economía se recupere y siga creciendo el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica será un requisito esencial. Las presiones cambiarias que han aflorado últimamente desaparecerán tras las próximas elecciones.
Los logros citados son mayormente de la nación, no necesariamente del gobierno de turno. El déficit de nuestra balanza de pagos ha sido manejable en vista del crecimiento sostenido de las remesas, el turismo y la inversión extranjera. Los crecientes aportes de esos tres renglones de la economía reflejaron la recuperación de la economía mundial después de la crisis financiera internacional que se inició en el 2008. Exceptuando la paz social, en esos logros el gobierno no tiene mayor responsabilidad porque las políticas públicas locales no jugaron un papel preponderante. (Sin las zonas francas y la minería, las exportaciones han estado estancadas durante los últimos diez años.) Pero para la reactivación económica de ahora esas políticas serán determinantes frente a la profunda desaceleración de las economías de los países desarrollados.
Para equilibrar la balanza de pagos y garantizar la estabilidad macroeconómica, sin embargo, las divisas aportadas por esos renglones no hubiesen sido suficientes. Fue el incesante crecimiento del endeudamiento patrocinado por el gobierno lo que completó el faltante. Para disponer de suficientes recursos para impulsar el desarrollo interno, el gobierno opto por evadir el espinoso expediente de un pacto fiscal que proveyera los recursos faltantes. El resultado ha sido que la deuda externa sobrepasa el 54% del PIB –con un FMI advirtiendo la amenaza de insolvencia– y que el servicio de la deuda se traga un 26% de las recaudaciones fiscales.
Con un déficit fiscal en el 2020 estimado en un 6.6% del PIB, reequilibrar las finanzas públicas demandará de un hercúleo esfuerzo de parte del nuevo gobierno. Frente al recomendable aumento del gasto público en el segundo semestre del año y para evitar que el país se enrede en una espiral inflacionaria se deberá evitar recurrir a una política monetaria alegre; la inflación resultante laceraría inmisericordemente la economía de los pobres. Al cubrir solo un 74% del Presupuesto este año tampoco podrá esperarse que las recaudaciones provean los fondos necesarios. Las necesidades de la coyuntura no dejan duda de que, sin pacto fiscal, el complemento tendrá que seguir siendo el financiamiento externo, ya sea de préstamos de los organismos financieros internacionales o de los bonos soberanos.
Previendo que no habrá condiciones para emprender la concertación de un pacto fiscal, el PRM ya ha anunciado que someterá una “reforma fiscal” a final de año, aunque comenzará por eliminar el gasto superfluo y la corrupción para primero sanear las finanzas públicas. Es probable que algún alivio adicional pudiera provenir de fuentes internacionales, pero eso no es nada seguro. Las naciones desarrolladas están mas concentradas en resarcir los daños de la pandemia a sus propias economías. Por otro lado, sería deseable también vender algunos activos estatales; p. ej. del sistema eléctrico, Banreservas, y CORPHOTELS, unos focos de pernicioso nepotismo y malas prácticas. Pero eso requiere algún tiempo y las ventas no se completarían hasta el próximo año.
En el corto plazo, el mayor reto del nuevo gobierno será enfrentar la crisis social que ha generado la pandemia. El destacado economista Pavel Isa advierte: “Antes de la crisis y después de progresos sostenidos en esta materia a lo largo de 25 años, estimaciones de la FAO indicaban que en la República Dominicana había un millón de personas, esto es, 10% de la población, que estaban subalimentadas. Eso significa que ingerían un número de kilocalorías inferior al nivel recomendado. Además, datos oficiales reconocen que algo más de un 75% de la población está en inseguridad alimentaria. Esto significa que, en los últimos tres meses, por falta de dinero y otros recursos en los hogares de esas personas había faltado alimentos. Igualmente, los últimos números disponibles indican que entre 5% y 7% de los niños y las niñas de 5 años y menos sufren de desnutrición crónica por falta de una alimentación adecuada. Eso significa que su talla es inferior a la esperada. También que unas 800 mil mujeres en edad fértil sufren de anemia.” De ahí que la prioridad principal sea aminorar el golpe a los mas vulnerables, y especialmente a los pobres y los de extrema pobreza. De no ser así, propiciaremos, como dijo Hostos una vez: “una crónica y perniciosa anemia social” que nos torne “incapaz de perdurar como nación civilizada”.
En su última alocución, el presidente Medina anunció la extensión por lo que resta de su periodo de gobierno de los programas “Pa’Ti”, “Quédate en casa” y “Fase I y II”. Por su parte, el PRM ha anunciado que duplicará los subsidios del SIUBEN y que pagará $10,000 a los que queden desempleados después de la reactivación. Pero eso no será suficiente para paliar la crisis social derivada del frenazo económico. Es preciso que, para restaurar los medios de supervivencia de los segmentos poblacionales más vulnerables, se diseñe un plan de asistencia social que embride los meses restantes del año (incluyendo la introducción del Ingreso Básico de los Pobres). El necesario aumento del gasto público debe absorber estos costos.
En el mediano plazo, la batalla por el desarrollo social tendrá que centrarse en dos áreas principales que el gobierno saliente deja en ascuas: salud y educación. El 911 ha sido un rutilante éxito gubernamental, al igual que la alfabetización de 700,000 dominicanos, pero el gasto oficial en salud es apenas de 1.8% del PIB cuando en America Latina el promedio es de 6%. De ahí que no se haya podido instalar el sistema de la atención primaria y que la seguridad social no alcance bien a los pobres. En materia educativa, después de lograr el 4% y aumentar los salarios de los docentes, el gasto del saliente gobierno se concentró en la construcción de aulas (llegando a 27,000 en siete años). Pero se dio la espalda a la calidad de la educación hasta el punto de que las pruebas PISA evidenciaron que nuestros estudiantes clasifican en los últimos lugares en ciencia, matemáticas y lectura en el mundo. Mientras, el MINERD todavía no se rige por la prioridad de la calidad y la ADP muestra renuencia para acompañar el esfuerzo de mejoramiento cuando debería liderarlo.
Todos los gobiernos tienen sus luces y sus sombras. Al inicio del suyo, el presidente Medina alcanzó la más alta valoración entre los jefes de estado latinoamericanos (94% de aprobación) y, según las encuestas termina con un 66% de aprobación (Greenberg). La infame sarna de la corrupción, sin embargo, marcara vergonzosamente su gobierno. Mientras, los otros desafíos que dejó demandaran coraje de parte del nuevo gobierno. Con sanos bríos, pero encarando enormes expectativas, este deberá crecerse para enfrentarlas idóneamente.