El gobierno liderado por el Sr. Presidente Luis Abinader está trabajando para poner en ejecución, si no todas, la mayoría de las propuestas y promesas que presentó en la campaña electoral y que lograron la acogida de una mayoría significativa del pueblo dominicano. Muchos de los votantes, además de estar decididos a desplazar del poder al partido gobernante, participaron de las elecciones encantados por el discurso de un partido joven, que presentó, con gracia y sobriedad, propuestas y prácticas, no solo deseables, sino prioritarias en la República Dominicana. Sobre este aspecto vale destacar el énfasis en cero corrupción, cero impunidad, austeridad y no hacer más de lo mismo; por ello el tono alegre y rítmico de la canción El cambio va. De la campaña electoral han pasado a ser los representantes del pueblo dominicano, con el que hicieron compromisos que tienen fuerza y están presentes en la mente de cada uno de los que votaron por el Partido Revolucionario Moderno, PRM. En los momentos actuales se incrementa una preocupación que parece insignificante; pero no lo es. Diversos sectores de la sociedad dominicana observan y constatan que el Presidente de la República dialoga, escucha y realiza un esfuerzo elevado para responder de forma coherente con el discurso de campaña y con el que muestra como gobernante. Su postura abierta y decidida al fortalecimiento de la institucionalidad entra en contradicción con acciones de funcionarios y dependencias gubernamentales. El desencuentro entre el Presidente de la República y funcionarios echa por tierra lo que se prometió y lo que la sociedad necesita.
La situación planteada nos presenta una clara dicotomía entre los esfuerzos del líder del gobierno actual y funcionarios e instituciones que continúan aferrados a una cultura opuesta a la institucionalización del país. Los indicadores de estas prácticas involutivas se van incrementando: órdenes de compra de artículos superfluos; gastos excesivos en el embellecimiento y adecuación de oficinas; asignación irracional de custodias a personas determinadas, mientras la mayoría del pueblo dominicano está indefenso. La lista es extensa; y esto requiere que el Presidente de la República se dirija directamente a los funcionarios de su gobierno para que no profundicen las incongruencias entre lo que rechazaban en la campaña electoral y lo que están reproduciendo ahora. Esta posición ambigua no es aceptable; y recibe el rechazo de los dominicanos conscientes y comprometidos con el desarrollo y el avance de la nación. Ningún dominicano puede ser indiferente a esta situación. Hemos de estar vigilando de forma sistemática a las personas que nos representan en los distintos Poderes del Estado, para contribuir con el fortalecimiento de la institucionalidad y el desarrollo integral de la sociedad dominicana. Reconocemos y saludamos las dependencias estatales que no han caído en la práctica que estamos señalando. Lo que expresamos respecto de dependencias del poder ejecutivo, lo subrayamos en relación con el Poder legislativo. Es inadmisible que ahora guarden silencio ante los cofrecitos y barrilitos que complementan sus altos salarios y facilidades. Se les olvidaron las críticas a unos privilegios que hieren la dignidad de los empobrecidos y de los contribuyentes de la República Dominicana. Una muestra más de los que instrumentalizan a los ciudadanos, que presentan un discurso seductor en campaña electoral y una práctica ominosa para el desarrollo y la madurez política del país. La actuación de unos y de otros implica un retroceso vertiginoso de la democracia y de la libertad. Tener a un Poder como el Legislativo secuestrado por la cultura del privilegio afecta de manera profunda el ejercicio profesional y libre de la función para la que fueron elegidos.
Le sugerimos al Presidente de la República Dominicana que se dirija directamente a los funcionarios que ha designado, para que respeten las leyes, para que aterricen en la realidad que vive el pueblo dominicano; y para que, por respeto a sí mismos, acorten la distancia entre discurso y actuación. Exhortamos a la sociedad dominicana a que contribuya con una veeduría especial, para que no se impongan prácticas obsoletas y podamos avanzar.