La dirección y el liderazgo del Partido Revolucionario Moderno tienen plena conciencia de que para enfrentar con eficiencia el desbordamiento de la delincuencia, para controlar la violencia, el desorden, la inseguridad jurídica y los vacíos de autoridad que se producen en prácticamente todo el territorio nacional, de lo cual es una clara señal el desorden migratorio, se requiere que el país fortalezca su institucionalidad.
Y saben también que ese fortalecimiento institucional inicia con jueces no controlados por los partidos políticos ni por grupos de intereses particulares, empezando por las llamadas altas cortes y en la Junta Central Electoral, que ya no es tribunal pero que tiene una responsabilidad no menos fundamental como es la organización de elecciones generales libres, equitativas y transparentes.
Aunque al constituirse el PRM ya había uno de sus dirigentes en la JCE, el licenciado Eddy Olivares, a partir de que cesó el mandato de la directiva anterior, el partido decidió no participar en la trampa que ha venido poniéndosele desde hace tiempo con el reparto de los cargos.
Esa trampa quedó harto evidenciada en las pasadas elecciones, que pese a tener allí al licenciado Olivares no pudo impedir que fueran las más desiguales que se hayan celebrado jamás en la historia “democrática”, como documentó Participación Ciudadana, y que fueran denunciadas por el ex asesor de la JCE y reconocida autoridad en materia electoral, Daniel Zovatto, como un grave retroceso de la democracia dominicana.
El PRM advirtió a tiempo que ese reparto patrocinado por el PLD devenía en una cuesta enjabonada que llevaría al país a un furnia institucional y por eso se negó a prestarse al reparto en la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral y ahora en la elección de los 4 jueces del Constitucional y los que vienen de la Suprema Corte de Justicia.
Sin un PRM prestándose a la tramposería del PLD que reparte y reparte y se queda con la mayor parte, los morados se han visto obligados a morigerarse, a nombrar gente con menos compromiso al menos público de la mayoría de los elegidos y que se imagina tendrá mayores reparos para actuar de espaldas a los códigos.
El gobiernismo impuso como quiera su “dictadura de la mayoría”, para incluir allí a gente que el PRM sindicó como relacionadas políticamente con el gobierno morado. Por eso los representantes del PRM decidieron no votar por al menos dos de los jueces elegidos.
El peor palo acechao del gobierno del PLD, que se materializó sin el voto de los representantes del PRM, ha sido sustituir a la saliente primera sustituta del juez presidente del TC , magistrada Leyda Margarita Piña Medrano con el redomado político Rafael Díaz Filpo, curtido dirigente del PRD, aliado del partido de gobierno.
Pensándose que obviamente al gobierno del PLD no le gustó el fallo del TC negándose a recibir un recurso que pretendía declarar inconstitucional la Constitución, de lo que parecen responsabilizar al actual presidente, Milton Ray Guevara, ojalá que a él no le dé ni gripe al menos hasta que desparezcan las alucinaciones y resentimientos reeleccionistas.
El gobierno del PLD no alcanza a ver que todos sus tecnicismos y trapisondas pueden desaparecer como por ensalmo, hacerse añicos, si continúan ensuciándose en la regla institucional y democrática, y desatan turbulencias que ni imaginan, y en las que pueden terminar perdiéndolo todo.
Ningún político dominicano debía olvidar jamás la historia patria en el puntito en que Balaguer pronunció aquel discurso proclamando que “primero un presidente muerto, que un presidente huyendo”, horas antes de asilarse en la nunciatura para escapar al exilio.