“… Nunca se había robado tanto; nunca se había depredado tanto, nunca se había dilapidado tanto, nunca nos habían endeudado tanto y nunca nos habían avergonzado tanto.” (Mario Fernández).
La corrupción en el 2018 siguió su agitado curso y la impunidad otea como “estrella” de ostentación y simbología del poder, en su fase de degradación más espeluznante que la sociedad haya asistido en los últimos 57 años.
La corrupción y su hermano gemelo, la impunidad, por la ausencia de castigos, de sanciones, de consecuencias, corren como un río caudaloso en nuestra sociedad. Es que, en los últimos 14 años la forma de dominación política se articuló sobre la base de la corrupción, de la impunidad, del clientelismo. No puede comprenderse la hegemonía de la actual elite política si no es a partir de esas premisas correlacionadas con el rentismo, como un factor fundamental en ese ensamblaje de control del Estado.
Ese enseñorease del poder del partido gobernante cobra más dimensión con la Constitución del 2010, en el que una de su esencia de la transformación fue el Poder Ejecutivo “adueñarse” del Poder Judicial para blindar a la delincuencia política, a lo largo y ancho de todo el tejido de la sociedad dominicana.
Por primera vez desde el 1844, la corrupción no es solo endémica, sino al mismo tiempo sistémica, estructural, institucional. El Estado se corporativizó y al corporeizarse, vía el partido hegemónico, no existe una clara diferenciación y a menudo ni se da una mera y sutil decantación. Así, el Estado ha devenido en una fuente caudalosa de acumulación a través de la corrupción en sus más diversas expresiones: Administrativo o Burocrática, Nepotismo, Rentismo y la Captura del Estado.
Es la concepción del Estado en su visión patrimonialista, no ya personalizada, sino allanada por un partido que ve la política como un negocio. En este año varios organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales muy acreditadas nos evaluaron, entre ellos: The Economist, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Latinobarómetro, Oxfam, Barómetros de Las Américas de Transparencia Internacional.
The Economist señaló que el Comercio ilícito había crecido en República Dominicana y entre las causas citó: “… La informalidad de la economía, la corrupción entre los militares, la evasión fiscal…”. El BID en su loable publicación Mejor gasto para mejores vidas, establece que en nuestra sociedad se pierden 3.9% del PIB en materia de malversación, corrupción, clientelismo. Esto representa la friolera suma de RD$167,000,000,000.00 (ciento sesenta y siete mil millones de pesos) anuales. La ineficiencia técnica en la ejecución y la ineficiencia en la asignación de los recursos son de los ejes medulares que agrietan aún más el pantano de la corrupción.
En el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Global de 2018-2019 que aborda la problemática de la corrupción quedamos así: Delincuencia organizada (100); Independencia judicial (125); Eficiencia del marco legal en las reglamentaciones existentes (105); Carga de la regulación gubernamental (99); Eficiencia del marco legal para resolver disputas (95); Orientación futura del gobierno (99); Incidencia de corrupción (113); Protección de la propiedad intelectual(80); Calidad de la administración de tierras (74); Fiabilidad de los servicios policiales (131). En cada una de esas variables quedamos muy por encima del ranking general promedio que fue 82/140, lo cual nos dice como andamos en el Pilar Institucional (99) y en consecuencia, en la Gobernanza y la Gobernabilidad.
Latinobarómetro nos auscultó y dijo que en el 2018 la percepción de los dominicanos con respecto a la corrupción llegó a 77, el segundo más alto después de Venezuela. Oxfam en su más reciente Informe Democracias Capturadas: El gobierno de unos pocos, nos sitúa en el cuarto país en la percepción de que se gobierna para unos pocos (84), cuando el promedio general de los 18 países evaluados es 75. La Captura del Estado, su nivel es un indicador fehaciente de cómo anda la corrupción. Barómetro de Las Américas de Transparencia Internacional evaluó este año veinte países acerca de los sobornos. Sacamos un 46, el segundo país con la tasa más alta de sobornos después de México que obtuvo 51, líder en esa valoración.
Aquí, en nuestro país, la corrupción siguió visibilizándose. Por cada acto de corrupción que observamos existen 25 en el terreno subterráneo. No hay cifras más ocultas que las de la corrupción. De todos los casos de corrupción del 2017 solo uno tuvo una condena definitiva en los tribunales: Félix Rodríguez, ex alcalde de San Francisco, fue condenado a 5 años de prisión. Se le acusó de desviar fondos por 400 millones de pesos.
ODEBRECHT, a dos años del escándalo, todavía no se llega a la fase preliminar y no hay un solo preso por el reconocimiento de esa organización del pago de sobornos por US$92 millones de dólares. La Cámara de Cuentas todavía a esta altura no acaba de evaluar las 17 obras para verificar y ventilar las sobrevaluaciones, los sobrecostos. La misma ODEBRECHT reconoció que cada obra donde dio soborno significaba un costo promedio de 22% de sobrevaluación. Los Tucanos, a pesar de que Embraer reconoció sobornos por 3.5 millones de dólares y que rubricara un acuerdo con la Procuraduría, solo el Coronel Piccini se encuentra preso y no ha sido juzgado por un tribunal de la Justicia.
Lo del CEA y los tres muertos sigue sin llevarse a la justicia. Lo de CORDE no fue sino en agosto de este año que el PEPCA lo canalizó a los tribunales. El caso de la OMSA, con toda la corrupción ventilada en los medios, después de la muerte de Yuniol Ramírez, la Procuraduría no ha procurado nada.
En este año Nuria Piera divulgaría lo que a nuestro juicio es el caso más paradigmático, el icono de 2018: El caso de la Plaza de la Salud Dr. Luis E. Aybar. El 8 de julio de 2013 hubo una licitación por RD$6,993 millones, 752 mil 25 pesos. Tres años después, esto es, el 19 de abril de 2017, le confeccionarían un adedum por RD$1,747 millones, esto es, un 24.97% de aumento, que llevaría la obra a RD$8,740 millones, 357 mil, 619 pesos. El sábado 6 de octubre elaborarían otro adenda por un monto de RD$6,121, 157, 174 (seis mil ciento veintiún millones, cientos cincuenta y siete mil, cientos setenta y cuatro pesos). Este adedum es después que el mismo Director de OISOE reconociera que la construcción y reconstrucción tenía una ejecución de un 85%.
La obra terminaría por el orden de los RD$14,681,514,764 (catorce mil seiscientos ochenta y un mil millones, quinientos catorce mil, setecientos sesenta y cuatro) pesos. Esto representa RD$ 7,686,762,739 (siete mil seiscientos ochenta y seis mil millones, setecientos sesenta y dos mil setecientos treinta y nueve) pesos por encima de la primera licitación, lo que constituye un 112 % del precio original que viola de manera significativa y palpable los artículos 25, 26 y 31 de la Ley 340- 06 de Compras y Contrataciones.
El caso del Ministerio de Industria y Comercio que, aunque fue en el 2013 y 2015, acerca del precio de paridad de importación del GLP. Dos Resoluciones, la 07 del 13 de enero de 2013 y la BIS-365 del 30 de diciembre de 2015, llevarían los precios de importación de U$135 dólares a U$185 dólares; luego a U$215 y, por último, a U$235 dólares la tonelada métrica del precio de importación. 90 dólares más, lo que equivale a RD$4,500 millones de pesos anuales.
Pero sucede que no subió a nivel internacional el flete de importación por los barcos ni el GLP en sí mismo. Ese aumento de los 90 dólares se le cargó a los consumidores, sin que en ningún caso los actores involucrados tuvieran que erogar ni un centavo. ¡Lo insólito es que era para dos empresas privadas! Es la verdadera captura del Estado, un funcionario emite dos Resoluciones que beneficiarían directamente a dos empresas. La silla giratoria de la captura del Estado.
Esta es la hora que todavía ante una ganancia espuria, grotesca, ilegal e ilegítima, la Procuraduría no ha canalizado una investigación, no ha procurado nada para pedir a las empresas el dinero ganado de esa manera. El Ministro de Hacienda solo atinaría a reconocer esa desviación. Sin embargo, lejos de disminuir el precio del gas en RD$30 pesos por galón, que es lo que significó el aumento de US$90 dólares de la tonelada métrica del PPI, lo envió al Fisco, esto es, algo ilegal que beneficiaba al sector privado pasó al presupuesto del Estado sin que esto deje de ser ilegal y escandaloso.