Vivimos en un contexto social, isleño, caribeño, latinoamericano y mundial en donde hay grandes desigualdades generadoras de violencia y exclusión social. Las riquezas están en pocas manos. La campaña Internacional “Iguales” asumida por la ONG OXFAM ha revelado que cerca del 1% de la población mundial tiene la mitad de las riquezas mundiales.
Joseph Stigliz, premio nobel de economía (2001) escribió hace unos años un interesante libro, titulado “El precio de la desigualdad” (2011), a partir del contexto económico y social de Estados Unidos de América. Su tesis principal es que el 1% de la población acumula lo que el 99% necesita para vivir.
La sociedad a la que se refiere J. Stigliz en su libro es la que fundamenta su economía en elementos como la producción y venta de armas, en el tráfico y consumo de drogas y en la promoción y sostenimiento de conflictos bélicos en otros países y territorios. Por eso la violencia, fruto de la desigualdad social y el aumento de la pobreza, se ha incrementado dentro del territorio norteamericano, sobre todo a partir de los atentados de septiembre del 2001. Con frecuencia escuchamos noticias relacionadas con personas que realizan matanzas colectivas en sitios públicos.
Incluso el periódico inglés “El Guardián” ha revelado en esta semana que en lo que va del año 2016 la policía en USA ha matado a unos 192 jóvenes de procedencia afroamericana.
En el ámbito local se cumplieron en esta semana los tres años de la fatídica sentencia 168-13 (23-9-2013), que desnacionalizó a miles de dominicanos y dominicanas sobre todo de origen haitiano.
Eso provocó una reacción de los mismos afectados, de los organismos defensores de los derechos humanos dentro y fuera del país, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una constante crítica de personajes como Mario Vargas Llosa y críticas de organismos internacionales como Amnistía Internacional, que desde el conocimiento de la sentencia ha dado seguimiento al tema de la desnacionalización de las hijas e hijos de inmigrantes.
De hecho, en esta misma semana un representante de Amnistía Internacional estuvo en la Casa de Gobierno, para presentar unas 50,000 firmas provenientes de personas e instituciones de 134 países, solicitando al Gobierno dominicano la aplicación de “medidas urgentes” para hacer frente a la crisis de personas apátridas en República Dominicana, afectadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
En varios artículos publicados en el digital Acento, mantuvimos la tesis que detrás de la sentencia 168-13 estaban los grupos más conservadores de las élites económicas y partidarias, que intentan mantener a la población migrante haitiana y a las y los trabajadores dominicanos de ascendencia haitiana en una situación de nueva forma de esclavitud, obligándoles a trabajar por salarios de miseria, sin las más mínimas condiciones laborales y haciendo lo posible para que no obtengan sus documentos legales, pues esto permitiría que las y los trabajadores migrantes, negros y pobres, puedan reclamar sus derechos. Además, defendimos la tesis de que para mantener esta situación había habido, desde hace varias décadas, una alianza económica y partidaria, legislativa y judicial estratégica entre la oligarquía dominicana y la haitiana.
Las consecuencias de la sentencia 168-13 han generado desigualdad en muchas familias, en los puestos de trabajo y en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Esto ha generado violencia, frustración, cierre de puertas y oportunidades para desarrollarse como personas y ciudadanos.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, en su intervención en esta semana en la 71ª Asamblea General de la ONU, criticó duramente al sistema capitalista, señalando que "actúa contra la dignidad del ser humano" y "la soberanía de nuestros países". Aseguró que "una de cada cien personas en el mundo es refugiada, debido "al calentamiento global o por guerras e invasiones imperiales, como el caso de los desplazados de Siria, Libia e Irak". Morales exhortó a la construcción de una "ciudadanía universal y una única Patria grande donde los pueblos vivamos en armonía y como parte de una familia común".
En esta semana, además, los Jefes de Estado o de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados, reunidos en Isla Margarita, República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la XVII Conferencia Cumbre, del 17 al 18 de septiembre de 2016, bajo el tema "Paz, soberanía y solidaridad para el Desarrollo", realizaron un examen del estado de la situación internacional. Entre otros aspectos significativos: “Reafirmaron sus intenciones de redoblar esfuerzos para eliminar la amenaza que supone a la especie humana la existencia de armas de destrucción en masa, en particular las armas nucleares”. Además, “Subrayaron la importancia de promover el respeto a la diversidad cultural, social y religiosa, a fin de promover una cultura de paz, tolerancia y respeto entre sociedades y naciones, mediante el diálogo intercultural, interreligioso y entre civilizaciones”.
En Colombia, después de más de 50 años de conflicto bélico se ha llegado a un acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Dicho acuerdo intenta acabar con una violencia histórica contra la población civil ejercida por el gobierno, por los militares y por la guerrilla. Las FARC siempre han defendido que el motivo principal de la lucha armada es el logro de una sociedad más igualitaria. Por eso en esta nueva etapa, luego de firmar el acuerdo de paz, intentan incidir en las políticas económicas y sociales, a través de la formación de un partido político y la participación en los mecanismos e instituciones del sistema democrático.
La reflexión sobre la desigualdad, la violencia y la construcción de la cultura de paz, en espacios educativos, culturales y comunitarios sigue siendo un desafío constante. De hecho en los grupos de base articulados en la Red Ecuménica Bíblica Dominicana (REBIDOM) se ha estado reflexionando durante este mes de septiembre, sobre temáticas relacionadas con la desigualdad, la violencia, y los caminos para trabajar por la justicia y la inclusión social.
No basta, sin embargo, con quedarse en la reflexión sobre temas tan actuales como la desigualdad y la violencia estructural. Es necesario generar, asumir y apoyar propuestas y proyectos orientados a avanzar en el proceso de erradicar estos males en nuestro territorio isleño, caribeño, latinoamericano y mundial. Es así que se avanza en la difícil construcción de la superación de la violencia y la creación de una cultura de equidad y de paz.