En esta tierra nuestra cada día aparece un nuevo escándalo de corrupción e impunidad. Y no salimos de uno cuando ya se habla del otro. Por ejemplo unos pilotos son condenados a 20 años de prisión, y sin embargo, se les deja en “prisión domiciliaria”; se escapan y nadie asume la responsabilidad. Un hospital del pueblo es sobrevaluado, en su remodelación, como en el caso del Darío Contreras; se invierte el doble de lo presupuestado, hay vicios de construcción y no pasa nada. El gobierno responde simplemente suspendiendo al encargado de la OISOE, Miguel Pimentel Kareh, pero no pidiendo cuentas.
En cada aula de la que construye el consorcio OISOE-MINERD-Ministerio de Obras públicas se invierten tres millones de pesos; se denuncia la sobrevaluación y no sucede nada. Se contrata la construcción de unas plantas de carbón; se sobrevalúan y no sucede nada. Un flamante senador del país está involucrado en unas operaciones fraudulentas en las que están envueltos más de 25 mil millones de pesos, a pesar de sus orígenes empobrecidos, es acusado y se ufana de que ya la Suprema Corte de Justicia le ha favorecido con 6 sentencias de “no ha lugar”.
El sociólogo Cándido Mercedes, actual coordinador de Participación Ciudadana acaba de señalar en un programa de televisión que la corrupción se está llevando cerca del 6% del PIB nacional cada año. Téngase en cuenta que lo que entra a las arcas del Estado en impuestos es apenas un 14% del PIB. Eso equivale aproximadamente a los actuales presupuestos de educación y salud juntos.
El caso en el que está envuelto Félix Bautista y compartes es un modelo de corrupción y un símbolo de impunidad como ha señalado recientemente el abogado F. Álvarez. Félix Bautista, es, sin embargo, el alumno más astuto de la actual trama de la corrupción gubernamental; envuelto en un fraude mayúsculo contra el Pueblo Dominicano. Junto a Leonel Fernández, líder del PLD y Víctor Díaz Rúa, ex-ministro de obras públicas, forman el trío visible de un fraude en el que está involucrada una coorporación económico-partidaria, de la que forman parte el llamado comité político del PLD y el empresario, metido a líder partidario, Miguel Vargas Maldonado, entre los actores más significativos.
La trama creada para llevar a la justicia a Félix Bautista y compartes parece estar ligada directamente a la pugna por el poder y por el manejo de los recursos del presupuesto nacional al interior de la coorporación dominante. La facción representada por Leonel Fernández, como líder principal y sus dos “ayudantes”, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, entendió que le cedía el poder solo de forma temporal al grupo liderado por Danilo Medina y sus “ayudantes”, Miguel Pimentel Kareh, ex-director de la OISOE y Gonzalo Castillo, Ministro de Obras Públicas. Pero que lo recuperarían en poco tiempo. Sin embargo ese otro grupo tomó la decisión de permanecer en el poder a cualquier precio y desplazar al otro grupo económico-partidario liderado por Leonel Fernández. Para eso utilizó todos los medios a su disposición para comprar a congresistas, a líderes partidarios y tribunales sobornables, y así imponer la reelección de Danilo Medina. Esto exigía al mismo tiempo, el fortalecimiento del grupo económico-partidario liderado por el actual presidente y el debilitamiento del otro grupo que le adversaba.
La trama de la impunidad y del manejo de la justicia por parte de los dos grupos enfrentados ha sido evidentes. El grupo económico-partidario liderado por Danilo necesitaba buscar la estrategia más adecuada para imponer la reelección y mantenerse en el poder, debilitando al otro grupo. Por eso, con la colaboración del Ministerio Público organizó ambos expedientes contra Víctor Díaz Rúa y Félix Bautista, y creó la percepción en la población de que a Domínguez Brito realmente le interesaba castigar a Félix Bautista y compartes. Sin embargo, en este caso, como en otros, Domínguez Brito, se ha convertido en un actor que sabe manejarse muy bien y conciliar los intereses de ambos grupos enfrentados.
El Ministerio Público había enviado una mala señal a la sociedad, cuando decidió archivar el expediente contra Leonel Fernández, como respuesta a la acusación, muy bien documentada, que había presentado Guillermo Moreno, líder del partido Alianza País. En el mismo se denunciaban los actos de corrupción cometidos en la construcción de los edificios de la Fundación Funglode y en el mantenimiento de la misma, con dineros provenientes de las empresas de Félix Bautista y de otros ingenieros ligados a la construcción de obras públicas.
El grupo económico-partidario liderado por Leonel Fernández hizo la previsión de colocar en las altas cortes algunos jueces sobornables al servicio de los intereses corporativos. Se aseguró de que el presidente de la misma, Mariano Germán, fuera un incondicional al servicio de los intereses del grupo que lo colocó en el puesto. Se aseguró, además, que entre los jueces hubiese fieles militantes del partido de gobierno.
La primera sentencia del no ha lugar, emitida por el juez Moscoso Segarra se dio a conocer el llamado viernes de dolores, antes de los días de Semana Santa, como para crear el clima para que la población no le diese mucha mente al tema, ni tuviese mucha publicidad la noticia, puesto que en esos días mucha gente estaba pensando en el asueto de Semana Santa y los religiosos católicos en sus celebraciones. La componenda se completó aprovechando para anunciar, el mismo día, el no ha lugar contra Félix Martínez. otro miembro de la coorporación acusado del malversar 400 millones en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís.
El Ministerio público apeló la sentencia en caso de Félix Bautista y compartes. Es bueno señalar que esto ocurrió antes de que se impusiera la reelección de Danilo. Ante esto la coorporación reaccionó organizando el próximo juicio, una vez confirmada la reelección del actual presidente, con 4 jueces de la Cámara Penal. La decisión fue un empate dos a dos. Para algunos esto forma parte de la trama creada para justificar lo injustificable. Entonces el equipo jurídico dependiente del grupo de Leonel utilizó su siguiente estrategia: buscar una jueza ligada y dependiente de su grupo para que confirmara el no ha lugar contra Félix Bautista, representante visible de la coorporación PLD-PRD-PRSC-FNP.
Después de la confirmación del no ha lugar, de forma sorprendente para algunos, pero coherente con su actuación para otros, el Procurador Domínguez Brito ha señalado que el Ministerio Público no llevará el caso ante un juicio de casación, porque no cree en los jueces de la Suprema Corte de Justicia. En realidad está proponiendo a la sociedad resignarnos a contemplar cómo se queda en la más absoluta impunidad uno de los mayores casos de corrupción de la historia del país, sólo superado, por la magnitud del fraude y del dinero envuelto en la quiebra del Banco Banínter.
Miriam Germán, quien junto a Esther Agelán Casasnovas fue una voz disidente en la Cámara penal a favor de que se llevase a juico de fondo a Félix Bautista y compartes, señaló que el Ministerio Público incurrió en errores significativos en la elaboración del expediente acusatorio y en la presentación de las pruebas que lo avalasen. Lo que dio pie a la defensa no para negar los hechos imputados, sino para cuestionar la forma cómo se consiguieron las pruebas para avalar los mismos.
Domínguez Brito, se ha querido presentar como un funcionario apegado a la ley, que defiende los intereses del pueblo dominicano y que está comprometido con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Sus actuaciones han demostrado, sin embargo, que es un actor estratégico que desempeña un papel u otro, según los intereses de los dos grupos económico-partidarios enfrentados, a los que sirve, según las circunstancias y coyunturas. Y esto a pesar de que, en ocasiones le gusta filosofar sobre justicia, corrupción, impunidad y dignidad como lo hizo en una reciente conferencia dictada en la Universidad Católica Santo Domingo.
No hay otro camino más urgente y conveniente que fortalecer el poder ciudadano contra la corrupción y la impunidad. Por eso el Centro Juan XXIII en un comunicado exigió al procurador llevar el caso de Félix Bautista y compartes al pleno de la Suprema Corte de justicia. Lo mismo hizo la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y un editorial del Digital Acento (30-20-15). Se trata de agotar el último recurso disponible en la justicia dominicana. La Convergencia de Abogados (CONA) por su parte, exigió ir más allá e incluir en la investigación a todos los que han sido directores de la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (OISOE), símbolo de la más alta corrupción gubernamental. Entre éstos se señala, además de Félix Bautista, a Luis Sifres y a Miguel Pimentel Kareh.
El movimiento Poder Ciudadano ha comenzado a articular lo que ha llamado una cadena humana contra la corrupción y la impunidad y está haciendo manifestaciones en Santo Domingo y en otros pueblos del país. Ha elegido como lugar simbólico las inmediaciones de la OISOE y de la casa de gobierno. Ojalá que no sea un movimiento coyuntural, sino que permanezca en el tiempo y sirva para la concientización ciudadana, el empoderamiento ciudadano y la formación de un frente ético-político alternativo de lucha que ayude a gestar un proyecto de sociedad justa y equitativa. Lo que exige, como condición fundamental, desenmascarar continuamente la trama de la corrupción y de la impunidad.