Mientras el Poder Ejecutivo expende grandes esfuerzos y gasta mucho tiempo y dinero* en proclamar al mundo que no hay apátridas en el país, otros sectores oficiales fabrican apátridas con una facilidad que espanta. Pues se insiste en negar la nacionalidad dominicana a quienes no tienen sentimientos de pertenencia a otra patria que no sea la nuestra, y que además carecen de documentos que los acrediten como nacionales de otro estado. Y lo que quizás sea peor aún, en todos los casos los desnacionalizados son descendientes de haitianos nacidos en la República Dominicana, provocando la frecuente acusación de que el antihaitianismo sigue enquistado en altas esferas estatales desde la era de Trujillo.
La labor de cabildeo y relaciones públicas internacionales puede ser muy efectiva, pero solo si se basa en hechos comprobables. Pues de lo contrario el tiro puede salir por la culata, como ha venido ocurriendo cada vez con más frecuencia con el tema de los apátridas en República Dominicana. El sol no se tapa con un dedo, por mucha propaganda y cabildeo que se pague.
Pretendiendo escudarse en la Ley 169-14, pero sin velar por su correcta y oportuna aplicación de parte de la Junta Central Electoral, el Estado dominicano ha perpetrado la injusticia seguir penalizando a muchas personas por ser descendientes de haitianos. Sobre todo son víctimas los más pobres e indefensos, al carecer de los documentos que los acrediten como nacionales dominicanos pero permanecer en el anonimato en los bateyes. En lugar de dedicar todos los esfuerzos y recursos en defendernos de los señalamientos que proceden de muchos organismos e instituciones bien intencionados- así como de particulares tanto nacionales como internacionales- atribuyendo su origen a la agitación haitiana, debimos garantizar la oportuna y correcta ejecución de la “buena, aunque imperfecta” ley 169-14, como señaláramos en el artículo “Lo perfecto es enemigo de lo bueno”, cuando esa legislación aún era un proyecto salomónico del Presidente Medina.** Mientras el Poder Ejecutivo se desentienda de la correcta aplicación de la ley 169, dejando su ejecución al capricho de la Junta Central Electoral sin ningún seguimiento, todas las campañas internacionales de relaciones públicas y cabildeo fracasarán.
Ya el tiempo ha demostrado que éste no es un tema efímero. A los que creen que solo hay que esperar con paciencia hasta que todos nos olvidemos de los apátridas en República Dominicana, les advertimos que sencillamente no va a ocurrir. Y no va a ocurrir- entre otras razones- porque la Junta Central Electoral se está ocupando de que así sea. Con su insensato proceder, evidenciado nueva vez por el caso dado a conocer hace pocos días por el Lic. Manuel de Jesús Dandré***- noticia que ya recorre el mundo- la JCE mantiene vivo el escándalo del tratamiento discriminatorio a los dominicanos de ascendencia haitiana, aun post ley 169-14. En el caso del defensor de Juliana Deguis (y tantos otros dominicanos de ascendencia haitiana), no se trata de un indigente y anónimo habitante de batey, sino de un reputado profesional de proyección internacional, luchador incansable por los derechos fundamentales de los dominicanos. De hecho, ya el Lic. Dandré ha interpuesto un recurso de amparo contra la Junta Central Electoral para producir la entrega de sus documentos. Aunque se alegue eventualmente que su caso fue el mero error “burocrático” de un dependiente o del sistema informático- como el impedimento de salida a Vivanco en el aeropuerto- es otro costosísimo error que pagaremos todos los dominicanos.
Otro es el caso de las repatriaciones, pues en realidad hemos cambiado de esquema operativo. Ya no se trata de operativos a “la camiona” en la oscuridad de la noche recogiendo gente indiscriminadamente por su perfil étnico-racial y sin ningún prurito. Más que las campañas de relaciones públicas y cabildeo, ha sido el cambio de esquema lo que ha calmado a los críticos, y sobre todo la transparencia en el proceso. Pues siempre se ha reconocido el derecho a repatriar a los extranjeros que no cumplen con los requisitos migratorios del país, y lo que siempre se ha rechazado es el trato arbitrario e inhumano a los inmigrantes haitianos que había sido la costumbre de las autoridades de “la camiona” hasta hace poco. El temor de que por error se deporte eventualmente uno o más dominicanos indocumentados, ha sido parcialmente disipado por las promesas de que no ocurrirá. Por estas razones, aunque todavía se hacen y se seguirán haciendo sugerencias para mantener un proceso constante de mejora en la logística y el trato a los inmigrantes repatriados, pero siempre con espíritu colaborativo, no combativo, porque se reconoce el cambio de actitud de las actuales autoridades dominicanas responsables de las repatriaciones.
Urge hacer lo mismo que se ha hecho en el caso de las repatriaciones con el tema de los apátridas, corrigiendo los errores cometidos en el proceso. Así lo ha recomendado recientemente el Lic. Bernardo Vega.**** La “buena” ley 169-14 ha quedado trunca. No podemos seguir negando la existencia de un problema de apatridia que debió en gran medida solucionarse con la oportuna y correcta aplicación de la ley 169-14, pero que por falta de seguimiento aún mantiene a dominicanos de ascendencia haitiana sin la documentación que acredite su nacionalidad dominicana. Es preciso dar seguimiento individual a cada uno de los casos de ciudadanos que no han podido obtener sus documentos, permaneciendo en el limbo de “apátrida de facto”. Es un buen paso pero insuficiente la garantía oficial de que no serán expatriados los dominicanos indocumentados, pues ellos necesitan sus documentos ya. La Junta Central Electoral ha demostrado que no lo hará motu proprio, y eso significa un nuevo reto para el Poder Ejecutivo.
No sigamos desbaratando con los pies, lo que se concibió bien con la cabeza, desentendiéndonos de la correcta aplicación inmediata de las provisiones y el espíritu de la ley 169-14.
*La campaña de cabildeo y propaganda en el extranjero se inicia apenas tres meses después de la Sentencia 168-13, al contratar a la firma de Steptoe & Johnson de Washington. http://acento.com.do/2015/opinion/editorial/8273272-el-fracaso-de-la-empresa-steptoe-johnson-en-la-defensa-de-las-politicas-migratorias-de-rd/ De hecho entre enero y mayo de 2014 pagamos US$820,00 al bufete del ex embajador estadounidense Robert Fannin en República Dominicana, según fuera revelado recientemente, con resultados exiguos. http://acento.com.do/2015/opinion/editorial/8273272-el-fracaso-de-la-empresa-steptoe-johnson-en-la-defensa-de-las-politicas-migratorias-de-rd/
Además, hace tan solo unas semanas fue anunciado en el Palacio Nacional la contratación de nuevas firmas de relaciones públicas extranjeras por altas sumas y en colaboración con el sector empresarial. “Las empresas contratadas son Squire Patton Boggs, de ‘lobby’; la MWW PR, Harbour Group International y Cambre Associates, en Relaciones Públicas. Las dos primeras tienen sede en Washington y la tercera en Bruselas, Bélgica”, según Acento. http://acento.com.do/2015/opinion/editorial/8268780-la-contratacion-de-lobbistas-internacionales-para-defender-a-la-republica-dominicana/
**“El precepto de Voltaire dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. En ese sentido aceptamos como bueno y válido el proyecto de ley [devenido 169-14, N. del A.] que el Presidente Medina ha presentado al Congreso Nacional, y que está en vías de ser aprobado por nuestros legisladores de manera expedita. Lo aceptamos porque correctamente aplicada, esta futura ley en buena medida remedia las injusticias que hemos perpetrado contra miles de dominicanos de ascendencia haitiana al negarle la nacionalidad que les corresponde. Y de eso ha tratado primordialmente la lucha de los últimos ocho meses, hacer justicia a los desnacionalizados.” http://acento.com.do/2014/opinion/8140503-lo-perfecto-es-enemigo-de-lo-bueno/
**** http://hoy.com.do/bernardo-vega-le-recomienda-al-gobierno-identificar-a-los-apatridas/