Mientras escribo estas líneas la prensa trae la noticia de la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, después de que unos días antes había renunciado también la vicepresidenta Roxana Baldetti. Ambos acusados de apoyar o ser cómplices de actos de corrupción en un fraude en las aduanas guatemaltecas. Ambas renuncias ocurren después de todo un proceso indignación y de lucha popular contra la corrupción que había exigido la renuncia del presidente de la República.
La cosa no se queda ahí, sino que el presidente guatemalteco fue despojado de su inmunidad por el congreso nacional, y fue sometido a la acción de la justicia y puesto bajo arresto. Por eso Guatemala se presenta hoy como modelo de una democracia que ha dado signos de buena salud y en donde el congreso y el sistema judicial se articulan para ser verdaderos representantes del pueblo y, por lo tanto, castigar la corrupción y e impedir la impunidad.
La pregunta obvia que puede hacerse, desde nuestro contexto dominicano, es, ¿por qué aquí no son obligados a renunciar presidentes como Hipólito Mejía y Leonel Fernández o altos funcionarios de las áreas de la construcción, como Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, o alcaldes como Félix Martínez, de San Francisco, envueltos en hechos tan bochornosos como la complicidad en la quiebra de los bancos, el caso de la Sun Land, las sobrevaluaciones de obras como el Darío Contreras, el doloso contrato para la carretera de Santo Domingo a Samaná o el uso de los fondos del ayuntamiento para asuntos personales y partidarios? ¿Por qué el congreso nacional se hace cómplice ante esta situación? ¿Por qué tenemos una justicia tan dependiente del poder económico- partidario? ¿Por qué el pueblo permite que la justicia esté tan maniatada que ni siquiera se dispone a interpelar a los funcionarios corruptos, utilizando el artificio jurídico de archivar los expedientes o impedir que ni siquiera vayan a juicio de fondo?
En un artículo publicado por J.B. Díaz (Hoy, 23-8-15) y refiriéndose a los resultados de la última encuesta sobre cultura política del Barómetro de las Américas (2014) se describe una población dominicana derechista y clientelista, que soporta estoicamente graves niveles de inseguridad, de corrupción impune y de poca confianza en la policía, en la justicia y en los partidos políticos y en otras instituciones sociales. Los dominicanos y dominicanas (60 %) son los que más se definen como cercanos a las posiciones ideológicas y políticas de derecha, entre 28 países incluidos en la encuesta del Barómetro de las Américas. Y no es la primera vez que esto sucede en el país, pues en el Barómetro del 2006 era el 69%, aunque se redujo en el del 2012, a un 55%.
El otro aspecto de la encuesta de cultura política, en el que los dominicanos y dominicanas somos líderes entre 28 países, es el clientelismo, tanto en ofertas como en recepción de ayuda y transferencias económicas gubernamentales. El 29% de los dominicanos y dominicanas dijo haber recibido ayudas y el 38 por ciento transferencias económicas. Además de esto, el Barómetro de Las Américas sigue confirmando una ideología presidencialista en la población, lo cual se viene confirmando desde la serie de encuestas Demos, sobre cultura política, realizadas entre 1994 y 2004. Eso explicaría el por qué el actual mandatario D. Medina sigue teniendo altas tasas de aprobación entre la misma gente que sufre las consecuencias de un errático manejo económico, de un endeudamiento externo e interno sin control, de un aumento de la inseguridad ciudadana, de altos niveles de pobreza y miseria, de mala calidad de los servicios públicos, entre los que se n el servicio de agua, electricidad o de salud.
Las y los educadores, trabajadores sociales, sociólogos, comunicadores sociales, psicólogos y especialistas en analizar la conducta social de este pueblo, debemos hacernos la pregunta, ¿qué hacer para estimular la conciencia dormida de la mayor parte de una población caracterizada por ser derechista, clientelista y presidencialista? Una de las líneas de acción podría ser trabajar la memoria histórica, analizando los hechos y acontecimientos históricos que han sido generadores de conciencia y de lucha popular por construir una verdadera sociedad democrática, donde haya igualdad de oportunidades y las funciones y servicios públicos se manejen con unos niveles mínimos de conducta ética y de acciones políticas comprometidas con el bienestar colectivo.
En la semana pasada la Fundación Juan Bosch nos invitó a reflexionar sobre las lecciones históricas de lo que se ha llamado la revolución restauradora (1863-1865), con la participación de los historiadores Emilio Cordero Michel, Raymundo González y Santiago Castro Ventura, se realizó un excelente diálogo en donde se destacó la importancia de esa gesta histórica que fue definida por Juan Bosch como la lucha popular más significativa que ha tenido el pueblo dominicano, generadora de su identidad y de un proyecto de nación emancipador.
El pasado jueves, 3 de septiembre, celebramos los 50 años de la renuncia a la presidencia de la República del presidente y líder de la revolución constitucionalista de 1965, Francis Caamaño Deñó. En esa ocasión Francis pronunció un discurso histórico en donde destaca la valentía de un pueblo que con pocos medios y entrenamiento militar supo enfrentar en primer lugar al poderío de los militares de San Isidro y luego a un batallón de más de 40 mil soldados de la mal llamada “fuerza interamericana de paz”.
Al renunciar a la presidencia, motivado por una coyuntura histórica donde era necesaria dicha acción, Francis Caamaño señaló que volvía a entregar al pueblo el poder delegado que había recibido; además de destacar la fuerza de la unidad entre pueblo y militares constitucionalistas, afirmó, con lucidez, que “despertó el pueblo porque despertó su conciencia”. Y terminó su discurso afirmando su confianza y esperanza de que ese mismo pueblo sabría retomar el espíritu del proyecto de la revolución democrática (1963-1965) y construir un futuro de esperanza para todos y todas.
Ante la actual coyuntura histórica, quizás no hay responsabilidad ética y política más urgente que ayudar a despertar la conciencia dormida de este pueblo nuestro. Se hace necesario trabajar por la unidad de los sectores más conscientes enraizados en la cultura y en la cotidianidad popular y seguir apostando hacia un proyecto de nación impulsado por una ciudadanía consciente, y sustentado por una articulación de liderazgos sociales, comunitarios, populares, institucionales, económicos y partidarios, capaces de aportar a la generación de otra sociedad posible.