El pasado 29 de abril se celebró una vez más en el país el día nacional de la ética ciudadana. Dicha celebración encuentra a la sociedad dominicana en un debate sobre si en el país hay signos evidentes de actuación ética y prácticas políticas orientadas hacia el bienestar colectivo, o por el contrario prevalecen los signos propios de gobiernos autoritarios, corruptos y corruptores, en el contexto de una “democracia” neoliberal y un sistema de justicia simulado, propio de monarquías medievales.
Los hechos más llamativos que han sucedido en las últimas semanas están relacionados con el intento de la corporación gobernante de mantenerse en el poder, con la intención explícita de seguir manejando el presupuesto nacional a su antojo, aunque esto suponga seguir desconociendo y violando las leyes establecidas que deberían regular la vida política y la convivencia social. Y como son violadores explícitos necesitan controlar la justicia, pues tienen miedo de que si pierden el poder, una justicia independiente les podría hacer pagar sus desvaríos, llevándolos a la cárcel y obligándoles a devolver los bienes públicos apropiados ilegítimamente.
En nuestro anterior artículo publicado en Acento nos referimos a la evidente y premeditada agresión que sufrió la ex jueza de la Suprema Corte, Miriam Germán. Es evidente que para borrar toda posibilidad de que ella permaneciera en dicha corte, cambiaron a todos sus integrantes, con la excepción de Frank Soto, uno de los que apoyaron la impunidad contra dos de los dirigentes peledeístas acusados de mega corrupción, como en el caso de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.
El propósito último de la componenda contra la independencia de la justicia quedó bien claro cuando el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) hizo una supuesta evaluación de los jueces, sin que presentaran ante la población los indicadores utilizados para dicha valoración, ni el resultado de la misma. Todo ese proceder errático está demostrando que es necesario revisar la composición del organismo que elige y que evalúa a los jueces de las Altas Cortes. ¿Hasta qué punto se puede permitir que sean las y los integrantes del poder ejecutivo y legislativo los que tengan la potestad de elegir, evaluar y suspender a los jueces? ¿Hasta qué punto dicho procedimiento no compromete la independencia, y la ética-política del poder judicial? En este sentido podemos señalar que el CNM se ha convertido en instrumento de la monarquía que nos gobierna, porque no respeta las normas establecidas, ni siquiera su propio reglamento, y porque excluye y decide sin criterios ética y políticamente aceptados.
El intento de manejar la justicia, y hacerla dependiente del poder económico y económico-partidario quedó también de manifiesto cuando el poder gobernante intentó cambiar el veredicto de la sentencia del Tribunal Superior Electoral, anulando la convención del PRD, sentencia que perjudicaba los intereses de esta corporación económico-partidaria, aliada del gobierno. No guardaron ni siquiera las apariencias para presionar al presidente del TSE, Román Jáquez. Además de ser abordado por varios funcionarios gubernamentales, entre ellos el Procurador General de la República, e intentar intimidarlo, quitándole la escolta en plena calle. Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado y Secretario General del PLD, fue más lejos y amenazó con impulsar un juicio político en las cámaras contra los jueces del TSE, porque se atrevieron a emitir una sentencia que afecta a los intereses de la corporación en el poder.
A lo anteriormente dicho es necesario añadir las confesas intervenciones telefónicas de personas relacionadas con el mundo de la justicia, abogados, funcionarios y personas de la sociedad civil, hechas de manera ilegal, con la intención clara de utilizar datos personales en las tramas realizadas contra personas no afectas al poder, como en el caso de Miriam Germán, o para intentar darle sustento al débil expediente hecho a los acusados relacionados con la corrupción en las obras construidas por Odebrecht, de la cual, Punta Catalina, por ser la obra más costosa, se sospecha que es también en donde ha habido mayor dinero invertido en la corrupción: en la licitación, en los sobornos y en sobrevaluación.
Ante la avalancha del poder que se impone por la fuerza, una buena parte de la ciudadanía está domesticada como fruto de unos subsidios sociales que se convierten en herramientas de coerción y manipulación, a favor de los intereses de la corporación en el poder. Otros sectores sociales, como algunos activistas comunitarios, así, como un grupo considerable de periodistas y estudiosos sociales se han convertido en aliados del poder y en cómplices asalariados, obligados a defender posturas que son indefendibles, sobre todo con relación a prácticas orientadas a violación de la justicia y el mantenimiento de la impunidad.
Una dificultad real para avanzar en la construcción de una sociedad equitativa y democrática, en el contexto dominicano, es la falta de un liderazgo social, partidario, comunitario, eclesial, coherente; con capacidad de acompañar las luchas de la sociedad, de forma permanente, por lograr mejor calidad de vida, mejores condiciones laborales, el mejoramiento de los servicios básicos y dar aportes significativos a la lucha contra la corrupción y su hermana gemela la impunidad.
Para muchas personas resulta muy cuestionable lo que ha sucedido en los últimos meses con la inactividad de ese Movimiento que se ha llamado la Marcha Verde, que a partir del 22 de enero del 2017 tuvo la capacidad de movilizar grandes masas de personas, exigiendo el control de la corrupción y el cese de la impunidad. En su última actividad masiva, el pasado mes de agosto, en la llamada Marcha del Millón, se confirmó el apoyo de la ciudadanía ante las demandas presentadas por la Marcha Verde. No obstante, en los últimos meses ha llamado a la atención el silencio de los dirigentes de la Marcha Verde ante lo que ha sucedido con la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia o ante las agresiones al Tribunal Superior Electoral. Tuvieron la oportunidad de presentar objeciones contra los jueces relacionados con sentencias que liberaban a funcionarios ligados con la mega-corrupción, como en el caso de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa y no lo hicieron.
Las y los dirigentes de la Marcha Verde, después de presentar de forma reiterada su compromiso contra la corrupción y la impunidad en las proclamas de las marchas, no dejaron sentir su voz, tampoco, ante las agresiones orquestada contra la jueza Miriam Germán Brito. Ni tampoco se pronunciaron ante el montaje de una evaluación mal hecha de las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, ni ante la exclusión de jueces sin presentar los motivos y ante la elección de otros, sin que externaran los indicadores que guiaran tal elección.
En la Semana Santa pasada llamó la atención de la ciudadanía las declaraciones del obispo Francisco Ozoria, según las cuales en el país estamos caminando hacia una dictadura. Algunos curas en el sermón de las 7 palabras, el viernes santo, lo reafirmaron. Es necesario destacar la intervención del cura salesiano Pastor Ramírez, quien fundamentó su intervención en un artículo publicado por el escritor e intelectual dominicano Andrés L. Mateo y reafirmó las palabras que había hecho el arzobispo el lunes santo, en el programa conducido por Huchi Lora, sobre el tema del clima de autoritarismo y semi-dictadura que hay en el país. Ante esa postura algunas personas se preguntaron si los curas y el obispo Ozoria mantendrían su postura, y la acompañarían de acciones coherentes con sus discursos.
Ante las declaraciones del obispo Ozoria y de los curas, el portavoz del gobierno, Rodríguez Marchena respondió, por medio de un tweet, señalando que la Iglesia Católica de Estados Unidos está perdiendo adeptos. El gobierno respondió, además, convocando al palacio al Osoria y a los obispos auxiliares: a Benito Ángeles y a Faustino Burgos. Como conclusión del encuentro se dijo a la prensa que habían tenido un “encuentro fraterno” de los obispos con el gobierno y que como resultado de los acuerdos entre ambos poderes fácticos, se agilizarías ciertas obras, que están detenidas; que son gestionadas por la jerarquía católica y son construidas con fondos públicos. Entre ellas se destacó un templo en Bayaguana.
En resumen, el día nacional de la ética ciudadana encuentra al país en una situación crítica. Eso se da en el contexto de un intento reeleccionista que busca mantener el poder a cualquier precio, y en el que hay evidentes signos que caracterizan a un gobierno monárquico, que maneja los bienes públicos como si fueran propiedad de la corporación dominante, que agrede la justicia y compra conciencias y voluntades y que ha hecho de la corrupción y la impunidad unas prácticas cotidianas. Ante eso es necesario fortalecer un liderazgo ético y político: partidario, de oposición, comunitario, y eclesial, entre otros, coherente con la defensa de los intereses colectivos, relacionados con el bienestar público.
El surgimiento reciente del movimiento juvenil, Bien Común y el movimiento de la Coalición Democrática, entre otros, y la constancia de algunos periodistas indignados y comprometidos con las mejores causas sociales y otras iniciativas impulsadas por equipos y de trabajo, por colectivos y pequeñas comunidades proféticas, con iniciativas innovadoras, se convierten en una luz y signo de esperanza, que ayudan a mantener el espíritu de lucha en la cotidianidad. Ojalá que se mantengan constantes en este buen propósito, y sigan apuntando en la búsqueda del bienestar colectivo.