Hoy día el tema ecológico ha pasado a ocupar un lugar preponderante en la agenda política de todos los países del mundo. Se habla de una relación estrecha entre los procedimientos democráticos y los resultados ambientales. Tanto la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible como la Cumbre de las Naciones Unidas para el Cambio climático, celebradas en el 2015, y que fueran refrendadas por casi 200 países, dan cuenta de la importancia de esta vinculación.
Está surgiendo un nuevo ambientalismo cívico enfocado en la protección del medio ambiente, con acciones impulsadas de “abajo hacia arriba” y con nuevos enfoques en los cuales el territorio ocupa un papel fundamental.
En el país, este ambientalismo cívico se viene manifestando con una creciente e imparable participación comunitaria y de movimientos populares, que busca superar la indolencia la ceguera, lentitud y la inoperancia de las instituciones públicas que deben velar por defensa y conservación de un medio ambiente que nos pertenece a todos.
Estamos frente a una nueva política basada en lo que J. Dryzek denomina “democratización ecológica”, es decir, “una reforma de los mecanismos democráticos existentes para poder enfrentar eficientemente la crisis ambiental”. Siendo que una mayor participación ciudadana puede generar decisiones más democráticas y auténticas, lo cual aumenta la legitimidad en la elaboración e implementación de las políticas medioambientales.
La democracia ecológica es, esencialmente, una democracia deliberativa. Los procesos deliberativos refuerzan la conciencia crítica sobre problemáticas ambientales y se apoya en la fuerza de la construcción de regulaciones medioambientales surgidas mediante la deliberación.
El proceso deliberativo hace posible que se despierten y arraiguen en la sociedad los valores ecológicos, y que la ciudadanía se involucre, a través del debate, en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales, creando con ello un tipo específico de ciudadanía: una ciudadanía con mentalidad y actitud ecológica.
La democracia deliberativa posibilita la inclusión de todas las voces tradicionalmente marginadas en los procesos políticos y está justificada en virtud del «principio de los intereses afectados» del proceso democrático.
La democracia ecológica se inspira en valores la justicia ambiental, la justicia social y la justicia comunicativa. Considerando la justicia medioambiental como la «justa distribución de los beneficios y riesgos de la cooperación social, y la minimización de esos riesgos en relación con una comunidad moral ampliada»
Incorpora también la justicia social –entendida como la justa distribución de recursos y oportunidades de vida– y la justicia medioambiental a la noción de justicia comunicativa, con el objetivo de impedir la manipulación y el saqueo por parte de personas e instituciones con intereses que violentan los bienes ecológicos comunes o que adulteran la información que sustenta las decisiones reflexionadas para defensa del medio ambiente.
La democracia ecológica se sustenta también en un “patriotismo medioambiental”, asumido “como el vínculo que une a ciudadanos, activistas y movimientos sociales para hacer frente a los problemas ecológicos a través de procesos democráticos y que se basa en la idea de que la relación con el propio medio ambiente local o nacional sirve como base de solidaridad con otras comunidades y hacia el medio ambiente de éstas”. Siendo que esta solidaridad que debe extenderse más allá del Estado–Nación.
La democracia ecológica ha hecho posible el surgimiento una creciente ola grupos y movimientos ecológicos, de consejos de cuencas hidrográficas, guardianes de los ríos, fideicomisos de tierras, juntas de regantes, programas voluntarios de vigilancia, foros de protección medioambiental, comités y juntas de vecinos e iniciativas para la creación de comunidades sustentables, bajo novedosas formas de organización social para el manejo colaborativo de los recursos naturales y la gestión de los ecosistemas.
En el país, la democracia ecológica debe ser garantizada por la Constitución y las Leyes, y de manera prioritaria por los gobiernos locales, que con la participación amplia y activa de los munícipes deberán establecer los principios, normas y acciones para asegurar la preservación, protección, mejoramiento, instauración o restauración del medio ambiente.
Aquí debe florecer la democracia ecológica y patriotismo medioambiental. Y si el gobierno nacional o los gobiernos locales se mostraran incapaces de asegurar y garantizar la “democracia ecológica” y el “patriotismo medioambiental”, entonces, los ciudadanos, en nombre de la misma democracia, deberán asumir comunitariamente la defensa del medio ambiente, haciendo suya la frase de Gandhi: “Cualquier cosa que millones de personas puedan hacer juntas está cargada de poder”.