Ha provocado una justificada repulsa, la levantisca actitud del senador de Montecristi, quien valiéndose de su investidura quiso desconocer la acción de la justicia se presentó ante una dotación policial para exigir violentamente la libertad de un detenido, acusado de cometer actos violatorios a la Ley. El presidente Abinader ha sido enfático en la condena del hecho, valorando muy positivamente la autoridad policial que enfrentó tan primitiva actitud. La conducta del senador, constituye un pedestre ejemplo de la persistencia de las actitudes y cultura políticas, de una tradicional concepción del ejercicio del poder, político, económico, social y hasta personal que dificultan cualquier proyecto de cambio en esta sociedad desde una perspectiva de totalidad.
Igualmente, es recurrente la afirmación de que tenemos una inveterada tendencia, a partir siempre de cero cuando comenzamos una actividad institucional, a desconocer lo que una persona, un colectivo o un gobierno han hecho en el ejercicio de sus competencias. Esa circunstancia, impide la institucionalización de la práctica política, social y económica de cualquier sociedad, lastra cualquier intento de cambio sostenible, fortaleciendo ese conservadurismo que nos hace una sociedad con una cultura política esencialmente tradicional. El tema se hace complejo, pues en diversas esferas de esta sociedad, pienso en esferas del poder político nacional y local, donde se recurre y se practican formas de gestión basadas de herramientas modernas.
Sin embargo, estas prácticas discurren conscientes e inconscientemente de manera aisladas, no desde la perspectiva de totalidad, produciéndose una situación de múltiples velocidades en la gestión de lo público que impide proyectos a largo plazo, con la necesaria coherencia que lo hagan sostenibles. Y, lo que es peor, esa incoherencia provoca esa percepción/realidad de fragmentación de esta sociedad, que determina esa la concepción corporativa y patrimonialista del poder y de sus poderes, no sólo de quienes lo ejercen en determinada esfera de lo público, sino también de diversos grupos, económicos, sociales y hasta eclesiales en sus respectivas esferas.
Los poderes locales son ejercidos al margen de proyectos de sociedad desde una perspectiva global, igualmente los poderes económicos en particular, y fácticos en general. Estos últimos, muchas veces externan sus “derechos” a opinar sobre iniciativas de los poderes del Estado en materias legislativas o normativas de diversos temas. No sólo tratan de decirle a los legisladores o comisiones del gobierno lo que tienen que hacer, sino que pretenden proponer borradores (definitivos) sobre los elementos contentivos de esas iniciativas. En realidad, esos poderes asumen que son depositarios de una racionalidad superior a la de clase política que los lleva a pretender asumir funciones fuera de lo instituido y no pocas veces de lo legal.
Ningún cambio por más radical que lo pretendan quienes lo impulsan o diseñaron, está exento de los elementos constitutivos del antiguo régimen, porque de alguna manera muchos de ellos se reflejan en determinadas individualidades, colectividades y/o actores del nuevo régimen por haberse socializado en el que sucedieron. En cierto modo, esos elementos se reflejan en acciones de aquellos que pretenden mantener el poder y los beneficios y/o canonjías obtenidos en anterior régimen. Difícilmente se pueden producir cambios sustanciales y sostenibles en la esfera del sistema político de un país, sin enfrentar los inicuos efectos de una cultura y actitudes políticas propias de la sociedad tradicional, de la cual el senador de Montecristi es una expresión. Tampoco, sin que se tenga una visión de totalidad en diversas iniciativas que se impulsen en las instancias del poder central y del poder local.
En la cultura política tradicional, el interés corporativo de los grupos particulares se impone a la racionalidad e institucionalidad en el manejo de la cosa pública que caracteriza la sociedad moderna. Es lo que siempre han pretendido, con éxito, los poderes fácticos de nuestro país, y uno de los lastres que como sociedad hemos tenido. La actitud de esos sectores debe ser enfrentada por las principales fuerzas políticas y sociales del país, para que de una vez por todas se implante un régimen asentado en la institucionalidad y no en las particulares urgencias de los grupos de mentalidad de sociedades tradicionales. Para que la práctica política se fundamente en acuerdos democráticamente establecidos, y para que terminen las antojadizas exclusiones a sectores sociales e incluso a singulares individuos.
Para ello, es fundamental que se pase de la queja/denuncia a la acción, y ésa una responsabilidad principalmente de las fuerzas políticas interesadas en un cambio realmente inclusivo.