En el corto plazo, nada es más trascendente para nuestra democracia que lograr justicia en el caso de Odebrecht. Pero la corrupción y la impunidad están tan enraizadas en nuestra cultura política que su combate es una tarea de largo plazo. De igual prioridad y urgencia es la tarea gemela de acabar con la pobreza y el hambre, disminuyendo así la desigualdad. Nuestra sociedad solo alcanzaría un genuino Estado de Derecho con justicia social si estos desafíos se abordan conjuntamente con reformas constitucionales y otras medidas de visión futurista.
Aunque hoy nos tilden de país de mediano desarrollo, las políticas públicas no han sido eficaces para conjurar los mencionados males. La corrupción y la impunidad han hecho metástasis y la confianza del electorado en sus instituciones y su clase política está en bancarrota. La mejor prueba es que la encuesta Gallup del pasado febrero reportó que el 88% de los encuestados dijo creer que los funcionarios han recibido sobornos en los gobiernos de los tres últimos presidentes (http://hoy.com.do/encuesta-gallup-el-87-7-cree-funcionarios-recibieron-sobornos/). Esa percepción pública atestigua una crisis subyacente de legitimidad de los partidos políticos y la población siente la corrupción como una garrapata enquistada en sus exhaustos bolsillos (verbigracia la Marcha Verde).
Los partidos políticos, por supuesto, son los más llamados a emprender el combate contra estos flagelos. De acuerdo al Artículo 216 de la Constitución, ellos son las organizaciones de la sociedad que están encargadas de viabilizar las aspiraciones ciudadanas. El acápite 3 de dicho artículo dice que sus fines incluyen ¨servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana.¨ De ahí que sean los responsables de que alcancemos un grado de moralidad pública y de equidad social que sea compatible con esas aspiraciones.
Nuestros partidos y sus cúpulas, sin embargo, están entrampados en un limbo de descredito público y motivaciones espurias que tornan imposible alcanzar las metas de la justicia social. Atrás ha quedado la mística que impartían las ideologías y los ideales patrióticos. A los políticos del patio solo les importan sus propias ambiciones personales y acusan una codicia rampante por los bienes materiales (https://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/bitstream/handle/123456789/1418/CISO20123704-435-557.pdf). La corrupción en los estamentos del Estado es la divisa prevaleciente (http://www.vanderbilt.edu/lapop/dr/DR_Country_Report_2012_V3_revised_W.pdf).
Esta ausencia de una vocación de servicio público entre los políticos se manifiesta con el desprecio por la institucionalidad. A pesar de que nuestra Constitución indica que ¨su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley¨, las propuestas ley de partidos y la ley electoral tienen 16 y 17 años en el Congreso respectivamente sin ser aprobadas, mientras las reformas constitucionales para permitir la reelección de los gobernantes se materializan sin demora.
Se requiere pues de intervenciones mayores a fin de devolver la confianza del electorado en la democracia y hacer del sistema de partidos una efectiva herramienta de representación y canalización de las aspiraciones ciudadanas. No es suficiente lograr la aprobación de las leyes mencionadas, así como la de Fiscalización del Congreso y la de Responsabilidad Fiscal. La anhelada justicia social reclama la enmienda del sistema político a fin que los contrapesos de los poderes públicos sean complementados por los de una mayor participación de la ciudadanía en el mismo Estado.
La actual situación de la pobreza, el hambre y la desigualdad da una idea del grado de injusticia social imperante. El Ministerio de Economía reporta que la pobreza ha bajado desde un 45% a un 23% en el periodo 2005-2016 (aunque la ONE la estima en 30.5%). Los ingresos jugaron el rol principal en esta disminución, mientras los elementos de mayor impacto sobre la calidad de vida como la vivienda, los servicios públicos (agua y saneamiento, energía), los logros educativos y el desempleo tuvieron una menor contribución. Respecto a la indigencia, definida como la condición de los hogares ubicados por debajo de la Línea de la Pobreza Extrema, la tasa para el 2015 fue del 7% de la población (Isa, 2017). Con una población rondando los 10.8 millones, los indigentes son unos 756,000, es decir, unos 222,353 hogares si asumimos un tamaño promedio de 3.4 miembros.
En cuanto al hambre, las estadísticas recientes indican que el 12% de la población esta subalimentada. La desnutrición infantil crónica, definida como una talla inferior a la esperable para la edad del infante, se situó en un 7%. Lo anterior significa que más de un millón de personas padecen hambre y más de 66 mil infantes sufren desnutrición crónica. De estos últimos un 60% pertenece al 40% de los hogares más pobres. La prevalencia de la desnutrición entre infantes con madres sin educación o con educación media o menos es un 40% más elevado que la media nacional y 2.3 veces la observada entre madres con educación superior (Isa, 2917).
Respecto a la desigualdad, los analistas concluyen que ha mejorado muy poco la situación en los últimos 50 años. La velocidad de mejora en el Índice de Desarrollo Humano ha tendido a reducirse mientras lo contrario ha ocurrido en el mundo y en América Latina en particular. Los datos sugieren que en los últimos años la distribución de los ingresos podría estar tan concentrada como en cualquier otro momento (Guzman, 2016). En 16 países de América Latina, la RD es el país de mayor distancia entre el ingreso de los ricos y el ingreso de los pobres y el 20% más pobre recibe el 3% del ingreso mientras que el 20% más rico recibe el 60% (Ceara, 2013).
Sin erradicar estos males no puede aspirarse a tener una sociedad bien cohesionada y justa. Pero mejorar estas situaciones requiere de una cirugía mayor. En una economía de mercado estas precariedades no deberían existir; las distorsiones de mercado ocasionadas por la distribución del poder político (y del poder económico) impiden la libre competencia y mantienen el agravio a la solidaridad. Aquí las oportunidades de alcanzar un grado satisfactorio de movilidad social están sesgadas para que se beneficien los más ricos y poderosos, comenzando con la enorme desigualdad de las cruciales oportunidades educativas. La transmisión intergeneracional del estatus socioeconómico es apabullante.
En consecuencia, una reforma constitucional de brío ideológico que persiga el cabal funcionamiento del libre mercado deberá incluir los elementos que se describen a continuación como primera aproximación.
(1)Funciones presidenciales.- Se añadirá un acápite a la Sección 2 del Artículo 128 de la Constitución para establecer la obligación de una rendición de cuentas adicional cada 16 de agosto, la cual deberá versar sobre los logros de equidad social en la aplicación del Presupuesto General del Estado, destacando el impacto sobre la pobreza e indigencia. Por lo dispuesto en el Artículo 238, tal alocución deberá especificar los criterios para una ¨asignación equitativa del gasto público en el territorio¨ para el siguiente año. Por decreto presidencial cada año se mudara la capital a Santiago a fin de que ambas cámaras del Congreso reciban allí dicho reporte.
(2)Renta Básica del Indigente.- Aparte de los aportes del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) y del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Estado garantizará un ingreso básico a las familias indigentes equivalente al salario mínimo no sectorizado de las empresas más grandes, estableciendo para ello un registro de esas familias. En el caso de que un indigente no este nucleado en un hogar se le dotara de una renta básica proporcional. Un ¨impuesto de solidaridad¨ al 20% de los contribuyentes más ricos financiará tal asignación.
(3)Opción Escolar Preferencial.- Puesto que sin igualdad de oportunidades educativas no habrá justicia social, el sistema educativo público montara un Programa Preferencial para mejorar la calidad de la enseñanza en las 200 escuelas primarias públicas donde asistan los estudiantes más pobres del país. Este proveerá un sueldo complementario para los mejores docentes del sistema que opten por trabajar en ellas, la contratación de docentes extranjeros para un 10% del profesorado de planta y programas de mejoramiento de las destrezas y habilidades de los docentes a través de cursos de educación continua (online).
(4)Conciencia y Solidaridad de la Clase Política.- Se requerirá que los dirigentes políticos de todos los partidos tomen un cursillo de un mes sobre los problemas de la pobreza, el hambre y la desigualdad entre los segmentos menos favorecidos de la población. La ley electoral estipulará las características de esta experiencia educativa y de las modalidades de su implementación.
(5)Rediseño del Congreso.- El Senado de la Republica estará compuesto por un representante de la sociedad civil por cada provincia y el Distrito Nacional y cada demarcación tendrá un máximo de tres diputados de acuerdo a su población. Así los partidos compartirán los poderes del Congreso con la ciudadanía y se corregirían los desmesurados privilegios que los legisladores se otorgan en materia de regalías, salarios y asignaciones clientelistas.
(6)Independencia del Ministerio Público.- El Ministerio Publico será independiente del Poder Ejecutivo y el Procurador General de la Republica sería designado por el Poder Ejecutivo de una terna presentada por el Senado reformado. Se reformaría también la Ley No.133-11 a fin de que los integrantes del Consejo Superior del Ministerio Publico sean designados de igual manera.
(7)Fiscalización de la Burocracia por la Sociedad Civil.- Los funcionarios de la burocracia estatal no deben ser fiscalizados por organismos que dependan del partido en el poder. Los miembros de los órganos de control, como la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Contraloría General de la Republica y la Cámara de Cuentas, serian escogidos de ternas presentadas al Presidente de la Republica por el Senado reformado.
(8)Reestructuración de la Defensoría del Pueblo.- El Defensor del Pueblo recibiría todas las denuncias de corrupción administrativa en el aparato del Estado y, de común acuerdo con el Ministerio Publico, encausaría los casos ante los tribunales ordinarios. No existiría jurisdicción privilegiada para ningún funcionario o legislador (con la sola excepción del Presidente de la Republica).
(9)Juicio Político del Presidente.- Este sería iniciado por una mayoría calificada de las dos terceras partes de la membresía del Senado reformado. La remoción del cargo seguiría requiriendo la aprobación de ambas cámaras del Congreso pero por mayoría simple.
(10)Expansión del Consejo Nacional de la Magistratura.- A la actual composición de 8 miembros del Consejo se añadirían dos representantes de la sociedad civil escogidos como lo establezca una ley adjetiva.
Estas reformas se refuerzan mutuamente y persiguen reducir la desigualdad y la pobreza, al tiempo que desconcentran el poder y disminuyen los privilegios de la clase política en pro de la justicia social. Pero se requieren otras reformas y medidas de cara a las exigencias y requisitos de la Era del Conocimiento y la Era Digital. Algunos de ellos son pincelados en la próxima entrega.