Se dice que en el país tenemos un régimen democrático, pero no se nos gobierna democráticamente. Este es un camino pedregoso que conduce al desencanto y al desasosiego. Una prueba de esto lo constituye la incapacidad de las instituciones públicas, que se mueven entre el caos, la ineficiencia y la falta de transparencia, tornándose incapaces de garantizar servicios de calidad a los dominicanos.
Esta falta de voluntad o de capacidad del gobierno genera un sentimiento de déficit democrático, siendo que para los ciudadanos la falta de democracia significa no ser escuchados, ver que se toman decisiones a sus espaldas, que los ministros no asumen sus responsabilidades, que los funcionarios mienten con impunidad y no rinden cuentas, que el funcionamiento administrativo es confuso, deficiente e irresponsable.
Apostando a la indefensión de un pueblo que lo soporta todo, el gobierno no muestra interés por cambiar esta situación, no asume un compromiso serio de ser un gobierno responsable, de ser un buen gobierno, de ser un gobierno en democracia. Y de no hacerlo, entonces la ciudadanía inspirada en el “poder popular” habrá de exigirlo con vehemencia y perseverancia.
Dando muestra de “ceguera moral” y de “ poco inteligente”, este gobierno olvida que la calidad de los servicios es un deber contraído con los ciudadanos en nombre de la democracia, misma que se contamina y se torna incompleta frente al autoengaño gubernamental, que mediante manipulaciones mediáticas pretende mostrar que “todo lo hace bien” y que “todo está bien”.
Frente a este serio reclamo de los ciudadanos que demanda de hacer las cosas correctamente, la ética pública “es una garantía de la integridad del servicio público, que se convierte en práctica y norma de conducta gracias a la aplicación del valor de la transparencia”.
La transparencia en el gobierno es una exigencia fundamental para su buen funcionamiento porque requiere un mejor comportamiento ético, evitando así que se generen y se promuevan las prácticas corruptas que existen en sus instituciones públicas.
La Ética Pública no sólo es un instrumento para detener los comportamientos indecorosos que afectan directamente el buen funcionamiento de la administración pública, sino también y para combatir los malos gobiernos.
La ética de la función pública apunta al buen comportamiento en el servicio a la ciudadanía, es además un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder público y un factor vital para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración pública y sus instituciones.
La ética pública “define lo que está bien y mal calificado por la sociedad y lo que constituye un patrón moral básico en el comportamiento del servidor público que se manifiesta en sus actos hacia una cultura de ética y transparencia”.
En virtud de los deberes éticos, el servidor público de cualquier nivel desempeña una función de servicio, por lo que es necesario exigirle el estricto cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades así como el respeto a los derechos e intereses de los gobernados.
En este sentido, el comportamiento del servidor público tiene que ser moldeado, formado y evaluado para sea ético siempre. No es algo que él puede manejar a discreción o medaganariamente. “Se relaciona con la integridad, honestidad, transparencia, capacidad y la idoneidad. Es parte del capital social de un país y condición indispensable para mejorar la calidad de los servicios que ofrece el gobierno y para combatir la corrupción”. .
En el marco de la Etica Pública, los cargos públicos deben ser ocupados por las personas más capaces, por aquellas que son leales a la Constitución política y que tengan un gran sentido de justicia, de la transparencia, del servicio, de la rendición de cuentas y de la honestidad, y no otorgados por favoritismos clientelistas que legitiman la irresponsabilidad de los ineptos.
Y no hablamos de una ética pública para extraterrestres. Aquí hay historias reales de honestidad, transparencia y capacidad en los puestos públicos. Los nombres de Jorge Martínez Lavandier, Miguel Cocco, Danilo Noboa Herasme, José Alejandro Vargas, Yeni Berenice Reynoso y César Mella encabezan la lista a esa estirpe de funcionarios que con su trayectoria demuestran que la ética pública no ha muerto.