José Alejandro Vargas (un juez que no es “de los del número”) muestra claramente lo sustancial: que no hay un caso judicial, pues nadie se ha querellado contra Odebrecht. Ni la Presidencia de la República, ni la CDEEE, ni ningún particular. Por tanto, no hay nada qué conciliar, como ha “conciliado” el Procurador, y ni siquiera un caso en qué mediar, como sería su deber, pues no hay querellante ni demandado. Por tanto, el acuerdo Procuraduría-Odebrecht es absolutamente ilegal, pues Jean Alain (que en realidad no ha investigado nada) no representa una parte perjudicada que se haya querellado. Y, por tanto… (¡Qué tollo!).