La irrupción de la religión en el ámbito de la política, es generalmente para imponer sus cánones al Estado para que este se los imponga a la sociedad toda, sin importar el derecho de cada quien a aceptar o rechazar total o parcialmente esos mandatos. Cuando la religión sale de su ámbito, que es y debe ser privado, tiende a arrojarse el derecho de regir la esfera de lo público con nefastas consecuencias, porque no sólo destruye los cimientos de la sana convivencia de la pluralidad de actores sociales, sino porque niega el principio del respeto a la diversidad colectiva y/o personal. Es lo que está en juego en esta absurdamente larga discusión sobre las tres causales, y que aparentemente no entienden la generalidad de unos legisladores temerosos de asumir su responsabilidad.
Resulta una antigualla, una suerte de decrepitud de un sistema político que es incapaz de dotarse de un Código Procesal como demandan los tiempos, debido a razones esencialmente de fe, una cuestión que es fundamentalmente de carácter privado, no vinculante a lo público. La cuestión se hace más absurda, porque a pesar del factor fe, más de dos de cada tres dominicanos, creyentes y no creyentes, están de acuerdo en que se apruebe ese nuevo código con las tres causales como condición civilmente pactada para practicar un aborto. En ese tenor, cabe preguntarse las razones que determinan que líderes religiosos de tan diferentes matrices coinciden en una absurda cruzada para impedir que nuestro país se dote de un Código Procesal esencialmente cónsono con estos tiempos.
En el caso de poderosos sectores de la Iglesia Católica, su oposición a las tres causales quizás podría explicarse, entre otras razones, para no dejarle todo el campo al fundamentalismo de algunos líderes protestantes. Es notorio el espectacular crecimiento del cristianismo en las últimas décadas, sobre todo en regiones como América Latina y África, pero ese incremento sólo engrosa, sostenidamente, la feligresía de las diversas congregaciones evangélicas, mientras gran parte de la grey católica abandona el culto en sus templos, muchos sacerdotes renuncian a su ministerio, se reduce el número de jóvenes que buscan su ordenación de sacerdotes en los seminarios y las monjas dejan sus conventos. Esa circunstancia, sume la Iglesia en una profunda crisis de crecimiento y posiblemente de fe.
En ese sentido, no es asumiendo el fundamentalismo de algunos líderes evangélicos como la Iglesia católica puede superar su crisis, tampoco enrocándose en su ancestral conservadurismo, sino asumiendo la voluntad de importantes sectores de su feligresía, de base y de otras esferas, que escuchan y apoyan el reclamo de la mayoría de la población que entienden el carácter justo y práctico de las tres causales para regular una circunstancia no siempre deseada. Que es compleja y que no se zanja en una discusión sobre cuándo nace la Vida. Un tema que produce serios dilemas ético/morales de la cultura cristiana, que también son parte de los valores de quienes no profesamos esa fe. Que amamos la vida, tanto que en ocasiones la hemos ofrendado por el prójimo.
En las discusiones sobre el tema del aborto, una parte ha cedido hasta donde no poder más, ha argumentado sobre la base de criterios científicos, sociales y hasta de simple sentido común, la otra parte ha insistido en cuestiones que, en su momento ni ahora, sus más venerados y venerables exponentes se han puesto de acuerdo sobre qué es y cuándo comienza lo que conceptualmente llamamos Vida humana. Apelando a una particular interpretación/discusión, algunos argumentan la conveniencia de separar las tres causales del Código Penal para lograr la aprobación del mismo. ¿Cuál es la garantía que ese tema, sobre el que nunca ha habido acuerdo, sea excluido de otra discusión por quienes del mismo han hecho una bandera? Ninguna, obviamente.
“La Iglesia no satisface expectativas, celebra misterios”, decía el cardenal Carlo María Martini, en su diálogo con Umberto Eco. En ninguna parte ni sobre ningún tema, son sostenibles los argumentos que se basan en misterios/fe, máxime cuando el tema es de carácter esencialmente público, como el que nos ocupa. De aceptarse el sin sentido de aprobar el Código sin las tres causales se mantendría el país en la lastimosa compañía de los únicos cuatro países que en este mundo mantienen la penalización del aborto. Un anacronismo que no se corresponde con los deseos de cambios en esta sociedad, ni con el deseo de ser un país moderno, con todo lo que esto significa en términos político, geográfico y económico.
En definitiva, se ha cedido bastante, se ha sido generoso para arribar al consenso posible, la mayoría así lo ha expresado y buscar un acuerdo para separar las tres causales del Código Procesal, además de inconducente, es desoír ese reclamo. Toca a los legisladores asumir su responsabilidad, aprobando esa pieza que recoge la voluntad del soberano, la de esa mayoría que los eligió. Es lo que se estila en un país que se llame democrático.