Supongo que los amigos del Partido Revolucionario Moderno deben estar reconociendo, aunque sea para sus adentros, que fue un error llevar al plano de la política el asunto del permiso de explotación de la mina de piedra caliza en Hatillo por la empresa Cemento Santo Domingo, entre cuyos accionistas se encuentra el Lic. Luis Abinader.
Y digo que un error debido a que, si bien tal discusión podría generarle al PRM efectos positivos frente al electorado, también conlleva el riesgo de que al final termine siendo al revés. Por un lado, tiene políticamente la virtud de transmitir la imagen de que el gobierno está utilizando las regulaciones ambientales como arma política. Obviamente, utilizar cualquier instrumento de las políticas públicas para favorecer o perjudicar candidaturas es siempre algo censurable.
Ahora bien, en sentido inverso podría dar la impresión de que la empresa cementera quiere llevar a cabo una explotación minera en un parque nacional y con ello despertar la animadversión de los ciudadanos preocupados por el tema ambiental, grupo afortunadamente cada vez más amplio y militante.
Trasladado el tema al ámbito de la discusión política, cada parte tratará de explotar el lado que más le convenga y, al final, no está claro que le reporte ganancias electorales al PRM. Ahora bien, la intención de este artículo no es entrar en conjeturas sobre el efecto político de la decisión, sino expresar mi punto de vista de lo que efectivamente se trata.
Habría que conocer muy poco al Dr. Antonio Isa Conde para pensar que se prestaría a tomar una decisión de Estado de tal envergadura por mera politiquería. El Ministerio de Energía y Minas entiende que el área solicitada en explotación mutilaría el parque Francisco Alberto Caamaño Deñó, y que eso contravendría las leyes e instituciones establecidas para preservar las áreas protegidas. Si ha tomado tal decisión es porque está convencido de que eso es lo que manda la ley y lo que le corresponde por la función que desempeña.
Tratándose de un asunto propio de la operación de una empresa privada, de la aplicación de las leyes relativas a la preservación de los suelos, y de cumplimiento de las atribuciones del ministerio que el Dr. Isa Conde dirige, no debió derivar en un escándalo público vinculado a la campaña electoral.
Es fundamental que todas las decisiones de política pública, tanto en materia presupuestaria, impositiva, cambiaria, crediticia, de regulaciones y de uso de la fuerza represiva del Estado, sean tomadas desprovistas de cualquier motivación política partidaria. Mucha gente en este país ha luchado y se ha sacrificado para que así sea, incluyendo al Dr. Isa Conde. Pero también es fundamental que todas las empresas funcionen y prosperen respetando las reglas establecidas y cumpliendo sus compromisos sociales y ambientales, independientemente del tipo de empresa y de los nombres o filiación partidaria de sus propietarios. Una y otra cosa son condiciones básicas para la seguridad jurídica y el clima de inversiones que demanda un desenvolvimiento económico razonable.
Habría que conocer muy poco de la trayectoria personal de Tony Isa, desde sus tiempos de militante revolucionario, como profesional, como dirigente empresarial, como Coordinador de Participación Ciudadana y posteriormente como funcionario público, para creer que se prestaría a usar su investidura pública para una bellaquería política. Y también habría que conocerlo muy poco para pensar que, convencido de lo correcto de su decisión, una vez adoptada la misma va a dar marcha atrás por las presiones que reciba, independientemente de donde vengan.