En nuestro trópico insular solemos quedarnos en lo puramente anecdótico. Creemos que con una buena historia ilustrativa, o dos, o tres, cumplimos con el rigor de la prueba científica. Y para muchos, mejor dicho, para casi todos los dominicanos, lo anecdótico es suficiente para sustentar verdades cristalinas- las propias- que no pueden ser rebatidas. Así debatimos en el plano local, con frecuencia salpimentando nuestra argumentación anecdótica con algunos vituperios para mayor efecto de nuestros embates, en un eterno diálogo de sordos.
Evidentemente nuestros métodos de argumentación no son universalmente aceptados allende nuestras fronteras. Pues la comunidad internacional es muy exigente y requiere de pruebas concluyentes para aceptar nuestras verdades, sobre todo en lo atinente a los derechos fundamentales. Si queremos convencer con nuestros argumentos, tenemos que superar lo anecdótico.
Podemos ilustrar hasta la saciedad las bondades de nuestras intenciones con historias de miles de inmigrantes haitianos favorecidos por el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en República Dominicana (PNRE), con vistosos videos de testimonios personales, sin lograr el presumible objetivo de convencer a la comunidad internacional- por esa vía, al menos- de las bondades del proceso de regularización y repatriación. Y no es que se cuestione la veracidad de las historias de éxitos, sino que no estamos aportando pruebas contundentes con los casos anecdóticos, por muchos y buenos que se difundan en costosas campañas mediáticas. En la arena de la opinión pública internacional, un solo video casero entrevistando a un inmigrante- supuestamente vejado por nuestra milicia en el proceso de auto repatriación- derriba como castillo de naipes la muralla de nuestra defensa como país magnánimo, aunque fuera hábilmente edificada por profesionales creadores de imagen. Se nos hace cuesta arriba aceptar que la espontánea solidaridad dominicana en respuesta a la tragedia del terremoto de enero 2010 no nos exime del compromiso de respetar los derechos fundamentales de todas las personas bajo el amparo del Estado dominicano, sin importar su origen ni su condición migratoria. Como tampoco nuestra generosidad manifestada atendiendo en hospitales y escuelas las necesidades básicas de los haitianos indocumentados compensa la vida malograda de un solo dominicano de ascendencia haitiana por haberle negado sus documentos de identificación durante un prolongado periodo de tiempo. Perdemos nuestro tiempo cuantificando y divulgando los millones que nos cuestan los inmigrantes indocumentados, pues no nos cuestionan por ser tacaños. Lo que tenemos que probar es que todos los habitantes de nuestro país disfrutan de sus derechos fundamentales, sin discriminación. Por lo menos así lo ven los defensores de los derechos humanos, que son mayoría preponderante en los países de alto desarrollo humano. Son esas mismas naciones nuestros principales socios comerciales y emisores de los turistas que nos visitan.
Mucho más onerosa aun es la carga de la prueba cuando proclamamos al mundo con gallardía que en República Dominicana nadie ha perdido su nacionalidad dominicana, y que no existe un solo apátrida. Sobre todo tomando en cuenta los antecedentes documentados de las últimas dos décadas, que evidencian el empeño persistente de un grupo- con fuerte incidencia en el Estado- de negar la nacionalidad dominicana a los hijos de inmigrantes haitianos. Ese grupo obtuvo en el plano doméstico una serie de victorias resonantes en su lucha por frenar la creciente población de origen haitiano con ciudadanía dominicana, culminando con la Sentencia TC 168/13, que dio visos de irreversibilidad a las medidas administrativas, legislativas y judiciales que habían privado durante años a muchos miles de hijos de haitianos del disfrute de sus derechos ciudadanos. La sociedad dominicana- con excepcionales voces disidentes que nos honran- aceptó como bueno y válido ese monstruoso veredicto trastornador de miles de vidas inocentes, ante la mirada atónita de la comunidad internacional. Y nuestros críticos obran precisamente a sabiendas de que eso de que no hay apátridas tiene un doble sentido en República Dominicana: para algunos bien intencionados significa que estamos reconociendo la nacionalidad dominicana a todos los hijos de haitianos nacidos en el país; pero para otros (y ellos afirman que son mayoría y defienden la soberanía dominicana, y nosotros sabemos que por lo menos ostentan mucho poder), significa que como son haitianos por ius sanguinis, no pueden ser apátridas. Según fue explayado por la prensa nacional hace menos de una semana, en ese preciso sentido último se expresó de nuevo el Dr. Leonel Fernández, no solo ex presidente de la República y actual presidente del partido de gobierno, sino para algunos también candidato idóneo para ser designado defensor oficial de las políticas migratorias y de nacionalidad en el exterior. O sea, que lo de los apátridas no es un debate superado a lo interno, pero pretendemos proyectar lo contrario al exterior en la era de la aldea global.*
En un desesperado esfuerzo de última hora por limpiar nuestra reputación manchada de país generador de apátridas, (y defendernos de las palabras hirientes de Di Blasio y Junot Díaz entre otros, en fecha 26 de junio 2015 – cinco días después de las declaraciones del Alcalde de New York), la Junta Central Electoral apresuradamente publica un enigmático listado de los agraciados con la restitución de la nacionalidad mediante un engorroso procedimiento burocrático. Entre las curiosidades de esta publicación de “55,000 nombres”, que actualmente es estudiada bajo lupa por diversas organizaciones de derechos humanos, es que se publica en orden alfabético, pero por nombre de pila, no por apellido. Quizás así, porque sorpresivamente tenemos cientos (no los hemos contado) de ciudadanos con un solo nombre, y sin apellidos. El primer ciudadano de un solo nombre sin apellido en la lista es “Abel” de La Romana, registrado en 1953, pero también “Adán” de La Romana figura en la segunda columna de nombres. También están en la primera página de las 184 publicadas, Abelardo/Distrito Nacional/registro # 001-03-1941-47501022, y Abigail/Santiago de los Caballeros / registro #031-03-1993-5-00405, entre muchos otros. Esperanzas hay cuatro, sin apellidos, incluyendo una registrada en el municipio de Esperanza. Josés sin apellido hay 19, y expedientes con el solo nombre de Juan hay 17 en la lista. Y así por el estilo. Por suerte este fenómeno de personas con un solo nombre de pila y sin apellidos no fue óbice para la promesa de restitución de la ciudadanía a estos afortunados hijos de inmigrantes, según la publicación de marras. Lo que no se explica es por qué la Junta Central Electoral pasa por alto esta anomalía sin una nota explicativa de la curiosa costumbre haitiana de solo consignar el nombre sin apellido.**
Pero quedan serias dudas sobre la calidad del trabajo realizado por la Junta Central Electoral, a pesar del tiempo y los recursos presumiblemente empleados en el proceso de depuración de los inscritos “irregularmente”. Esto nos lleva a lo que nuestros interlocutores extranjeros de seguro preguntarán, que es, ¿Cuántos faltan en la lista? La comisión de la OEA tuvo el chance de escuchar el sábado pasado de boca de Jameson Meriluz Esterlin que él y sus 10 hermanos nacieron en Barahona y nunca han residido en Haití. Ellos no han podido obtener sus documentos de identificación como dominicanos a pesar de todos sus esfuerzos, y de hecho Jameson Meriluz Esterlin no figura en el listado de la JCE. Le dicen que él es haitiano y que lo inscribieron en el libro de extranjería. No es apátrida porque la JCE lo ha declarado haitiano y solo tiene que ir a Haití a procurar sus documentos haitianos, y entonces regresar a regularizar su condición migratoria. Así de fácil se la pusieron, a pesar de la Ley 169/14.***
Negar la existencia en República Dominicana de hijos de haitianos que no han podido obtener sus documentos de identificación como dominicanos no es la solución para acallar a los defensores de los derechos humanos de aquí y de allá, por mucho que gastemos en costosas campañas de imagen en el país y en el exterior. Poner ejemplos de los que han sido rescatados de la apatridia, pretendiendo con eso despejar las dudas sobre los que siguen sin sus documentos- y por tanto sin poder ejercer sus derechos ciudadanos- simplemente no tiene sentido. Mucho más creíble sería admitir nuestros pecados (del pasado) y abocarnos decididamente a enmendar nuestras acciones desde este momento, invitando a la comunidad internacional a constatar que no tenemos nada que esconder, y que entendemos la responsabilidad del Estado dominicano de documentar a todos los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en su territorio como dominicanos. Si nos organizamos en este sentido, lo podemos hacer en un tiempo razonablemente breve, pero para eso se requiere la decidida voluntad de hacerlo. Entonces sí podremos neutralizar las voces críticas que decimos se apandillan contra nosotros, con una respuesta concluyente y contundente.
*” De igual manera, Fernández volvió a negar que en el país vivan personas en condición de apátridas, tras recordar que la Constitución haitiana establece expresamente que todos los hijos de haitianos son haitianos.” http://www.elcaribe.com.do/2015/07/10/leonel-afirma-esta-siendo-agredida-base-mentiras-mitos-falacias
**Mientras esperamos los análisis de las ONG pro derechos humanos, sugerimos al lector que escudriñe por su propia cuenta el curioso listado en el enlace: http://beta.jce.gob.do/web/pdf/AuditoriaRC_Autorizados_Transcritos.pdf
Hay expedientes repetidos pero con dos fechas de registro diferentes como el de Abel Paul Yudo de San Rafael del Yuma, con doble registro (misma numeración) en 1974 y 1990 (085-01-1974-86-00086 y 085-01-1990-86-00086).
Pero también está el insólito caso de Algentina Beltran Filmina de Guaymate, registrada de nuevo como Algentina Beltran Filomena con el mismo numero de registro 103-01-1969-73-00073.
Y el caso Alicia Fredy Jean, registrado dos veces en 1994, una vez en Guaymate y otra en Ramón Santana con registros #s: 103-01-1994-109-00109 y 030-01-1994-109-00109, respectivamente.
Ejemplo de expediente simplemente repetido de manera idéntica: Alma Yan Jambeatis/Higuey/028-01-1985-22-00622.
*“Tal como lo ha señalado el doctor, nací aquí en la República Dominicana, en Barahona y la Junta Central me ha entregado mis actas, pero cuando solicito para la cédula no me la quieren entregar porque dicen que me registraron supuestamente en un libro de extranjería y que yo tengo que ir a Haití a sacar mis documentos de allá y venir acá y someterme a los procesos de migración”, explicó el joven de 23 años de edad, quien dijo que nunca ha visitado a Haití. Se quejó de que pese a que hace seis años terminó sus estudios del nivel secundario no ha podido trabajar, ni inscribirse en la universidad por la falta de documentos. http://www.listindiario.com/la-republica/2015/07/12/379984/la-misin-de-la-oea-concluye-jornada-en-rd