El llamado a la cumbre del liderazgo político y social para acordar reformas claves en nuestro sistema político, independientemente de sus resultados, constituye una oportunidad para plantear en un escenario abierto temas que se discuten en escenarios relativamente cerrados, tanto en instituciones del Estado como en la academia y en diversos foros.
Es el caso de los temas del espacio urbano y del territorio, de los cuales se debate sobre su significado, funciones, cómo se producen y quién o quiénes están o no investidos de autoridad para intervenir en su necesaria regulación. Estas cuestiones son clave para la institucionalización del país y de alguna forma podrían integrarse al debate de las reformas planteadas por el presidente Abinader.
Entre esas discusiones, sobresalen los temas del ordenamiento territorial, de los contenidos de una nueva ley sobre el régimen local y de las competencias que, basado en ésta, de una u otra manera tendrían determinadas instituciones del Estado; además de diversas cuestiones relativas a la movilidad urbana e interurbana.
Indiscutiblemente que, en esas discusiones salen a flote nuestros alcances y limitaciones del conocimiento que tenemos en torno a esas cuestiones. De igual manera, se evidencias importantes equívocos, reales y aparentes, para esconder/justificar la voracidad de quienes del espacio y el territorio han hecho una invaluable fuente de acumulación originaria de capital y/o de poder político.
A partir de los años 90, el capital extranjero y nacional han entendido que más que la producción de bienes y servicios, es el territorio la mayor fuente de riqueza. En ese sentido, asumiendo el aforismo: “el tiempo es oro”; demanda al Estado grandes inversiones en la construcción de infraestructuras: carreteras (grandes y pequeñas), puentes, variados sistemas de comunicación para, través del tiempo, acortar las distancias espaciales y maximizar la explotación de la diversidad de atributos de los territorios. Hoy día, existen grandes empresas o grupos que disponen de mayores recursos económicos que cualquier provincia, región o incluso que estados/nación. Su poder lo entienden ilimitado, no sujeto a principios o leyes de autoridad alguna, la ley la quieren hacer ellos.
Esto plantea el tema de la soberanía nacional sobre los espacios de vocación minera, turística, agrícola, etc. y del papel de los municipios, en tanto principales gestores del territorio, en el diseño de una ley de ordenamiento de las actividades productivas, de sus vocaciones y los costes sociales de las externalidades derivadas de esas actividades. De ese papel, dependerá la eficiencia y sostenibilidad de esa ley y del impacto de cualquier reglamentación tendente a aprovechar la vocación de un espacio. Por consiguiente, resulta imperativo abocarnos a una profunda reforma política, ideal y moral del poder local en nuestro país. Sin ella, cualquier proyecto de institucionalización y de desarrollo nacional resultará insostenible.
Como nación, no podemos substraernos de la “competitividad interterritorial de la economía mundial” Cicolella que se apropia y explota territorios en desmedro de los derechos de comunidad. Que especializa enteras regiones en actividades económicas basadas en la oferta de servicios, de minería o portuaria que producen grandes riquezas a sus inversores, sin que esta se traduzca en incremento del nivel de desarrollo humano de su población. Tampoco podemos ser indiferentes ante procesos de conurbación, como el que se produce en el triángulo Santiago-Moca-La Vega, que crece más rápidamente y con más daños que el producido en el Gran Santo Domingo, y con un impacto más negativo sobre el territorio nacional, porque se engulle gran cantidad tierras de vocación agrícola.
Los países que han logrado apreciables niveles de institucionalización, de inclusión social y de aceptables niveles de cohesión social y territorial son aquellos que se han dotado de un instrumento legal regulatorio del régimen local que garantiza la efectiva independencia del municipio frente instancias de poder de carácter central o regional. Esa es una tarea pendiente del liderazgo político y social dominicano, la cual debe ser acometida sin más dilación, con sentido de responsabilidad y generosidad. Las leyes, los acuerdos y las reglamentaciones no son varitas mágicas que resuelven las urgencias de las colectividades de una determinada sociedad, pero son útiles instrumentos para insertarse en la lucha contra la voracidad de los poderosos y/o la lenidad de determinados gobiernos.
Es esta otra lectura sobre el llamado a la discusión de diversos proyectos de reformas para la institucionalización del país, al tiempo de plantear estos temas que entiendo cardinales para cambiar este país.